Los desequilibrios de poder en la salud global, por Belén Herrero y Pía Riggirozzi
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América Latina representa el 8% de la población mundial, concentra a uno de cada cinco de los contagios y alrededor de un tercio de los fallecidos por covid-19 a nivel mundial. La mitad de estos casos se produjeron en Brasil, el tercer país con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos e India, y el segundo país con más fallecidos del planeta. Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay también engrosan las filas de los países con las mayores tasas de mortalidad del mundo. Sin embargo, solo el 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido completamente vacunada contra el coronavirus.
Lejos de producirse una distribución equitativa de las vacunas, las pocas disponibles fueron acaparadas por unos pocos países.
De hecho, antes de la llegada efectiva de las vacunas, los países más ricos ya habían realizado compras anticipadas para asegurarse incluso más vacunas de las necesarias. Mientras Latinoamérica accedió por contrato, a vacunas para cubrir solo a poco más de uno de cada diez habitantes y África a apenas dos, EE.UU. y los países de las Unión Europea se aseguraron dos vacunas por habitante, y Canadá más de cinco.
Ante esta situación, el Banco Mundial y el Fondo Covax de la OMS anunciaron el pasado 26 de junio una estrategia de financiación para la distribución mundial de vacunas a fin de acelerar las entregas de dosis a países en desarrollo.
Cabe preguntarse si estas estrategias pueden dar respuestas, mientras las vacunas siguen siendo un bien de mercado. Si hay algo que ha quedado claro, es que nadie estará a salvo hasta que el mundo entero esté a salvo, sobre todo ante la amenaza de las nuevas variantes de la enfermedad.
Un apartheid sanitario
Lo que sí ha quedado en evidencia es que la escasez de vacunas y su injusta distribución ha incrementado las inequidades y las desigualdades, promoviendo un apartheid sanitario. De hecho, al interior de América Latina, la región más desigual del mundo, también se observan grandes inequidades. Mientras que en Chile y Uruguay más del 70 % de la población ya ha recibido alguna dosis y en Argentina más del 50%, en Nicaragua menos del 4% y en Haití el 0,5%. En el global de la región, el ritmo es lento y la mayoría de los países depende de los vaivenes globales para recibir vacunas.
El acaparamiento exacerbado de vacunas por parte de los países ricos ha manifestado un nacionalismo inmunológico centrado en el interés nacional definido en términos de poder de producción y distribución. Esta dinámica redujo la disponibilidad de vacunas para los países del sur y socavó el multilateralismo, afectando la cooperación y la solidaridad global.
Ante esta situación, se lanzaron algunas iniciativas globales para ampliar el acceso a vacunas de los países en desarrollo como el mecanismo Covax. La expectativa era que 92 países de ingresos medios y bajos tuvieran el mismo acceso que los países ricos, independientemente de su capacidad de pago. Sin embargo, se estima que el Covax apenas podrá cumplir sus metas en un 20% el próximo junio.
Negociaciones individuales
Lejos de activar mecanismos de compras conjuntas, de negociaciones de precios o de lobby para mejorar las condiciones de acceso, lo que prevaleció en la región fueron acciones individuales y aisladas para acceder a vacunas. Se estableció una lógica divisoria donde a la capacidad de acaparar vacunas sin sanción internacional se sumó el poder de los términos de intercambio de las grandes farmacéuticas. Como resultado, los países latinoamericanos se quedaron sin margen de maniobra mientras que sus sociedades absorbieron los efectos de la inequidad.
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Además de las demoras y los incumplimientos de contratos, muchos fabricantes impusieron diferentes precios y condicionamientos.
El laboratorio Pfizer, por ejemplo, solicitó a ciertos países activos soberanos como garantía contra el costo de futuros casos legales, o la inclusión de cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación, como en el caso de Perú.
A pesar de esto, hubo una tibia respuesta para buscar intentar garantizar el acceso a vacunas. Una de las pocas iniciativas fue la impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que buscaba hacer público el conocimiento, la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias contra la covid-19. Si bien, el Repositorio Libre de Recursos Técnicos fue apoyado por 37 países, finalmente no prosperó.
Otro ejemplo ha sido la solicitud de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia. Unos 100 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han adherido —total o parcialmente— a la propuesta conjunta de India y Sudáfrica. En América latina, Argentina, Venezuela y Nicaragua expresaron pleno apoyo y acompañaron la iniciativa, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y El Salvador propusieron discutirla. Sin embargo, Brasil se ha posicionado detrás del grupo de países desarrollados.
Recientemente y frente a los sobrantes de vacunas en países desarrollados comenzaron las donaciones. En este escenario, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, pidió a los países del G7 priorizar América Latina.
Dejar a los países de la región a merced de donaciones, créditos o del financiamiento externo para poder acceder a las vacunas está muy lejos de un compromiso real y multilateral para superar las barreras estructurales al acceso a vacunas y patentes.
Desarrollo local: ¿podrá iluminar el cambio?
Por otro lado, los grandes laboratorios han otorgado licencias de producción a un pequeño número de empresas y han soslayado a compañías públicas y privadas de países en desarrollo. En este marco, Argentina, Brasil y México, los tres países con mayores capacidades de producción, han logrado cerrar acuerdos de transferencia de tecnología, a través de licencias de emergencia provistas por los laboratorios.
Cuba, por otro lado, ha sido el primer país de la región en contar con vacunas propias, mientras que Argentina, Brasil, México y Chile se han sumado a la búsqueda.
Aun así, la persistente dependencia tecnológica en materia de medicamentos biológicos y biotecnológicos atenta contra la tan urgente y necesaria política regional que ayude a coordinar una mayor capacidad de producción local y regional.
En este escenario, la fragmentación de la región y el distanciamiento político de los países impidió aunar esfuerzos y avanzar de manera conjunta en el apoyo de estas iniciativas para contribuir a posicionar a la región en el escenario global. No ha habido una coordinación regional, ni se ha generado ningún mecanismo de cooperación regional que permitiera revertir los desequilibrios de poder en la salud global. La región ha dejado pasar la oportunidad histórica de afrontar la pandemia de forma multilateral.
Belén Herrero es investigadora de CONICET e investigadora principal en el Área de Relaciones Internacionales FLACSO Argentina. Profesora en la Maestría de RRII de FLACSO, en el doctorado de la Fac. de C. Sociales (UBA). Doctora en C. Sociales por la UBA.
Pía Riggirozzi es profesora de Política Internacional de la Universidad de Southampton (Inglaterra). Doctora en Política y Relaciones Internacionales por la Univ. de Warwick. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami y FLACSO-Argentina.
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