Los enfrentamientos en Apure y la responsabilidad del régimen, por Nastassja Rojas
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En la madrugada del domingo 21 de marzo, los residentes de La Victoria, un municipio venezolano del estado Apure ubicado en la frontera con el departamento colombiano de Arauca, comenzaron a reportar en redes sociales explosiones, disparos y la presencia de helicópteros en la zona. Tras horas de enfrentamientos, el ministro de Defensa comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) actuaba en defensa de la nación.
Durante los primeros días de los enfrentamientos la información fue limitada. Días más tarde, el canciller del régimen bolivariano, Jorge Arreaza, declaró que se trataba de un ataque a la soberanía del país por parte de grupos armados irregulares protegidos por el Gobierno de Colombia. Y, finalmente, se identificó a los atacantes como grupos terroristas colombianos. Sin embargo, desde las primeras horas se presumía que se trataba de una confrontación entre fuerzas del Estado y un grupo disidente de las FARC.
Lo cierto es que en esta zona fronteriza conviven diferentes grupos armados y de crimen organizado que compiten por el territorio y el control del narcotráfico. Diferentes grupos disidentes de las FARC se encuentran desde hace tiempo en territorio venezolano con el beneplácito del régimen.
En ese marco, los enfrentamientos serían el resultado de las diferencias entre los acuerdos locales entre el Frente Décimo e integrantes del Ejército venezolano en la región y los acuerdos entre el régimen de Maduro con la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC, dirigida por Iván Márquez.
En esta lucha por el control del narcotráfico están involucrados también efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las temidas Fuerzas de Acciones Especiales.
La frontera de 2.200 kilómetros que separa ambos países está acostumbrada al conflicto, sin embargo, la región fronteriza que comparten Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, no suele ocupar los titulares. Por ello, el reciente conflicto, marcado por el hermetismo e información contradictoria divulgada por el régimen venezolano y por la magnitud de las consecuencias humanitarias, es particularmente preocupante.
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Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, la destrucción de las viviendas y el temor a las fuerzas del Estado provocaron, los primeros días, el desplazamiento de más de 3.000 refugiados a Arauquita, del otro lado de la frontera. Y si bien los enfrentamientos han disminuido, el último reporte del Grupo Interagencial sobre grupos migratorios mixtos, afirma que siguen llegando refugiados.
Hasta el momento, habría más de 5.000 personas desplazadas, entre ellas menores de edad y mujeres embarazadas.
Pese a los esfuerzos del Gobierno colombiano y, particularmente de la Gerencia de Fronteras de Colombia junto con diferentes socios de agencias internacionales para atender a esta población y procurar un retorno seguro, los ataques por parte del régimen no cesan. Desde Venezuela, el alcalde de La Victoria acusa al Gobierno colombiano de impedir el retorno de los venezolanos.
Estos entrecruces se dan en medio de la crisis de la pandemia en la cual algunos refugios establecen cercos epidemiológicos para contener los brotes de contagios.
En este marco, el régimen venezolano señala directamente a Iván Duque como responsable del conflicto con el respaldado del Gobierno de Estados Unidos y ha amenazando con llevar a Colombia ante instancias internacionales por la supuesta agresión. Sin embargo, más allá de los argumentos exhibidos por el régimen de Maduro, estos no justifican la violación de los derechos humanos.
La responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales de más de 18.000 civiles, que se han hecho pasar como miembros de grupos armados o de bandas criminales en zonas urbanas en los últimos siete años, la violación a la integridad personal; la ausencia de garantía a la asistencia humanitaria; el retorno seguro y el desplazamiento forzado de más de 5.000 personas en la frontera Apure–Arauca, recae únicamente en el Estado venezolano.
El régimen argumenta que no tiene la obligación de responder ante el Sistema Interamericano, dada su supuesta salida de la OEA. Sin embargo, más allá de su estatus ante el organismo, la protección de los derechos humanos no está sujeta al reconocimiento en un tratado. Y si bien es evidente que la ratificación de los instrumentos no garantiza la efectiva protección de los derechos humanos, sí generan responsabilidad internacional independientemente de quien ostente el poder.
La obligación de proteger a la población deriva, además, del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y de lo consagrado en sus instrumentos, los cuales han sido firmados y ratificados por Venezuela, especialmente los establecido en lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Finalmente, es menester recordar que existe también una responsabilidad compartida de la comunidad internacional en apoyar, institucional y económicamente a Colombia para la atención de la crisis migratoria y ahora en la atención de los refugiados en el Municipio de Arauquita.
El endurecimiento de las políticas migratorias en algunos países de la región, lejos de aportar soluciones, genera una mayor carga para Colombia frente a una crisis que, lamentablemente, parece estar lejos de llegar a su fin. Los enfrentamientos en la zona de fronteriza de Apure–Arauca exigen una atención coordinada de todos los países vecinos.
Nastassja Rojas Silva es politóloga. Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Especializada en movimientos migratorios, estudios de género y política venezolana.
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