Luisa Ortega investiga a El Aissami y altos rangos de la FAN por narcotráfico
Cilia Flores, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro también estarían implicados en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público legítimo
La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó que investiga, junto con el Ministerio Público legítimo, delitos de narcotráfico que involucran directamente al líder chavista Tareck El Aissami y a altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional.
«Tarek El Aissami es uno de los involucrados en el tema de drogas. Altos funcionarios de la FAN, quienes apagan y prenden los radares. Todos ellos están dentro de las personas que adelanta el Ministerio Público», denunció.
Estos crímenes también tendrían la implicación del mandatario Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, y la segunda cabeza del chavismo, Diosado Cabello. Todos tendrían conocimiento de las actividades de contrabando de drogas que se realiza en el país.
«Yo no sé si se llama cartel de los soles o no. Pero hay funcionarios de alto y bajo rango que permiten la salida de la droga por el aeropuerto de Maiquetía, que pasan los controles del aeropuerto», explicó la funcionaria.
Entre los detalles ofrecidos por Ortega Díaz, reveló que Cilia Flores quedó en evidencia debido al caso de los «narcosobrinos», capturados y enjuiciados por las autoridades estadounidenses.
«Las drogas se embarcaban en rampa 4. Desde el embarque del avión presidencial movilizaban la droga», enfatizó.
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También exclamó que los funcionarios del chavismo no tenían pudor al momento de ocultar sus relaciones con el crimen organizado, pues el Ministerio Público habría presentado al ministerio de la Defensa pruebas de que existían pistas clandestinas de aterrizaje, e incluso precisó la ubicación de cada una. Tres años más tarde, el ministro Vladimir Padrino López no actuó y las pistas permanecen en el país.
Corte Penal Internacional
La opinión de la fiscal sobre la Corte Penal Internacional (CPI) no es la más conciliadora. Cree que el ente se ha tardado demasiado para actuar en el caso de Venezuela, pese a poseer todas las pruebas que demuestran una violación sistemática de los derechos humanos.
«Estamos fuera de tiempo. Ya vencieron todos los plazos razonables. La CPI ha tardado mucho en resolver este tema. Aún ocurren las violaciones sistemáticas. No es un caso que ocurrió hace años, que ya pasó, sino que sigue ocurriendo», manifestó.
Asegura que con las pruebas que tiene el organismo, debe actuar de forma urgente, rápida, oportuna y pronta.
