Luisa Ortega Díaz, la fiscal no fue la punta de un iceberg
Luisa Ortega Díaz fue figura clave durante las protestas de 2017. Su ruptura pública con el gobierno de Nicolás Maduro, su denuncia sobre dos sentencias golpistas y el desmontaje de mentiras oficiales allanaron el camino para legitimar la protesta y, también, para expulsarla del cargo
Autor: Víctor Amaya | @victoramaya
Fue un catalizador inesperado. Luisa Ortega Díaz acumulaba casi 10 años como Fiscal General de la República cuando alzó su voz por primera vez disonante del discurso oficial. El 31 de marzo de 2017, la abogada nacida en Valle de la Pascua convocó a la prensa a su despacho y se pronunció.
“Las sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional”, dijo en referencia a las 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que despojaban a la Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria.
Entonces el Ejecutivo convocó a Ortega Díaz a una reunión de medianoche en Miraflores. Fue la última vez que públicamente la fiscal y el mandatario se vieron las caras. También hubo una reunión del Consejo de Defensa de la Nación para buscar dirimir lo que se despachó como un “conflicto de poderes”. La fiscal general no acudió.
Desde entonces, la mujer elevó su retórica, el impulso de su verbo y el filo de sus argumentos. En reiteradas declaraciones sostuvo que el Estado era responsable por la violencia desatada en las calles y fue más allá: dijo que no había estado de derecho sino un “estado de terror”. Después habló de “Estado policial” y cerró afirmando que en el país se vive un “terrorismo de Estado”.
También desmintió las elucubraciones en el asesinato de Juan Pablo Pernalete –que según el entonces ministro de Información Ernesto Villegas había sido atacado con una “pistola de perno– en una declaración con la que mandó varios mensajes incómodos al alto gobierno: llamó a los actores políticos a no adelantar hipótesis sobre los móviles de los delitos sin que el MP lo hiciera oficialmente; sostuvo que disparar lacrimógenas de forma horizontal es letal; exhortó a los altos mandos militares a hacer seguimiento y control de la actuación de los funcionarios; reveló que 19 funcionarios civiles y militares habían imputados por violaciones de derechos humanos durante manifestaciones; dijo que más de la mitad de las personas lesionadas lo habían sido por acción de los cuerpos de seguridad del Estado; asentó tener denuncias de saqueos cometidos por policías y militares; condenó el uso de la justicia militar para casos civiles y criticó el uso de videos falsos para manipular —Venezolana de Televisión (VTV), Pedro Carreño y Tarek William Saab difundieron una grabación hecha en Guatemala de un linchamiento endilgando el sangriento suceso a una calle de Caracas–; y se plantó contra la Constituyente “corporativa” pues “profundizará la crisis”.
No se detuvo en palabras. Ante el Tribunal Supremo denunció la convocatoria a la constituyente como inconstitucional y pidió enjuiciar a los magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156. Cavó su tumba en el PSUV: fue tildada de traidora.
«Cuando la Fiscal alzó la voz, surgió la inquietud de quién sería el siguiente alto funcionario en saltar. Han pasado tres meses y no ha ocurrido», dijo el politólogo John Magdaleno a TalCual el 23 de julio. Un año más tarde, tampoco ocurrió.
En 2017 Luis Vicente León, director de Datanálisis, observaba en la Fiscal “la oportunidad más grande” para impulsar un cambio, una transición. “Para eso una de las condiciones es la fractura o la implosión, que es la manera de una fuerza pacífica y sin armas de derrotar al poder”. El encuestador se preguntaba entonces si Ortega “es un pedazo de hielo muy grande o la punta de un iceberg”.
Un año más tarde, el también economista opta por pensar que la abogada “probablemente pensó que habría un respaldo que iba a aparecer y ella podría entonces ser esa punta de lanza de lo que ahora se llama el chavismo disidente”.
