Maduro asoma intenciones de reciclar su política de control de precios
La regulación de precios es una vieja conocida del gobierno chavista que, aupada por la Ley de Control de Precios, condujo a un 2016 repleto de colas, bachaqueo y desabastecimiento
La postura que el chavismo mostró en los últimos dos años de relajar los controles sobre la economía, podría sufrir un cambio repentino ante las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de recrudecer su intervención reguladora para fijar precios de bienes y servicios.
Así lo asomó el propio Nicolás Maduro este miércoles 17 de marzo, mientras promocionaba la Gran Misión Agrovenezuela, al afirmar que la presunta «guerra económica» ha obligado al gobierno a abandonar su política de fijación de precios, la cual pretende recuperar en el corto plazo, por lo que pidió al gabinete económico considerarlo una prioridad.
«Si estamos produciendo alimentos hay que crear circuito virtuoso de procesamiento, distribución, abastecimiento y fijación de precios. Es un tema vital de la economía, uno de los problemas principales a resolver en la economía productiva venezolana», aseguró.
En este sentido, instruyó directamente al vicepresidente sectorial de economía, Tareck El Aissami; a ministra de finanzas, Delcy Rodríguez y a las demás carteras ministeriales relacionadas con la economía, a «trabajar encima» del séptimo vértice de la Gran Misión Agrovenezuela, referente a la intervención de la cadena productiva.
«Tienen que buscar el punto donde hagamos la contraofensiva en el tema de precios internos de la eocnomía nacional, en medio de un modelo de guerra económica que el pueblo venezolano ha asumido», insistió.
A juicio del líder chavista, el Estado juega un papel fundamental en la regulación y el «acceso a precios justos y equitativos», una idea en la que ha insistido el chavismo en sus 21 años de gestión y especialmente el propio Maduro, desde que llegó a la presidencia.
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Un historial de control de precios
El control de precios es un viejo conocido del gobierno chavista. Esta política alcanzó su punto álgido con la promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos en 2014, lo que condujo a unos años 2015 y 2016 en los que las regulaciones fueron la norma.
Como consecuencia, se proliferaron las colas para adquirir productos regulados y se hizo común la práctica del «bachaqueo», la venta de bienes con precios fijados en el mercado negro, con un valor mucho más elevado.
El pulso del comercio no resistió más las regulaciones y empezó a subir los precios durante 2017, mientras que Maduro hizo vista gorda progresivamente hasta abandonar su política regulatoria.
Desde ese entonces, ha reciclado sus prácticas fiscalizadoras en diversas ocasiones, con programas de fijación de precios que se anuncian y son abandonados a las pocas semanas.
En septiembre de 2017, el oficialismo anunció el lanzamiento del ‘Plan 50’, que contemplaba la regulación de 50 bienes y servicios básicos para la población venezolana. La intención era establecer mesas técnicas con los productores para acordar márgenes de precios «respetando los costos de producción» y prometió actualizaciones contantes para seguirle el paso a la hiperinflación, un esquema que apenas se aplicó.
El 2018 inició con más restricciones al comercio, con la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los derechos socioeconómicos (Sundde) en las cadenas nacionales y regionales de supermercados, mediante la orden de restablecer los precios que marcaban hasta el 15 de diciembre.
Un intento por retomar el ‘Plan 50’ a mediados de junio fue infructuoso y en agosto de 2018 hizo un nuevo intento, con la publicación de una lista de 25 alimentos de primera necesidad que debían ser regulados. La hiperinflación provocó que esta decisión fuese ignorada.
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Una vez más
Dos años después de haber dejado de lado las constantes regulaciones -más allá de algunos casos concretos-, el oficilismo impulsa una nueva narrativa reguladora.
En las últimas semanas intervino a la cadena de farmacias y tiendas de conveniencias, Farmatodo, que se vio en la obligación de reducir los precios de 20 productos por orden del Ministerio de Comercio Nacional.
Bajo la gestión de Eneida Laya, el Ministerio de Comercio Nacional mantuvo conversaciones con representantes de Intercable para acordar el «mejoramiento del servicio». Apenas unos 10 días más tarde, el gobierno chavista abrió procedimientos administrativos contra las teleoperadoras Intercable y NetUno ante el «aumento indiscriminado» de sus tarifas.
Ahora Maduro ordena a la totalidad de su gabinete económico a trabajar en materia de regulaciones, en una economía parcialmente dolarizada y que aún sufre los embates de la hiperinflación.
