Luis Izquiel: Libro ‘Revolución de la muerte’ desnuda criminalidad que trajo el chavismo
El abogado Luis Izquiel, señala que en materia de seguridad ciudadana el oficialismo ha fracasado porque Venezuela sigue siendo el país con mayor índice de homicidios en el mundo
Desde 1999, en Venezuela se han cometido 330.000 asesinatos. Desde ese año se desató el crimen y la violencia, convirtiendo al país en la nación con el mayor número de homicidios en el mundo, un Estado donde la impunidad reina de forma descarada. Todo esto ocurrió primero en las narices del gobierno de Hugo Chávez, luego frente a los ojos del régimen de Nicolás Maduro.
El registro histórico de la criminalidad que se desató en Venezuela con la llegada del chavismo está plasmado en el libro “Revolución de la muerte. Veinte años de crimen, violencia en impunidad en Venezuela”, escrito por los abogados Fermín Marmol y Luis Izquiel.
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Se trata de un texto de cinco capítulos donde se explica que Venezuela ocupa el primero lugar mundial de homicidios, secuestro y extorsión, delitos contra la propiedad, robo y hurto, y delincuencia organizada.
Detrás de los números
El abogado Luis Izquiel señala a TalCual que el libro “Revolución de la muerte. Veinte años de crimen, violencia en impunidad en Venezuela” nace de la necesidad de dejar un registro histórico de la criminalidad que se desató en Venezuela desde el año 1999. Dice que el camino para llegar a ello no fue nada fácil, y entre las dificultades que tuvieron que sortear para consumar el proyecto fue la obtención de datos.
Tarea nada sencilla pues en el país no se ofrecen cifras desde el año 2004, por lo que tuvieron que acudir a trabajos levantados por organismos internacionales, informes de organizaciones no gubernamentales nacionales y trabajos periodísticos de investigación.
Luis Izquiel detalla que desde 1999 se contabilizan más de 330 mil homicidios en el país. Señala que la cifra no son simples números, pues detrás ella hay familias enlutadas, padres que perdieron a sus hijos o hijos que perdieron a sus padres. Por si fuera poco, resalta que la criminalidad que se desató también provocó la salida de millones del venezolanos hacia el exterior.
Al respecto, aunque reconoce que en los últimos dos o tres años ha sido la economía la razón principal por la que creció la ola migratoria, recuerda que el primer grupo importante de migrantes venezolanos se fue por temas de inseguridad.
– ¿El lector podrá conocer a partir de cuándo Venezuela comenzó a tener números rojos y a ocupar los primeros lugares entre los países con mayores índices de violencia?
-Sí, lo que quisimos analizar es el por qué Venezuela se convirtió en el país con mayor tasa de homicidios del planeta. Primero las cifras, también las causas que motivaron a que llegáramos a esas circunstancias y también quisimos promover soluciones y no solo quedarnos en el diagnóstico oscuro y lúgubre de la criminalidad. Buscamos proponer medidas en materia de seguridad ciudadana que podrían aplicarse cuando se produzca un cambio político en el país y que permitirían salir de esta situación de criminalidad, tal cual como lo hicieron otras naciones del mundo.
– ¿Cuáles serían esas políticas?
-Nosotros creemos que hay que reestructurar el sistema policial del país, porque no brinda confianza a la ciudadanía. En él hay una formación más ideológica que técnica. Abogamos por reivindicar la profesión del policía con salarios dignos, que se iguale a los salarios de Latinoamérica, además de procurar condiciones que permitan reclutar a personal idóneo.
Creemos que producto del daño y por la presentación de individuos ligados a la comisión de delitos, es necesario una profunda depuración del sistema policial, tal como se ha hecho en otros países, como Honduras, donde está en marcha una transformación que ha permitido reducir los índices.
También proponemos que el Poder Judicial sea despolitizado, que los jueces, fiscales y funcionarios se escojan a través de concursos públicos o de procedimientos establecidos en la Constitución.