Su hipótesis tiene otra cara en esa moneda: la funcionaria sirvió a un objetivo mayor del propio primer mandatario. “Fue el inicio de lo que hoy se ve claramente como una madurización de la revolución. Ella es la primera pieza de una estrategia de Maduro para separarse o debilitar lo que era el chavismo clásico”.
Política más que dignidad
La versión de la “pistola de perno” en el caso Pernalete fue un detonante. Luisa Ortega Díaz sumaba ya casi un mes de posturas públicas ajenas a Miraflores cuando se produjo la declaración de Villegas, y algunos más con la guerra puertas adentro. En la Fiscalía General la orden fue estudiar exhaustivamente el caso, sin dejarse cegar por la versión gobiernera. El 24 de mayo, Luisa Ortega Díaz convocó a la prensa para anunciar los hallazgos: Juan Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. Por primera vez, VTV no la transmitió.
Ya entonces comenzaban los castigos. A la titular del Ministerio Público le fueron sustraídos los escoltas que la cuidaban, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a su resguardo. También la Guardia Nacional y el propio Cicpc dejaron de colaborar con investigaciones de esa institución, profundizando “un divorcio que es histórico”, según señala una fuente conocedora de la Fiscalía.
Luis Vicente León asume que la fiscal, ahora en el exilio, estaba “huyendo hacia adelante” en respuesta a la purga que quizá ya comenzaba dentro de las estructuras de la burocracia gubernamental por un Nicolás Maduro intentando enfrentar “a quienes en el chavismo ya no le servían”.
Su teoría no es descabellada. El distanciamiento de Ortega con el gobierno de Nicolás Maduro tiene historia. De hecho, en 2014 finalizaba su primer período y ella “asumió que no iba a la reelección”, hasta que se postuló el último día. “La llamaron para que Maduro no tuviera el control total del Poder Moral”, recuerda una fuente que siguió el proceso. En aquel momento, la candidata al Ministerio Público era Miriam Morandy, abogada y comadre de Cilia Flores —magistrada suplente captada en 2015 en Maiquetía acompañada por un acusado de narcotráfico–. Pero con la decisión de nombrar a Manuel Galindo como Contralor, ficha de la Primera Dama, y a Tarek Wiliam Saab como Defensor del Pueblo “había que equilibrar las cargas”, recuerda el informante.
En 2015, el diputado por el PSUV y esposo de la Fiscal, Germán Ferrer –ahora acusado de liderar una red de extorsión judicial–, estrenó el programa Criterios por Globovisión, donde entrevistó a opositores. En diciembre de 2016, Ortega dejó de acudir a Radio Nacional de Venezuela para conducir el espacio radiofónico del Ministerio Público, y no le fue asignada la presidencia del Poder Moral que le tocaba por rotación. La dejaron en manos del entonces defensor Saab.
Con la llegada de 2017, Luisa Ortega instruyó e impelió a los fiscales a actuar más apegados al librito. Entonces, Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, detallaba que la Fiscalía había optado por solicitar medidas de libertad plenas para personas detenidas en protestas a las que no se les encuentra méritos, causas o evidencias para imputar delitos. Un contraste con respecto a 2014, cuando el encierro y los antecedentes penales fueron la norma.
Había que sacarla
Mientras las calles ardían en protestas, puertas adentro de Fiscalía Luisa Ortega Díaz mantenía el control de la institución. Una fuente cercana ratifica que la mujer logró construir un equipo cercano pues se ganó el respeto de la gente, y mejoró las condiciones de trabajo, las instalaciones y las remuneraciones, hasta que la realidad del tesoro lo permitió. “Entendió cuando la gente renunciaba por lo económico. En una reunión dijo a los empleados que lo único que podía ofrecerles era sangre, sudor y trabajo. A ella la quieren mucho”, detalla.
