Maduro, las sanciones y la mutación en la economía venezolana
La economía venezolana suma casi una década desde que comenzó su derrumbe, mucho antes de las sanciones internacionales. El modelo implementado por el chavismo, que se advertía insostenible, colapsó en 2013 luego de un lustro con la renta petrolera en declive. Las medidas de la Casa Blanca en la era Trump han tenido impactos, aunque la evaluación de los efectos sea un debate aún en desarrollo
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, determinó que las sanciones impuestas desde Washington en los últimos cuatro años al madurismo “probablemente” agravaron la ya acentuada crisis económica en Venezuela y dificultan la operatividad de las asociaciones humanitarias en el país. Se trata de un informe emitido por una instancia del Congreso norteamericano que apunta como recomendación a la administración de Joe Biden hacer más «para eliminar los obstáculos» en materia de acción humanitaria.
Resalta la investigación de la GAO de EEUU que las medidas coercitivas, particularmente las dirigidas a Pdvsa en 2019, «probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo». Sin embargo, advierten que la caída de los precios del petróleo y la mala gestión de la empresa nacional también afectaron el desempeño de la economía.
Antes de las sanciones
La economía venezolana sufre consecuencias por los manejos que ha tenido desde hace al menos una década. La producción de crudo viene bajando desde 2008, paradójicamente el año en el que el barril venezolano tuvo el precio más alto en la historia. Fue también cuando, en su momento de mayor bonanza, Hugo Chávez endeudó más al país. Con ello, logró operar mucho más dinero para financiar su revolución bolivariana, aumentar el gasto público e inundar el país con importaciones.
Hay que tomar en cuenta que la nación es monoexportadora, una característica acentuada en tiempos de chavismo. En 1998 la renta petrolera significaba el 69% del total de las exportaciones de Venezuela. Para 2008 el porcentaje aumentó a 90% y en 2013 superó 96%, mientras desde Miraflores se prometía que se pretendía avanzar hacia una economía diversificada.
La inviabilidad del modelo ya se advertía hace más de una década, cuando las distorsiones prendían alarmas. Pero en el gobierno nadie estaba dispuesto a escuchar. El Banco Central de Venezuela admitía el informe Venezuela en Cifras de febrero de 2015 que «entre 1999 y el 2013, la Demanda Global creció 118%; mientras que el Producto Interno Bruto creció menos de la mitad, con un 57%».
Ese consumo privado solo era sostenible con un aumento de las importaciones, y por tanto más endeudamiento. Un método nocivo pero que al gobierno le funcionaba. Después de todo, estaba claro que la popularidad de la revolución bolivariana bailaba al son del chinchín de las máquinas registradoras, como lo demuestra una evaluación de Econométrica que registraba además cómo el PIB per cápita del sector comercio aumentaba 40% mientras el de manufactura decrecía 10 a 15 por ciento anual.
En 2011 el país ya sufría de escasez de productos. La leche desapareció, primero en Táchira, y luego en el resto del país. Acaparó titulares cuando el desabastecimiento llegó a Caracas. El gobierno hablaba entonces de «acaparamiento» y acusaba al sector privado. Fue el año de la implementación de la Ley de Costos y Precios Justos que tanto se advertía golpearía directamente la disponibilidad de productos. Entonces se vivía una danza en los anaqueles: cuando aparecía la leche, desaparecía el azúcar, luego el café, más tarde el papel higiénico. No en balde, en 2013 Elías Jaua, siendo ministro, decía “¿ustedes quieren patria o papel tualé?”.
Cualquier revisión de la evolución del PIB venezolano confirma que llegado 2013 el sistema basado en altos precios petroleros combinados con altísimo endeudamiento colapsó. Entonces comienza el gran derrumbe de la economía venezolana. Y aún no había sanciones de ningún tipo. Ni siquiera el gobierno de Barack Obama había declarado aún a Venezuela como una «amenaza extraordinaria», como ocurrió dos años más tarde. En 2014 fue la primera vez que Nicolás Maduro habló de «guerra económica».
En 2015 el país pasó a ser considerado como escenario de una Emergencia Humanitaria Compleja, y en 2016 Human Rights Watch determinaba que «hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una crisis: No han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podría mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos».
