Los temas que llevaron las ONG a los encuentros con Michelle Bachelet
Provea denunció la represión a las protestas y la violencia sistemática del «grupo exterminio FAES» contra sectores pobres
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está en el país desde el 19 de junio para constatar la situación en Venezuela, por mandato del Consejo de DDHH de la ONU. En poco más de 36 horas se ha reunido con representantes del régimen de Nicolás Maduro, Asamblea Nacional, organizaciones no gubernamentales y familiares y víctimas.
El jueves 20 de junio, uno de los encuentros de Bachelet fue con representantes de ONG y asociaciones civiles. En estos encuentros, se expuso principalmente la vulneración sistemática de los derechos a la vida, alimentación, acceso a la salud, derechos políticos y sociales.
La especialista en nutrición y seguridad alimentaria Susana Raffalli destacó que Bachelet agradeció su presencia y detalló «las rutas de acceso legítimo que vino a abrir para seguir trabajando juntos», entre ellas, la posibilidad de que se abra una oficina permanente de la ONU en territorio venezolano.
Bachelet nos agradeció con aprecio que la recibiéramos, nos expresó toda su admiración y nos detalló las rutas de acceso legítimo que vino a abrir para seguir trabajando juntos. El resto del balance lo dará ella más tarde desde Maiquetía.
— susana raffalli a (@susanaraffalli) 21 de junio de 2019
La ONG Control Ciudadano entregó un informe a la expresidenta chilena donde se refiere cómo el gobierno de Nicolás Maduro utiliza los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir a los ciudadanos.
“Los militares en Venezuela operan como un aparato organizado de poder, sin mecanismo alguno de control democrático o subordinación al poder civil”, expresó Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, quien además agregó que utilizan el pretexto de “traidor a la patria” para perseguir y encarcelar a personas.
Por su parte el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en conjunto con organizaciones defensoras de derechos políticos y electorales, denunciaron a Bachelet que «el ejercicio libre del voto se ha visto debilitado por mecanismos de control de las políticas de asistencia social del gobierno nacional».
*Lea también: Bachelet constató con víctimas y familiares la violación a DDHH en el país
A juicio de Cepaz, la vía electoral se transformó en un «campo minado» que los venezolanos no desean atravesar, lo que se manifiesta en la caída de la participación electoral desde 2014 hasta diciembre de 2018, la última fecha que se realizó un proceso electoral en el país.
«Los venezolanos necesitamos una solución política y negociada. Hemos aprendido que una elección por sí sola no garantiza la reconstrucción democrática en el país, si la misma no es acompañada por una serie de medidas que garanticen la gobernabilidad y la estabilidad», aseveró el centro por medio de una serie de tuits.
Es necesario conformar grupos que empiecen a trabajar desde ya en la reconstrucción transparente de esta ruta. Desde la sociedad civil, estamos dispuestos a acompañar acciones que impulsen la confianza y la participación ciudadana @mbachelet
— Cepaz (@_CEPAZ) 21 de junio de 2019
La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), dedicada a la promoción de personas que viven con VIH, aseveró en el informe entregado a Bachelet que la epidemia de esta enfermedad en el país «se encuentra sin un control formal por parte del Estado, debido a la no campaña de prevención, la escasez de reactivos para la detección, control y seguimiento del VIH, escasez de medicamentos antirretrovirales y para infecciones oportunistas».
Además, la RVG+ expuso que la epidemia de VIH no se circunscribe a Venezuela, pues los problemas se han traslado con los migrantes venezolanos a otros países. «En Venezuela, los derechos humanos se encuentran ultrajados, irrespetados y no tienen garantía alguna por parte de los organismos competentes del Estado encargados de velar por la garantía y respeto de los DDHH de todos los venezolanos».
La epidemia del VIH en Venezuela es alarmante y no en vano las Organizaciones de la Sociedad Civil se han puesto en marcha para trabajar en pro de la Defensa de los Derechos Humanos de las personas que viven con el VIH en Venezuela.
— VIHVenezuela (@vih_venezuela) 21 de junio de 2019
El Programa Venezolano de Educación – Acción en defensa de los Derechos Humanos (Provea) denunció la represión a las protestas y la violencia sistemática del «grupo exterminio FAES» contra sectores pobres.
Además, Provea destacó la grave situación carcelaria y en calabozos policiales, las violaciones a derechos niños y niñas y la discriminación a las personas LGBT.
#VZLAexigeDDHH Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet se reunió con organizaciones de derechos humanos. Organizaciones resumieron los más graves problemas de derechos humanos en #Venezuela en materia de salud, libertad de expresión, derecho a la alimentación pic.twitter.com/wKyaNISVuU
— PROVEA (@_Provea) 20 de junio de 2019
La ONG Acceso a la Justicia reiteró las denuncias que ha hecho sobre el poder judicial venezolano, en particular sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “cuyo rol en el camino hacia el autoritarismo en el país ha sido clave”.
Venezuela es la demostración de que si en un país no hay independencia judicial, estado de derecho y democracia, se hace nulo el efectivo ejercicio de los derechos humanos https://t.co/UckphaMEcL #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) 21 de junio de 2019
Acceso a la Justicia entregó un documento a la Alta Comisionada donde afirman que luego de las elecciones parlamentarias de 2015, se instaló un «Estado de hecho» donde todos los poderes, excluyendo al Parlamento venezolano, son «ilegítimos e inconstitucionales».
La ONG sentenció en su informe que «la máxima autoridad del Poder Judicial ha distorsionado sus funciones para convertirse en un brazo represor del régimen político actual. Lejos está de ser ahora un organismo de protección de la ciudadanía o de control judicial del poder político».
Mientras tanto, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia le planteó a Bachelet la situación de los 881 presos políticos que hay en el país. Además, expusieron diversos casos de torturas y detenciones arbitrarias, en despliegues excesivos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
“Además de la alta cifra que tenemos registrada, llama poderosamente la atención los casos de tortura que se han venido incrementando en los últimos meses. En Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de los órganos de justicia”, señaló el abogado Alonso Medina Roa, Director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