Tenía autoridad. Imponía su carácter y su timón. “En 2016 se raspó a nueve directores por no estar alineados”, suelta otro informante. El 31 de marzo de 2017 hubo otro ejemplo: cuando denunció la ruptura del hilo constitucional, la única que no aplaudió fue la vicefiscal Alis Boscán. Dos semanas más tarde, fue sustituida por Rafael González Árias, el 17 de abril, hasta entonces director de Política Criminal. Mario Silva, en La Hojilla, aseveró que Boscán renunció “por no estar de acuerdo con las funciones políticas que se estaba atribuyendo” la titular del MP. Pero la fuente dice que “Luisa la cambió”.
“Dentro del chavismo incluso burocrático, la opinión es que está haciendo su trabajo y esto está animando a que sectores evalúen como hacer lo mismo. Hay un goteo sin retorno tanto en lo político como en lo institucional, lo que no sé es si convertirá en un chorro lo suficientemente rápido para que se detenga la locura”, deslizaba en 2017 un dirigente del chavismo descontento con información desde las bases. Ese ánimo impulsó a la exdefensora Gabriela Ramírez a también marcar distancia. Pocos la siguieron entonces.
El período de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público culmina formalmente en el año 2021. Según un trabajo publicado en El Nacional, el jueves 11 de mayo Nicolás Maduro tuvo una reunión con la Fiscalía Militar donde “planteó la salida de Ortega Díaz de su cargo y señaló que hacía falta un fiscal que cumpliera las órdenes que daba a favor de la revolución”. Henrique Capriles denunció el 15 de mayo que Maduro buscaba destituirla para “nombrar en su lugar a otra persona que sea leal a él y a Diosdado Cabello”.
Tres meses después, Tarek William Saab –quien había prometido en abril no «defraudar» a Cabello– tomó para sí el despacho, por decisión de la asamblea constituyente.
Diosdado Cabello lleyó a las 11:24PM en @VTVcanal8 un mensaje de texto al parecer enviado por @TarekWiliamSaab: «No los defraudaré» pic.twitter.com/FkXYqoiVsz
— Víctor Amaya (@victoramaya) April 27, 2017
“Después de Luisa Ortega vino Rafael Ramírez y luego tener al PSUV compitiendo con Somos Venezuela para más tarde entrar con Miguel Rodríguez Torres. Es la fiscal de Chávez, el presidente de Pdvsa que daba recursos a Chávez, el partido de Chávez, el jefe de la policía política de Chávez. Esto no es un tema aislado, ya sea porque esos actores en verdad estaban conspirando contra Maduro, o porque él estaba decidido a destruir todo el chavismo no fiel y quizá peligroso a futuro, para convertirse en líder único. Creo que Maduro vio la oportunidad de sacar del juego a estos actores y así fue el inicio de ese episodio con Luisa Ortega”, teoriza Luis Vicente León.
El encuestador refiere que, con tanta agua bajo el puente, la fiscal en el exilio se desinfló en respaldo popular. “Su momentum fue mejor al principio. Pasó a ser una heroína. Hoy es solo una aliada circunstancial contra Maduro”. Además, frente al núcleo duro de la oposición “tiene el mismo problema que Henri Falcón, que se considera que la ‘enfermedad’ del chavismo no se cura”, ríe el economista.
Afirma sin embargo que la mujer tiene una oportunidad: “hoy la oposición es menos peligrosa para Maduro que el propio chavismo que pudiera hacer implosión y agruparse en torno a los disidentes”.
Desde el extranjero, Luisa Ortega Díaz avanza en denunciar a Nicolás Maduro y su gobierno, incluso ante la Corte Penal Internacional, por violaciones a los derechos humanos. “Aunque sigan en el poder, ellos mismos y el mundo saben que son un Gobierno dictatorial, déspota y que no le importa el sufrimiento por el cual están pasando los venezolanos”, dijo a Crónica.uno.
Mientras tanto, su residencia en Caracas, fue desvalijada. Lo que comenzó como un allanamiento luego de su huida del país, terminó siendo un saqueo, según vecinos de la zona. “Durante días, semanas, funcionarios vinieron y siguieron sacando cosas, un televisor, algún mueble y así. Allí no dejaron nada”, sostiene una residente del lugar que protege su identidad.
