Los temas que ONG venezolanas no dejaron pasar en audiencias de la CIDH
El representante del Gobierno venezolano desestimó cada uno de los argumentos dados por los representantes de la sociedad civil, y descartó una visita de la CIDH al país
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos, realizó el 169 periodo de sesiones donde trató sobre la situación de los presos en el país, vulneración a los adultos mayores y comunidad Lgtbi y los mecanismos de “control social”.
El inicio de una de las cuatro audiencias sobre Venezuela fue interrumpida por manifestantes que reclamaron al representante del Estado venezolano ante Sistema Internacional de Derechos Humanos, por su actuación y lo llamaron “mentiroso” y pidiéndole que dimitiera o se exiliara.
Al referirse sobre la crisis política en el país y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad Lgtbi, los representantes de la sociedad civil, reunidos bajo varias ONG, solicitaron al Estado un plan nacional de envejecimiento.
En ese plan, donde se incluyen los niveles de gobierno, ONG, universidades y colectivos organizados de adultos mayores, se espera garantizar «un envejecimiento digno y saludable a través de adecuadas políticas públicas».
La ONG Convite denunció el incremento de muertes de adultos mayores en el marco de la crisis que atraviesa el país, entre ellos, 321 homicidios en 2017, 10 muertes en colas por alimentos o pensión y los suicidios, que aumentaron de 15 en 2016 en 10 estados a 25 en 2017 en 4 estados.
Además, la organización reportó 83% de escasez de medicamentos para la diabetes y 79% de escasez de medicamentos para la hipertensión, enfermedades que afectan a los adultos mayores.
También denunciaron que en 2017 cerraron 30% de los ancianatos en la Gran Caracas. 57% de los centros de atención de adultos mayores reportó haber tenido que disminuir raciones o eliminar comidas por falta de alimentos.
Señalaron las dificultades de los adultos mayores para obtener la pensión y las trabas con el carnet de la patria durante la audiencia sobre los mecanismos de «control social» en el país.
Eduardo Trujillo, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), indicó que el Estado ha hecho uso del carnet de la patria y otros beneficios sociales como forma de intimidar a la población y crear un ambiente de discriminación, persecución y control.
«Nos preguntamos si el Carnet de la Patria es una herramienta de articulación de necesidades para el acceso a beneficios sociales, por qué es usado para incentivar la participación política en un evento electoral», dijo Trujillo.
?? @etrujilloariza del @CDH_UCAB denunció ante la @CIDH el uso del Carnet de la Patria como mecanismo de control: «Se evidencia el uso discriminatorio del Carnet sobre los derechos humanos como salud, educación, alimentación (…) Es una mutación de la Lista Tascón». pic.twitter.com/gaU1sU6j1J
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 4 de octubre de 2018
*Lea también: Gobierno venezolano reconoce en la CIDH “desafíos” para garantizar DDHH de presos
DDHH vulnerados
Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aseveró que el quiebre institucional, el autoritarismo, el incremento de la represión, las políticas económicas unilaterales, la discrecionalidad en los planes sociales «han hecho que los venezolanos vivan al límite».
#4Oct "La inacción, la intransigencia, la indolencia del Estado y sus funcionarios, están destruyendo la vida y la calidad de vida, el futuro de todos los venezolanos", Marco Ponce #OVCS#AudienciasCIDHColorado pic.twitter.com/xUNXCmNppM
— OVCS (@OVCSocial) October 4, 2018
A juicio de Ponce, el principal problema que enfrentan los venezolanos «es la ausencia de democracia y la violación sistemática de los derechos humanos de todos» los ciudadanos.
Por ello, exigió el cese de la implementación de una doctrina de seguridad nacional «amparada en la tesis del enemigo interno», la cual, según el representante del OVCS, ha facilitado la vulneración a los DDHH.
Dentro de esa «doctrina de seguridad nacional», entra la criminalización de la protesta pacífica, y en consecuencia, la persecución y hostigamiento a disidentes.
Entre enero y agosto de 2018, se registraron al menos 8.372 protestas a nivel nacional. De ellas 89% han sido por exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Además, el OVCS detalló que en lo que va de año han asesinado a 14 personas en el contexto de las protestas por exigencia de esos derechos; 4 eran menores de edad y 2 mujeres.
Presos y violencia
En la audiencia sobre las personas privadas de libertad en contexto de la crisis política en Venezuela, representantes de la sociedad civil venezolana detallaron que el estado de excepción y emergencia económica, del cual pidieron su derogación inmediata, facilita la vulneración de DDHH de la ciudadanía.
Marco Antonio Ponce, del OVCS, detalló el uso del proceso penal como condena, porque mantienen a las personas detenidas y difieren las audiencias, dejándolas presas durante años violando la ley nacional y las obligaciones internacionales.
Frente a denuncias de soc. civil de torturas y condiciones inhumanas de hacinamiento en las cárceles, Estado #Venezuela responde que la oposición utiliza la violencia para atacar la democracia. #CIDHAudiencias pic.twitter.com/eNbWX9fQKw
— CIDH (@CIDH) October 4, 2018
«Hay personas con boleta de excarcelación desde hace un año y aún los tienen privadas de libertad. Hay personas que están detenidas hace un año sin nunca haber sido presentado ante un tribunal», detalló Ponce como uno de los ejemplos en estos casos.
También indicó que la violencia dentro de las cárceles del país lleva a ejecuciones de personas privadas de libertad que quedan en la impunidad, sin que se avance en las investigaciones ni se determinen los responsables.
ONG @ventanalibertad denunció en la @CIDH que entre enero y junio de 2018 han fallecido 163 personas dentro de recintos carcelarios, 34 de ellos por tuberculosos, 15 por falta de atención médica y 5 por desnutrición. pic.twitter.com/7V8PxGnYYK
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 4 de octubre de 2018
Sobre la situación de los presos políticos, las organizaciones como el Foro Penal Venezolano refieren que en el país existen alrededor de 1.551 privados de libertad por estas razones.
Ponce denunció los tipos de torturas contra presos políticos, que incluyen choques eléctricos en los genitales, simulación de amputaciones, fracturas. «Esto en situaciones de hacinamiento y detenidos que nunca fueron presentados ante un tribunal».
