Lista de expulsados del Ejército se engrosa con deserciones de otros componentes
«Todos estos oficiales son desertores y no hay ni uno que no esté por fuera. Eso es una lista chiquita. Cada componente bota su lista. Sí hablamos del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional (GN), se calculan al menos 1.000 oficiales que han desertado sin meter a la tropa profesional«, expresa un coronel del Ejército que solicitó reservar su nombre.
El oficial añade que en algún momento las resoluciones ilegales dejarán de tener efecto, y enfatiza que los Consejo de Investigación se hacen sin el debido proceso.
Un capitán del Ejército contó que la resolución de su baja salió en marzo 2019, también en una lista de más de 300 oficiales, y que su cuenta bancaria fue bloqueada, por lo cual no pudo recibir el fidecomiso ni tampoco acceder a la caja de ahorros.
En ese sentido, el militar enfatiza que «además del procedimiento viciado hay una apropiación indebida de recursos, del dinero que teníamos en el Banco de la Fuerza Armada Nacional (FAN), quedamos sin derecho a nada y, además, reportados al Sistema de Información Policial (SIPOL)». Argumenta que la mayoría abandona las unidades por disentir de las líneas políticas que se asumen.
Se conoció que la mayoría de los oficiales expulsados en el Ejército la tercera semana de julio de 2020 a través de los Consejos de Investigación, se encuentran en diferentes países de América del Sur y se les inició el procedimiento administrativo tras abandonar el servicio profesional. La resolución fue firmada por el comandante del componente, mayor general Domingo Hernández Lares.
Muchos de ellos no retornaron a sus funciones en enero de 2020 tras los permisos navideños. Generalmente, este tipo de resoluciones se dictan en tres momentos del año: en enero, en julio, y en diciembre.
Deserciones y decisión presidencial
«Una de las funciones del Consejo de Investigación es decidir si una infracción es falta o delito. Pero, el Consejo de Investigación no da de baja solo opina la acción disciplinaria. Es el Presidente, por resolución ministerial, quien procede a dar la baja», indica el general retirado Enrique Prieto Silva, conductor de la cátedra de Derecho y Justicia Militar en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El general añade que «el problema está para los que no tienen el tiempo mínimo de servicio cumplido que pasan a retiro sin pensión». Las pensiones en la FAN pueden percibirse a partir de los 15 años de servicio.
Prieto Silva indica que las solicitudes de bajas en el Ejército y en el resto de la FAN han crecido. «Todo es irregular por las reformas legales que son irregulares y sin sentido. Muchas de ellas, son inconstitucionales», ataja.
En 2018, el Frente Institucional Militar (FIM) calculó que se producían en promedio 25 solicitudes de baja por componente, aunque en algunos con más incidencia que en otros. Muchos oficiales optan por desertar ante las constantes negativas a sus peticiones de separarse de la organización castrense.
Otro aspecto, relatan fuentes de la FAN, es que en los últimos años en las entrevistas para ascensos, una de las preguntas a los oficiales es si tienen previsto irse del país.
En ese sentido, un oficial de la Armada cree que las resoluciones masivas tienen algo de escarmiento con el objetivo de ser ejemplarizantes. El contralmirante, que pidió resguardar su nombre, enfatiza al igual que Prieto Silva, lo irregular de las recientes resoluciones de baja.
«Luego del Consejo de Investigación, se presentan varias alternativas o recomendaciones para tomar la decisión que corresponde al Presidente, una de ellas es la separación del componente. El que decide es el Comandante en Jefe», indica.
El artículo 17, parágrafo 10, del Reglamentos de los Consejos de Investigación, indica que dentro de sus funciones, el Consejo «debe preparar la recomendación que será presentada a la autoridad correspondiente para la toma de decisión».
Infracciones en la FAN
El abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez, quien ha ejercido la defensa de varios militares, señala que «la finalidad del Consejo de Investigación es determinar la existencia de una posible infracción disciplinaria, la cual puede traer cómo consecuencia la imposición de una sanción que puede generar la baja del militar».
Enfatiza que, uando en el proceso disciplinario se imputan delitos, «lo correcto sería suspender al investigado en forma preventiva y esperar la sentencia judicial, para garantizar su derecho a presunción de inocencia», y agrega que el Ministro de la Defensa tiene la potestad de firmar las resoluciones.
En mayo de 2019, 221 militares de la Armada fueron pasados a Consejos de Investigación tras incumplir el artículo 37, numeral 52, de la Ley de Disciplina Militar. Esta norma califica como falta grave “la permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar, donde preste servicio”. El cartel de notificación no especifica el hecho concreto donde actuaron estos oficiales.
Desertores no paran
En la Ley Constitucional de la FAN aprobada por la constituyente en enero de 2020, se indica que «los Consejos de Investigación son cuerpos colegiados destinados a la calificación de las infracciones en que incurre el personal de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional, previa consideración de los hechos y sus circunstancias. Hasta el grado de coronel o capitán de navío serán competencia de los comandantes generales».
La resolución del comandante general del Ejército, de julio de 2020, recayó sobre el coronel José Alberto García Cárdenas, los tenientes coroneles José Luis Payema, Juan Antonio Hurtado Campos. y César Ramón Matos Sucre. La lista sigue con los mayores Mary Yelitza Ramírez Urbina, Richard Leonardo Luengo Valbuena, Eduardo Antonio Galué Segovia; Edward Alejandro Salón Brito, Jorge Enrique García Rojas, y José Gregorio Basantes Márquez.
Sin embargo, el grueso de los expulsados del Ejército en julio de 2020, son primeros tenientes y tenientes.
En mayo de 2019, se conoció que el mayor José Gregorio Basante Márquez, comandante del Escuadrón de Caballería Motorizada 5102, conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén (Bolívar) huyó hacia Brasil acompañado por su familia.
