Los premios Nóbel de Economía y la salida de Chevron, por Humberto García Larralde
Correo: [email protected]
El premio Nóbel en economía fue otorgado el año pasado a Daron Acemoglu, Simón Johnson y James Robinson, en reconocimiento a sus aportes acerca del impacto de las instituciones sobre la actividad económica. Muchos habrán leído el libro, Porqué fracasan los países, de los dos primeros, que distingue las instituciones inclusivas, favorables al desarrollo, de las extractivas, que lo dificultan. Posteriormente, publicaron El pasillo estrecho. El Estado, sociedades y cómo avanzar la libertad, que examina cómo las interacciones entre sociedad y Estado acotan las posibilidades de que prospere una democracia liberal, y Poder y Progreso, que argumenta en contra de que el desarrollo tecnológico necesariamente determina la conformación de instituciones que centralizan el poder y desplazan las oportunidades de empleo. El marco conceptual desarrollado por estos académicos es clave para entender el régimen autocrático que se ha apoderado de Venezuela durante el último cuarto de siglo.
El formidable proceso de modernización de nuestro país a lo largo del siglo XX fue posible gracias a la captación de significativas rentas en los mercados internacionales del crudo. Permitieron financiar inversiones en la infraestructura física y de servicios, escuelas, hospitales, etc., así como incentivos a la actividad productiva, que lo ubicaron a la cabeza de América Latina en muchos aspectos. La renta es una ganancia extraordinaria que no deriva de las condiciones en que se produce un recurso, sino de su venta, a precios muy por encima de su costo. No remunera a factor productivo alguno, sino a su propietario.
En Venezuela, la propiedad del petróleo es adjudicada al Estado. De ahí que elemento central de la institucionalidad económica que se forjó a lo largo del siglo XX fue, en la esfera pública, la creación de instrumentos para maximizar la extracción y aprovechamiento de la renta provista por la venta externa del crudo: impuestos y regalías; incentivos y transferencias diversas.
Los académicos considerados nos alertan de que instituciones que son extractivas en lo económico tienden a serlo, también, en lo político. Se asocian con autocracias que concentran el poder en una élite, cuyos integrantes buscan maximizar la extracción de rentas y de riquezas del resto de la sociedad para su beneficio personal.
En otro libro, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, analizan cómo las élites procuran reforzar esta imbricación entre instituciones económicas y políticas extractivas, restringiendo los derechos y libertades del resto de la población, así como con la represión abierta, para monopolizar el usufructo de esas rentas y preservar su poder. En fin, el madurismo.
La particularidad de la Venezuela democrática de la segunda mitad del siglo XX estuvo en que sus instituciones políticas se inspiraron en los principios y valores de inclusión, justicia social y libertad propios de la visión y del liderazgo de la llamada Generación del 28. Una institucionalidad política de naturaleza inclusiva fundamentó el pacto social de los gobiernos de AD y Copei con la población. Pudo mejorar sostenidamente su bienestar, hasta finales de los años ’70, en buena medida, gracias a los recursos provenientes de actividades económicas enmarcados en la institucionalidad extractiva, concentradora del poder, asociada a la explotación petrolera. Tal incongruencia derivó en tensiones alimentadas por la discrecionalidad creciente en que se distribuían las rentas a través de incentivos y subsidios de diversa índole, que contrastaban con las aspiraciones no cubiertas de la mayoría de la población, particularmente luego de la caída de los precios del petróleo en los años ’80.
Estas tensiones fueron caldo de cultivo para las prédicas de redención social de Hugo Chávez. Satisfaría las aspiraciones frustradas del pueblo mediante una distribución «justa» de la riqueza petrolera. Una vez en el poder, procedió a desmantelar las instituciones que fundamentaban el pacto social de la democracia representativa. En vez de basar su propuesta socialista en «liberar las fuerzas productivas», como planteó Marx, lo sustentó en el reparto directo de la renta, sin preocuparse, ahora, por una división de poderes que le exigiría transparencia y rendición de cuentas de su gestión.
