Luego de 10 días de desaparición forzosa, se confirma paradero de sidoristas detenidos
La ONG Provea aseveró que la detención arbitraria de los trabajadores sidoristas, así como su desaparición forzosa representan crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano
Francesca Díaz | Correo del Caroní
Este miércoles 21 de mayo, el abogado Eduardo Torres, miembro de la oenegé Provea, confirmó el traslado y la reclusión de los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Leonardo Azócar y Daniel Romero en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, área de máxima seguridad, ubicado en Boleíta Norte, en Caracas.
Los sidoristas Azócar y Romero fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la madrugada del domingo 11 de junio.
La causa fue su participación en una huelga laboral iniciada el martes 6 de junio en Planta de Pellas de la estatal del acero. Los dirigentes confirmaron entonces a Correo del Caroní, que dicha huelga buscaba exigir la restitución de los beneficios establecidos en las contrataciones colectivas y mejoras salariales.
Desde el día de su arresto, los parientes no han podido comunicarse ni ver a su familiar, lo que suscitó una ola de protestas en Guayana a las que el Estado respondió con militarización y acciones judiciales contra los manifestantes.
Hasta el momento, a pesar de saber dónde están detenidos, las familias Azócar y Romero continúan sin poder ver a los afectados. Es por ello que la oenegé recomendó a los encargados del caso interponer un habeas corpus, recurso jurídico que se implementa en arrestos arbitrarios para exigir al Estado dar fe de vida de los apresados
El pasado 19 de junio Eduardo Torres, de Provea, convocó una protesta en Caracas para marchar hasta la Defensoría del Pueblo y exigir información sobre el paradero de los detenidos, puesto que los familiares -quienes continúan sin tener contacto con los dirigentes- fueron informados extraoficialmente que habían sido trasladados a Caracas.
En entrevista con Correo del Caroní, el abogado informó que la manifestación fue exitosa y logró una audiencia con la directora del Servicio Jurídico de la Defensoría del Pueblo, Betsaida Verhelst, quien finalmente confirmó el sitio de reclusión de los trabajadores. Ni los cuerpos de seguridad ni los tribunales de Guayana ofrecieron estos datos a los allegados.
En este sentido, parientes, legalistas y defensores de derechos humanos han hecho énfasis en las múltiples irregularidades del procedimiento, así como referencia a la violación de normativas básicas en las legislaciones venezolanas, referidas a la libertad de pensamiento, la autonomía sindical y la presunción de la inocencia.
“Se han violentado derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Los trabajadores exigían el cumplimiento de unos derechos que están plasmados en las leyes y en la contratación colectiva. El convenio 87 habla del derecho a la sindicalización. Hay que respetar los sindicatos y el derecho a huelga. Paralelamente a eso, se violenta el derecho a la movilización, a la protesta”, manifestó Torres.
*Lea también: PCV calificó de «grave» el arresto arbitrario de dos líderes sindicales de Sidor
10 días de desaparición forzada de sidoristas: exigen habeas corpus
“Hay actos subyacentes que se cometen en estos contextos. El asesinato, la persecución, el encarcelamiento. Todos estos actos están presentes en la realidad venezolana. Por eso va a abrir la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela”, afirmó Torres.
Asimismo destacó que durante los últimos 10 días los sidoristas estuvieron desaparecidos forzosamente, puesto que se violentaron los derechos de los privados de libertad, entre ellos la comunicación y el contacto con personas de su confianza y familiares.
“Hubo una detención arbitraria, no hubo orden de detención. No se conoció nada. Los detuvieron cuando iban a una reunión y de allí no se supo nada. La familia no sabía nada de ellos hasta el día de ayer, 20 de junio. No había conocimiento de su paradero. Eso ya es una desaparición forzosa”.
No olvidemos:
2 trabajadores de Sidor siguen detenidos arbitrariamente por el Gobierno «obrero» de Nicolás Maduro.
