Leyes chavistas atan de manos al sector construcción e impiden construir más viviendas
Las leyes de Arrendamientos Inmobiliarios, de Protección al Deudor Hipotecario y Contra la Estafa Inmobiliaria restringen las capacidades del sector construcción, particularmente en lo que a rentabilidad se refiere, por lo que no hay incentivos suficientes para invertir
El sector de la construcción es uno de los más perjudicados por la caída sostenida de la economía desde 2013 y ha acumulado años de paralización casi absoluta en muchas de sus actividades, pero la barrera más importante que afrontan es un marco legal que restringe la mayoría de sus operaciones y la rentabilidad del sector inmobiliario.
Así lo explicó en una entrevista para Circuito Éxitos el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri Mijares, al destacar que, sin la posibilidad de solicitar créditos bancarios, será muy difícil construir nuevas viviendas.
Resaltó que instrumentos como la Ley de Protección al Deudor Hipotecario impiden que se otorguen créditos hipotecarios, mientras que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria restringe la preventa de viviendas y la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios tiene condiciones que alejan a posibles interesados en arrendar sus viviendas desocupadas.
Bajo este contexto, construir no es rentable en Venezuela, ya que se le puede extraer poco rédito a edificaciones que requieren una cantidad enorme de inversión. Este es el principal factor por el cual la construcción de viviendas está prácticamente paralizada.
Por esta razón, Madureri asoma que el sector intenta negociar con las autoridades gubernamentales una o varias reformas que adecúen estos textos legales a la realidad actual del país.
«Tenemos mucho por hacer. Estamos enfocados en incentivar varias líneas, empezando por el marco legal, que nos está afectando. Trabajamos con el Motor Construcción y con ministerios para adaptar eso a la realidad», destacó.
El sector de la construcción se siente en capacidad de ayudar a solucionar varios de los problemas que presenta el país en materia de servicios públicos, con proyectos que podrían recuperar porciones importantes de la capacidad de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional y el sistema de aguas del país.
«Tenemos un plan de mantenimiento para la recuperación de la electricidad, el agua, el transporte superficial y la salud. Son obras prioritarias de poca inversión que, en un plazo de tres años, pueden recuperar un 30% de la capacidad instalada en el sistema eléctrico para llevarlo al 60% o mejorar el 15% en el que está operando el sistema de aguas. Debería ser prioritario invertir en esos sectores», destacó.
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Con respecto a las obras que pueden verse con facilidad al recorrer las principales ciudades del país —las cuales dan la impresión de que el sector se recupera—, aclara que se trata de grandes corporaciones principalmente del área comercial, que van de la mano con la recuperación que ha experimentado este sector específico en los últimos años tras la liberación del dólar y el levantamiento de las políticas regulatorias del chavismo.
«Lo que se está construyendo, se vende y se activa es el comercio. Hay muchísimo movimiento en construcción, pero pertenece a grandes proyectos, a centros de distribución, farmacias grandes o bodegones», subrayó.
También recordó que la mayor parte del sector está en manos del Estado, ya que el Gobierno Central desarrolla un 90% de las obras del país, mientras que casi todos los proveedores de la industria son empresas estatales, e incluso los grandes clientes que requieren proyectos petroleros, de vialidad o servicios.
Cámara Inmobiliaria pide reformar leyes
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) coincide con la radiografía hecha por Madureri y se enfoca en el instrumento que más los afecta: la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Según el presidente de la cámara, Roberto Orta Martínez, es fundamental incrementar la seguridad jurídica al crear un marco legal que fomente el alquiler de las viviendas desocupadas, lo que incrementaría la oferta e impulsaría incluso una reducción de los precios de arrendamiento.
«Hace falta la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para que se genere una oferta masiva. Como sabemos, hay muchos apartamentos desocupados pertenecientes a gente que se fue al exterior, que podrían ser alquilados», reflexionó.
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El objetivo de esta propuesta es que estas viviendas desocupadas puedan ser alquiladas sin que el propietario tema que el arrendatario tendrá la oportunidad de despojarlo de su propiedad bajo ningún concepto. De esta manera, alquilarían sus propiedades con confianza.
Esta sería una solución idónea para solventar las necesidades inmobiliarias en el país, al menos mientras se reactivan los créditos bancarios que faciliten a los ciudadanos la compra de viviendas con préstamos que sean pagados a largo plazo.