También, recordaba que «mientras el gobierno sigue sosteniendo que no hay una crisis, los derechos a la salud y la alimentación de los venezolanos se siguen vulnerando gravemente, sin perspectivas de que esto tenga un fin. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó en septiembre de 2016 que Venezuela ha experimentado un ‘drástico deterioro en el disfrute de los derechos económicos y sociales, a la vez que se propaga el hambre y se produce un brusco deterioro en la atención de la salud'».
Entretanto, Delcy Rodríguez afirmaba ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que en Venezuela «no hay crisis humanitaria. No la hay. Lo afirmo con toda responsabilidad». También decía que el país importaba comida suficiente «para alimentar a tres países del tamaño de Venezuela».
En su informe, HRW ponía el acento en la acción del régimen sobre la asistencia humanitaria, recalcando que Miraflores «solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional, y estas no han aliviado la crisis satisfactoriamente. A su vez, ha rechazado una iniciativa de la Asamblea Nacional para facilitar la provisión de asistencia adicional. En mayo de 2016, el Presidente Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo que bloqueara una ley adoptada por la Asamblea Nacional, donde actualmente hay mayoría opositora, que habría facilitado la asistencia humanitaria internacional y autorizado el envío de medicamentos desde el exterior (…) Diversas ONG humanitarias que trabajan en Venezuela dijeron a Human Rights Watch que enfrentan obstáculos para brindar ayuda humanitaria en el país».
Ese año 2016 fue el que dejó escenas como las retratadas por el fotógrafo Cristian Hernández para la revista Clímax, y que se hizo viral a escala internacional.
Pero no fue la única que retrató el fotógrafo, dando imagen a la crisis que ya se denunciaba mientras las autoridades la negaban, minimizaban o, en el mejor de los casos, atribuían a una «guerra económica».
Primero fueron individuos
El informe de la GAO de Estados Unidos analiza el impacto de las sanciones desde 2015. Ese año se aplicaron medidas contra personas, particulares, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro pero no contra instituciones del Estado. En muchos de los casos, el régimen optó por atornillar a esos individuos, ascenderlos y hasta premiarlos, más allá de las consecuencias que traerían para el manejo del Estado. Hubo un caso en el que se cumplieron las tres cosas: Simón Zerpa.
Fue sancionado en julio de 2017 cuando era vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela, presidente del Banco de Desarrollo estatal Bandes, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) y viceministro de Inversiones para el Desarrollo y director de Bancoex. Sí, tenía todos esos cargos. Cuando fue incluido por EEUU en la lista OFAC, Zerpa fue condecorado con la espada de Bolívar en acto público y ratificado en sus cargos impedido como estaba de negociar con empresas e instancias estadounidenses -o con actores que quisieran evitar «rayarse» frente a la Casa Blanca- y por tanto una complicación para realizar sus funciones.
En octubre de 2017 fue nombrado ministro de Economía, y estuvo como vicepresidente de Finanzas de Pdvsa hasta febrero de 2018. En septiembre de 2020 fue destituido del gabinete ministerial y pasó a presidir el Banco Bicentenario. Delcy Rodríguez asumió la cartera de Economía desde entonces, en doble rol también como vicepresidenta ejecutiva.
Desde 2008, Estados Unidos y otros países han dictado sanciones personales a más de 200 personas en Venezuela. Las causas han sido relaciones con las FARC, violación a derechos humanos, represión política y uso desproporcionado de la fuerza, lavado de dinero, ataque a las instituciones democráticas del país (por declaratoria de «desacato» a la Asamblea Nacional) y convocatoria a una constituyente ilegítima, socavamiento de la democracia desde los cuarteles, fraudes electorales, persecución a opositores y defensores de derechos humanos, intervención de partidos políticos, desfalco al Tesoro de la nación, enriquecimiento a partir de la crisis eléctrica, tráfico ilegal de oro, vínculos con los «narcosobrinos» de Cilia Flores, corrupción en el programa de los CLAP y corrupción en el sistema de entrega de pasaportes y funcionamiento del Saime.