Asimismo, abogamos por la transformación del sistema carcelario, tal y como se ha hecho en Latinoamérica. Un ejemplo de ello es en República Dominicana y Costa Rica, que tienen dos procesos exitosos de transformación. Consideramos que con apoyo internacional podríamos transformar las universidades del crimen que hoy son las cárceles, en un sistema que permita la rehabilitación y reinserción de ciudadanos que incurrieron en delitos. Son decenas de recomendaciones de políticas que están desperdigadas en todo el libro.
– Hay un capítulo dedicado a las causas del aumento del índice de criminalidad ¿Podría señalar cuales fueron las principales detonantes?
-En el capitulo de las causas comenzamos con los aspectos sociales, quizá son los menos tocados y en los que las personas menos piensan cuando se habla de inseguridad ciudadana, pero la realidad es que aquí está el caldo de cultivo por el que muchos jóvenes quieren incursionar al camino delictivo.
En este capítulo hacemos un esbozo de problemas sociales que hay en el país, tales como el embarazo precoz, la deserción escolar, el desempleo juvenil, la niñez abandonada, hogares desestructurados, violencia intrafamiliar, adicciones a las drogas y al alcohol que no son tratadas por el Estado; así como también el modelaje del pranato que muchos jóvenes quieren seguir porque ven al jefe de la pandilla cometer fechorías de forma impune.
En segundo termino nos paseamos por lo que te comentaba anteriormente: la destrucción del sistema policial y el fracaso de todos los planes de transformación de este sistema encabezado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que fue una de las grandes frustraciones, debido a que quizá es hoy la policía con mas vicios y denuncias de violaciones de derechos humanos, cuando se prometió lo contrario desde que nació en 2009.
También tenemos que existe en el país una policía de investigación politizada que dejó de ser referente en el mundo, policías municipales y estatales intervenidas por el poder central y por politiquerías y que fueron desarmadas mientras fueron manejadas por líderes de oposición. En medio de estas grandes líneas, vamos desglosando cada aspecto en cosas puntuales
Y nació la impunidad
“Pasamos de una realidad donde el grueso de los homicidas eran condenados (antes de 1999), a otra donde solo una ínfima parte son detenidos o condenados por el sistema de justicia”, señala el también especialista en ciencias penales, Luis Izquiel.
Asegura que en el libro “Revolución de la muerte. Veinte años de crimen, violencia en impunidad en Venezuela” hay varias páginas en las que se devela cuándo comenzó la impunidad a acentuarse en el país.
Hay un gráfico que lo deja claro. En él se señala que para el año 1998 ocurrieron en Venezuela 4.550 homicidios por los cuales hubo un total de 5.000 detenidos, debido a que en algunos casos había más de un asesino. El abogado dice, lapidario, que a lo largo del tiempo esta realidad fue transformándose hasta la actualidad, donde más del 90% de los homicidas andan libres.
– Se habla de ocho bloques criminales ¿Cómo están compuestos? ¿Existe algún testimonio en el que se corrobore que alguno de estos bloques está favorecido por la justicia venezolana?
-Ciertamente desde 1999 comenzaron a surgir unas organizaciones criminales que no existían en el pasado, algunas que ya existían se fueron fortaleciendo en estas dos últimas décadas. En uno de los capítulos nos dedicamos a analizar esos ochos bloques que a nuestro entender existen en el país:
Comenzamos con megabandas criminales, esas grandes agrupaciones de delincuentes que pueden tener cientos de individuos en sus filas, con armas de guerra importantes como fusiles, ametralladoras y granadas que, además, controlan un territorio específico… Vemos un caso en la banda de Willexys en Petare. Estas megabandas tienen una estructura jerárquica. Estimamos que en el país existan entre 25 y 30 como esa.
Otros de los bloques criminales son los pseudosindicatos mineros, pandillas que se dedican a la extracción ilegal de oro en el estado Bolívar. Hay unas cuántas que controlan minas ilegales, y a través de sangre y fuego depredan las riquezas y acaban con el medio ambiente.