Daniel Romero y Leonardo Azócar, víctimas de desaparición forzada y detención arbitraria a manos de funcionarios de la DGCIM.
Acusados de «boicot, asociación… pic.twitter.com/dlX8bX5X8J
— PROVEA (@_Provea) June 21, 2023
Hasta el momento, a pesar de saber dónde están detenidos, las familias de los sidoristas Azócar y Romero continúan sin poder ver a los afectados. Es por ello que la oenegé recomendó a los encargados del caso interponer un habeas corpus, recurso jurídico que se implementa en arrestos arbitrarios para exigir al Estado dar fe de vida de los apresados.
En concordancia con esta solicitud, el 19 de junio, la comunidad guayanesa protestó frente a la Plaza Monumento a CVG para exigir a las autoridades dar fe de vida de los dirigentes.
“Lamentablemente, los tribunales no están dando respuesta a los habeas corpus. Por eso nuestra estrategia de ir a la Defensoría del Pueblo. La ley de la Defensoría establece que el defensor debe interponer el habeas corpus en casos de detenciones forzadas. Eso fue lo que exigimos y allí nos confirmaron dónde estaban detenidos. Porque el Dgcim sí notificó a la Defensoría la ubicación de ellos”, alegó el representante de Provea.
Correo del Caroní estableció comunicación con parientes de Leonardo Azócar, quienes informaron que se estarían trasladando a Caracas para poder encontrarse con el sidorista. Asimismo, para el momento del contacto la esposa de Daniel Romero se encontraba viajando hacia Caracas para dirigirse hacia el sitio de detención.
*Lea también: Andrés Velásquez denuncia juicios simulados contra trabajadores de Sidor
Sistematización y política de Estado: crimen de lesa humanidad
Provea y Correo del Caroní vienen haciendo seguimiento de las protestas que tienen lugar en el estado Bolívar, región con mayor conflictividad social del país según el Observatorio Venezolano de Violencia y, de acuerdo con el patrón que puede advertirse, la política de Estado ante estas manifestaciones se fundamenta en la represión, las detenciones ilegales y la vulneración de la libertad sindical.
Esto, en palabras de Torres, se cataloga como un crimen de lesa humanidad que atenta a todas luces contra una población civil.
“Estamos frente a detenciones arbitrarias porque no se cometieron delitos. Se dice que es un crimen de lesa humanidad porque es un ataque sistemático, continuo contra la población civil. Un ataque que se vuelve una política y los perpetradores están conscientes de la política. Por eso hablamos de que se debe abrir una investigación formal en la Corte Penal Internacional”, declaró Torres.
“Se han violentado derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Los trabajadores exigían el cumplimiento de unos derechos que están plasmados en las leyes y en la contratación colectiva. El convenio 87 habla del derecho a la sindicalización. Hay que respetar los sindicatos y el derecho a huelga”, Eduardo Torres
Estas declaraciones hacen referencia a las represalias que viene tomando el Estado desde el año 2018 contra los dirigentes sindicales, buscando la erradicación de los sindicatos y el cese de cualquier actividad de reclamo laboral.
Esta política ha dejado casos emblemáticos como el arresto del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, quien fue encarcelado durante 17 meses por liderar una protesta en la empresa. También la detención de 18 sidoristas durante el mes de enero, quienes fueron apresados por reclamar la precarización salarial de la compañía.
Entre estos casos destaca el del también ferrominero Rodney Álvarez, quien estuvo privado de libertad 11 años sin pruebas en su contra y cuya defensa solicitó resarcimiento por el daño físico y moral ocasionado a él y a su familia, así como una investigación contra el autor material o intelectual del asesinato de Ronny Rojas.
La represión sistemática y generalizada es una de las características de los crímenes de lesa humanidad, los cuales se distinguen por su carácter inhumano y su afectación a una población. Los mismos son competencia de la Corte Penal Internacional, órgano que ya tiene un procedimiento abierto contra Venezuela por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2017.