Hace más de un año publiqué un artículo (https://www.elnacional.com/opinion/rentismo-sin-renta/) en el que comparé el aprovechamiento de la renta durante períodos similares de bonanza de Chávez y del primer gobierno de CAP. En ambos, el consumo privado por habitante aumentó significativamente. Con CAP la renta se transfirió, en buena medida, por medio de incentivos y subsidios que operaban a través del mercado (fiscales, financieros), y con alzas de salario. Aumentó la productividad laboral, aunque menos que los salarios (reales). Chávez repartió directamente la renta a través de programas con alta carga política, las recordadas «misiones». Los salarios decayeron ligeramente y la productividad se estancó, pero cosechó personalmente los réditos políticos de este reparto.
El reemplazo de mecanismos de mercado para la asignación de recursos y para la distribución de los frutos de la actividad económica por criterios políticos trastocó de raíz a la institucionalidad política. Aun aceptando que pudieron privar, al comienzo, criterios de justicia social para mejorar las condiciones materiales de vida de los más necesitados, éstos iban acompañados de la profesión de lealtad para con la «revolución» bolivariana y para con su líder supremo.
Chávez reforzó esta práctica «mirando hacia otro lado» al aflorar los numerosos casos de corrupción que permitió la eliminación de la autonomía y equilibrio de poderes y, con ello, el desmantelamiento de las instituciones de control y supervisión pertinentes.
Pero llevaba todo anotado para sacárselo a quien se le ocurría hacerse crítico de sus manejos. Fue creándose, así, una sociedad de cómplices que cimentó la toma de decisiones en torno a las apetencias de Chávez y de quienes ocupaban su cadena de mando.
Al reemplazar instituciones políticas inclusivas, propias de un régimen democrático, por la toma vertical y discrecional de decisiones, sin rendir cuentas y favoreciendo política y personalmente a sus adláteres, convirtió la naturaleza de la institucionalidad política en extractiva, alineándola con la institucionalidad económica, también extractiva, orientada a usufructuar las rentas. Al son de prédicas patrioteras de justicia social y de lealtad con la «revolución», se fue asentando un régimen de expoliación propiamente dicho. La potestad de quienes discernían los circuitos para la apropiación de rentas y la complicidad entre éstos dio lugar a alianzas entre las mafias que fueron apareciendo para controlar cotos particulares de depredación.
La poca ascendencia política de Maduro y la merma continuada de su apoyo por sus desaciertos en la conducción del país han convertido la participación en este régimen de expoliación, la base de su mandato. Procura extenderlo, por tanto, a los factores de poder determinantes, alto mando militar, tribunal supremo, gobiernos forajidos «amigos», Hezbolá, ELN y otras bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y de minerales. Devino en otro nodo de la red cleptocrática a que se refiere Anne Applebaum en su reciente libro, Autocracia, S.A.
La rapiña de Pdvsa y la destrucción de la economía fueron secando los recursos a expoliar. De ahí resulta vital, para la oligarquía mafiosa que depreda el país, contar con los ingresos de la venta de crudo que proporciona Chevron. En estos momentos de aislamiento y debilidad extrema, eliminar la licencia a esta empresa representa un duro golpe para el régimen fascista.
Puede argumentarse que «sanciones no tumban dictadura», pero, indudablemente, les hace daño, particularmente ahora que Maduro carece absolutamente de legitimidad. Recordemos cómo aceleraron el cambio del régimen de apartheid surafricano. Las sanciones no son, necesariamente, contraproducentes. Si bien gravarán a la economía –no todo se lo queda la oligarquía madurista–, tampoco los proventos de Chevron durante estos últimos años se han traducido en mejoras visibles a la población, salvo en prolongar una política antiinflacionaria insostenible por depender de divisas casi inexistentes para anclar el precio del dólar, cuando las reservas internacionales y las exportaciones son mínimas y no hay crédito externo.
Ahora bien, nada asegura que Trump no levante las sanciones a cambio de otras prebendas. Por tanto, lo que terminará desplazando a Maduro dependerá de lo que hagamos internamente.
Humberto García Larralde es economista, profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