También están colectivos armados y violentos, son grupos de delincuencia ideológica amparados por el Estado y esto va respondiendo uno de los aspectos de tu pregunta.
Otro de estos ocho bloques son las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, también conocidas como “Boliches”, que no son más que un grupo paramilitar que nació y se desarrolló en medio del chavismo y que hoy es el grupo principal y que hace mayor presencia en Barinas, Apure y parte de Táchira.
Las guerrillas también integran estos bloques, específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas ya tenían presencia antes de la llegada del chavismo al país, pero los lazos ideológicos han hecho que hoy actúen libremente en labores principalmente de narcotráfico y algunas veces en la minería ilegal, extorsiones a productores y otros delitos.
Los llamados Vacrim también están instalados en el país. Es un acrónimo del cual los colombianos engloban a varios grupos criminales como los Rastrojos y Urabeños.
Los carteles de droga que hay en Venezuela también fueron incluidos en estos bloques, encabezados por el cartel de los soles, que no lo digo yo ni los autores de este libro. Su existencia en Venezuela ha sido certificada por organismos de la ONU.
Finalmente llegamos a la corrupción, que ha llevado a Venezuela a ser uno de los países con mayor índice, junto al pranato carcelario.
La hecatombe que trajo el chavismo
Homicidios, robos, hurtos y secuestros, aumentaron en el país con la llegada del chavismo, señala a TalCual Luis Izquiel. Recuerda que con la llegada del chavismo surgió el llamado ‘secuestro express’ y hoy las principales capitales del país como Caracas, Valencia y Maracay son el epicentro de este delito. Sostiene que al analizarlo se evidencia, que incluso que fueron creados modos operandis específicos.
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“En 1999 comenzó una destrucción institucional, y se produjeron una serie de actuaciones desde el poder que generaron crímenes y que han tenido sus variantes de año a año y de década a década. Por ejemplo: todos los ministros del Interior de Maduro han sido militares, entonces la visión de seguridad ciudadana ha sido militar, esto ha evidenciado un fracaso en este tema porque Venezuela sigue siendo el país con mayor índice de homicidios en el mundo. Cuando Hugo Chávez, en cambio, hubo funcionarios civiles”, agrega Izquiel.
– ¿Qué otras diferencias se evidencian en esta última década?
-El nacimiento de las ejecuciones extrajudiciales de los que se han considerados personas que tienen delitos y también el asesinato de algunos que no estuvieron involucrados pero que cayeron porque los funcionarios se equivocaron. Todo esto pese a que en el país no hay pena de muerte.
Con Maduro en 2015 se inició el plan de Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Eran operativos en los que se comenzó a registrar mayores violaciones masivas de derechos humanos, con miles de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos, detenciones arbitrarias y otros atropellos.
En 2017 se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB y ya vimos cómo se convirtieron en grupos de exterminio, esto reconocido incluso por la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet. Este componente actuó sobre todo sobre poblaciones masculinas jóvenes y pobres. Esas son las características de estos grupos.
También en esta última década se crearon la llamadas zonas de paz, una política equivocada aplicada con Maduro, donde se fue a negociar con bandas criminales a lo largo y ancho del país y se les concedieron territorios libres de cuerpos de seguridad, porque así lo pidió la delincuencia para fortalecer la actividad criminal.
– Sin embargo hay una sensación en la ciudadanía de que la inseguridad ha bajado y eso ha sido luego de alguna forma confirmado por el ministro de Interior Néstor Reverol, quien indicó en meses pasados una baja en los índices de delitos ¿Corresponde esto a la realidad actual?
-Ciertamente, señalamos que en los últimos dos años han disminuido algunos índices como los homicidios, pero creemos que una de las causas de la disminución de este delito es la emigración masiva de venezolanos. Estamos hablando que más de 5 millones de personas han traspasado la frontera buscando un mejor futuro, hablamos que hay menos víctimas potenciales.
