Los rehenes, por Gregorio Salazar
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El régimen se ha lanzado a una cruzada por el rescate de los venezolanos que han sido enviados por el gobierno norteamericano a la publicitada cárcel de alta seguridad en El Salvador. Y hoy vemos como se solaza en la explotación del rico filón propagandístico que se le ha proporcionado.
La campaña, extensiva e intensiva, no escatima recursos en lo mediático, no descuida formas ni ángulos que enriquezcan la puesta en escena, ni la parafernalia ministerial alrededor de cada vuelo de regreso y mucho menos sacar a la calle al mismo público instrumentalizado de siempre, las cada vez menos numerosas fichas partidistas y empleados públicos, muchos de los cuales – a pesar de sus salarios esmirriados– no tienen más opción que obedecer para evitar cualquier represalia.
Razonablemente, aquellos venezolanos que sin causa ni razón han sido expulsados de territorio norteamericano y recluidos en la tétrica prisión salvadoreña sin garantizárseles el debido proceso, merecen sin duda ser defendidos y que para ello se agoten los esfuerzos procedimentales que ponga fin a tan injusto encierro. Nadie negaría el derecho y la obligación de cualquier gobierno a defender a sus connacionales que se encuentren en circunstancias tan anómalas. Hablamos por supuesto de hombres que no hayan incurrido en delitos ni aquí ni en ninguna parte.
Pero de igual manera los ciudadanos estamos obligados a exigir coherencia en una conducta estatal que por su carácter impúdicamente contradictorio deviene burla, alarde hipócrita, pues persigue la repentina reconversión de un régimen acusado ante las más altas instancias internacionales de la ONU y de la OEA por la violación contumaz de los derechos humanos en paladín de la justicia internacional.
Los cuadros más prominentes de la cúpula, junto con el canciller y el fiscal general por mencionar sólo dos, se acuerdan ahora que exigen tratados y acuerdos internacionales que hay que respetar y acatar. Se queja dolidamente (es un decir) de que su gobierno ha recibido más de mil sanciones de diversos tipos, pero escamotea sin pudor que precisamente esas sanciones se les ha impuesto por la reiterada violación de la Constitución, las leyes nacionales y los mismos pactos internacionales de los que ahora exigen rigurosamente cumplimiento.
Por cierto, pareciera traslucir el canciller que, ciertamente, les afectan las sanciones comerciales, pero que no le inquietan los juicios que se le siguen desde hace muchos años al régimen venezolano –incluso por la propia Corte Penal Internacional– por las abundantemente documentadas denuncias en casos de detenciones injustificadas, desapariciones forzadas, torturas y muertes no debidamente aclaradas en el interior de los penales, en las que figuran las de presos políticos, como Fernando Albán, Raúl Baduel y el capitán Rafael Acosta Arévalo. ¿Quién puede olvidar cómo se dejó morir de mengua al expropiado productor agrícola Franklin Brito?
El último balance presentado por la incansable organización Foro Penal al 31 de marzo indica que en Venezuela el régimen mantiene en prisión a 903 presos políticos, de los cuales 815 son hombres y 88 mujeres. De ese total, 736 son civiles y 167 militares. Hay 898 adultos y 5 adolescentes.
Todos recordamos la razzia indiscriminada que llevó a prisión a más de dos mil personas que sin causa alguna fueron apresados los días 29 y 30 de julio, tras las protestas por el robo electoral del 28-J. Fueron acusados de delitos de conspiración, terrorismo y traición a la patria, recluidos en penales fuera de la jurisdicción donde residían y puestos a la orden de un tribunal contra terrorismo, a cuya disposición permanecen. Procesos irregulares de cabo a rabo.
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La situación de los cinco miembros del equipo político de María Corina Machado que permanecen recluidos desde hace más de un año en la embajada de Argentina, bajo custodia de la de Brasil, es otro caso de abierta violación de derechos humanos que clama al cielo. Haciendo gala de un vesánico regodeo, el régimen se niega a otorgarles el salvoconducto para salir del país. Con restricciones para la entrada de agua potable, servicio eléctrico y a veces hasta con dificultades para recibir comida, Magalli Meda, Omar González Moreno, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos permanecen confinados y en un limbo jurídico que los convierte en auténticos rehenes.
A decir verdad, en un país donde no rige el Estado de Derecho, al punto de llegarse al desconocimiento de las decisiones electorales que emanan soberanamente del pueblo, todos quedamos reducidos a simple rehenes a merced de un pequeño grupo de poderosos al que la obsesión por el poder le borró toda noción de civilidad, humanidad y republicanismo.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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