Lo que pasaría de ser aceptada el recurso de destitución de magistrados de la Fiscal
Autor: Miguel Teixeira
Este lunes 12 de junio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo un recurso a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que pide anular la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes.
La razón de esto es la presunta falta de legalidad en los procesos que conllevaron a la elección de estos magistrados los cuales fueron electos de manera “exprés” por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, antes de que se instaurara el presenta Parlamento. Además, alega que ella no firmó la designación de los magistrados que debía por ser parte dl Consejo Moral Republicano (CMR).
Ante este recurso, el abogado Juan Carlos Apitz, integrante del Bloque Constitucional de Venezuela, asegura que se trata de un escenario novedoso, puesto que de admitirse, se debería iniciar un proceso de pruebas e investigaciones a manos de los magistrados pero al ser estos recusados, así como sus suplentes, nace una nueva duda. Lo peculiar de la situación hace difícil designar si es la Sala misma o el Parlamento el que debe asignar a los magistrados encargados de llevar a cabo la investigación en la Sala Político Administrativa.
Esto retrasaría el, ya de por sí, largo proceso, que según Apitz tardaría por lo menos un año en resolverse. Una vez culminado el proceso y de ser reconocido como procedente la destitución de los magistrados, la Asamblea Nacional tendría que iniciar de cero el proceso de postulación y designación de nuevos magistrados.
Apitz, en relación a lo complicado de la situación actual, recuerda que en enero de 2016 los integrantes del Bloque Constitucional de Venezuela e reunieron con la AN y se le fue entregado un pliego con las denuncias de todas las faltas de procedimiento debido a la consignación de los Jueces del TSJ. A raíz de esto, el presidente del Parlamento en ese momento, Henry Ramos Allup, se creó una comisión para investigar el caso y se confirmó, no solo el incumplimiento de los parámetros legales para la designación sino además la falta de requerimientos de los magistrados para ser electos al cargo.
“De haberlo hecho al tiempo en enero de 2016 nos hubiéramos evitado el dolor de cabeza que hemos sufrido con las sentencias de la Sala Constitucional y Electoral” asevera y recuerda que dos de los magistrados que decidieron la nulidad del recurso anterior de la Fiscal fueron dos de los electos en el proceso “exprés” del 2015.
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