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Dentro de esa masa también han salido delincuentes, inclusive megabandas como la llamada «Tren de Aragua» (parte de ella capturada en Perú), y otros grupos que han sido detenidos o involucrados en delitos en Brasil, Ecuador o Argentina. En el país también hay una exportación de la delincuencia y esto ha influido en la disminución numérica de algunos índices, pero en la otra cara de la moneda está el aumento de otros.
Esa disminución no es suficiente ni se traduce en mayor tranquilidad para los venezolanos, porque seguimos siendo por más de 20 puntos el país del planeta con más homicidios.
– ¿Las creación de la FAES o la OLP logró frenar el crecimiento del índice delictivo? ¿Cuál fue el verdadero resultado?
-Las violaciones de derechos humanos se profundizaron con las OLP. Sí, han dado de baja a muchos delincuentes, pero por supuesto, violando lo establecido en la ley venezolana, aplicado una especie de pena de muerte que no existe en la las leyes. Eso ha disminuido la cantidad de potenciales victimarios, pero a su vez han caído personas inocentes de hechos delictivos.
Estas ejecuciones son disfrazadas muchas veces de resistencia a la autoridad o de enfrentamientos, pero son en realidad homicidios. Esa es la clasificación jurídica que debe darse cuando se atropella el Estado de derecho. En muchas ocasiones detrás de esos reportes de enfrentamientos se encubren asesinatos.
Por un lado aniquilan a delincuentes y los sacan de las calles, pero por el otro, el propio policía se convierte en delincuente, porque comete un asesinato.
Esta política no es la idónea para Venezuela, la policía pierde credibilidad en la población. Incluso se ha visto que la gente prefiere al delincuente que a los policías. Creemos que ese no es el camino que se debe seguir. Por el contrario, abogamos por la creación de un sistema de justicia en el que sea investigada la persona acusada por algún delito y que pague condenas para su posterior reinserción a la sociedad.
– ¿En cuál grupo social está concentrada la delincuencia violenta?
-En los jóvenes varones pertenecientes a sectores populares. El grueso de homicidas es de edades comprendidas entre los 15 y 28 años, por eso es que cualquier política estructural debe abordar esa realidad y un Estado responsable debe ir allí, al meollo del problema, y ver qué pasa con ese grupo y cómo se puede evitar que incurran en el camino delictivo. La mayoría de las víctimas también son del mismo grupo: jóvenes varones y pobres.
A futuro
Luis Izquiel dice a TalCual que una de las cifras que más costó precisar fue el asesinato de policías y funcionarios de cuerpos de seguridad. Señala que incluso pareciera que a la población o los medios de comunicación no les sorprenda el asesinato de un funcionario. Opina que una de las razones es por la desconfianza que ha nacido hacia estos cuerpos por el atropello de derechos humanos que han cometido bajo la mirada del gobierno. De acuerdo a lo señalado por el abogado en el país matan en promedio a un funcionarios por día.
Izquiel vaticina que se mantenga la criminalidad en el país, pues considera que el Estado no aborda las causas estructurales. Explica que puede ser que, coyunturalmente, en un año se reporte la disminución de los índices, pero si no se atacan las causas al siguiente año puede elevarse.
Aclara que cuando se habla de reducción de números de asesinatos no quiere decir que los demás delitos queden a un lado. A modo de ejemplo, resalta que delitos como la extorsión se han incrementado en la nación, así como también, el hurto «por el hambre que hay en Venezuela”.
Para el criminólogo el daño que se ha hecho al sistema de seguridad ciudadana es profundo, pues son dos décadas de daños que no se arreglarán con una vara mágica. No obstante, Izquiel recalca que hay ejemplos en todo el mundo que demuestran que revertir estos daños no es imposible, y destaca que si se siguen medidas correctas entre tres y cuatro años se podría reducir la mitad la tasa de violencia. “Es una meta posible”, dice.