Llegó el lobo
El 25 de agosto de 2017 se dictó la primera medida no personal: prohibición de realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de los órganos o entes del Estado venezolano, incluida la empresa Pdvsa, por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en Estados Unidos.
Ese mismo año y el siguiente, los flujos de capitales de Maduro siguieron cerrándose. Incluso China ya no prestaba dinero fresco a Caracas. Los préstamos, por ejemplo del China Development Bank (CDB), pasaron de 5.000 millones de dólares en 2015, a 2.200 millones en 2016 y cero en 2017.
El Observatorio Venezolano de Finanzas registra que la economía venezolana se ha contraído un 90% desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013. Este año 2021 comienza para el país como el cuarto en hiperinflación.
Un informe elaborado por Transparencia Venezuela sobre las sanciones internacionales reporta que centros de investigación y organizaciones civiles, así como artículos de opinión de expertos y analistas políticos, coinciden en que las sanciones económicas han tenido impacto macroeconómico y en la población, pero hay discrepancias significativas respecto a la magnitud del impacto y sus resultados.
También, que otro grupo de expertos plantea que el impacto de las sanciones es marginal respecto al profundo daño macroeconómico, social, institucional y político provocado por las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y más allá, el documento sostiene que las sanciones han puesto un freno al abuso sin límites de los recursos públicos en Venezuela, le ha disminuido el margen de maniobra para atender los intereses de grupos que contribuyen con su sostenimiento en el poder, han bajado drásticamente la posibilidad del gasto clientelar para manipular a las bases de la población, han reducido las posibilidades de desviación de fondos públicos, y han ocasionado la pérdida de apoyo popular y creciente movilización social en defensa de acceso a servicios.
Todo ello, no obstante, mientras la precarización de la economía ha hecho más dependientes a un grupo de la población venezolana del programa CLAP y de los bonos del sistema patria, lo que aumenta el poder de coacción social del gobierno; amén de haberle dado a la propaganda oficial un «chivo expiatorio».
Por su parte, un estudio de la consultora Anova establece que el efecto sobre la economía luce menos devastador de lo que se ha dicho. Ese análisis revela que hubo un aumento en la importación de alimentos y medicinas por el orden de los 44 millones de dólares y 21 millones de dólares respectivamente. Además, disminuyó la velocidad mensual en la caída de las importaciones de alimentos y de medicinas, lo que según el análisis corresponde a una estabilización en el consumo de estos productos.
Esos escenarios también han impulsado esquemas de mafias y corrupción, como los personificados en los pujantes negocios de Álex Saab en Venezuela por ejemplo, además del surgimiento de una «economía de bodegón». Luego, se ha redefinido el rol del sector privado. Lo admitía Delcy Rodríguez cuando afirmó el 2 de febrero de 2021 que hubo mayor distribución de alimentos gracias al peso que tuvo el sector privado, como parte de una transformación del «modelo rentista a una economía productiva».
Pero más comida no es gente comiendo más, ni mejor. En su más reciente informe, la ONG Ciudadanía en Acción registra que la disposición de alimentos en el país cubre apenas 44% de lo requerido, y las regiones Guayana, Oriente, los Llanos y Zulia tienen los índices más críticos de déficit de alimentos. Sin embargo, ciertamente contabiliza que la disponibilidad de alimentos en general aumentó en un 14% en comparación con 2019 gracias al sector privado.
Las sanciones fueron hechas para presionar por cambios políticos internos, un objetivo que no se ha logrado. El gobierno de Nicolás Maduro decidió cerrar las vías democráticas para ello, por lo tanto alargando la aplicación y los efectos de esas medidas. Se pudiera argumentar que la responsabilidad en los impactos sociales es entonces es compartida: unos por accionar castigos, otros por atrincherarse dejando a la sociedad en la línea de fuego al priorizar el control del poder.
Entretanto, Venezuela ha perdido años, vidas, oportunidades y gente por su economía precaria, como lo retrata el trabajo especial El rostro de la pobreza, producido por TalCual.
Sobre este tema, le invitamos a escuchar este episodio de Palabra Hecha Podcast dedicado a las sanciones y su impacto en la economía venezolana. El audio se encuentra en Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Ivoox, o en este reproductor:
