Maduro pretende reactivar Bauxilum luego de más de 17 meses paralizada

El reinicio de operaciones de la empresa básica de Guayana incrementaría un consumo eléctrico que el Estado es incapaz de satisfacer

Con la promesa de una producción mensual de 18.000 toneladas, Nicolás Maduro anunció la reactivación, para el próximo viernes 15 de marzo, de la CVG Bauxilum, principal productora de alúmina -insumo básico para la producción de aluminio- del país que lleva más de 17 meses paralizada “por la pésima administración”, situación que crea más dudas que certezas sobre el cumplimiento de la meta trazada por el Ejecutivo.

Según trabajadores y sindicalistas de la empresa estatal, es imposible que el gobierno de Maduro logre reactivar la producción de la noche a la mañana por el abandono y deterioro en el que se encuentra la compañía. Debido a la nula inversión, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo y el deterioro de las plantas, de los motores y de la instalación eléctrica, la producción de Bauxilum fue bajando a partir de 2014 -apenas un año después de que Maduro asumiera la Presidencia- hasta paralizarse a finales de 2017.

«En la planta ni siquiera se escucha un taladro, una segueta o un martillo, además el ausentismo laboral ha sido tremendo por la falta de transporte y de alimentos porque no hay comedores”, expresó José Basanta, representante sindical de Bauxilum.

En 2017, la planta de Los Pijiguaos, al sur del estado Bolívar, apenas extrajo 242.000 toneladas métricas de bauxita, 4% de su capacidad instalada; mientras que la producción de la planta de Matanza fue solo de 212.000 de 2 millones de toneladas de alúmina calcinada que puede manufacturar.

Trabajadores denunciaron que las últimas dos personas encargadas de Bauxilum fueron “instrumentos del chavismo para arruinar la empresa”. Entre 2011 y 2016, cuando José China fue presidente, la producción de bauxita cayó de 41% a 15% y la de alúmina de 60% a 23%. Pero fue durante la gestión de Leslie Turmero, que inició en 2016, cuando la empresa se paralizó.

Maduro anunció el plan de reestructuración de la empresa un día antes de que los principales clientes de Bauxilum –Venezolana de Aluminio (CVG Venalum) y Aluminio del Caroní (CVG Alcasa)– quedaran totalmente inoperativas tras el mega apagón registrado a las 4:50 pm del día jueves 7 de marzo, que dejó a oscuras a toda Venezuela, incluso por más de 100 horas en algunas zonas del país.

Políticos, ingenieros eléctricos y sindicalistas de la Corporación Eléctrica de Venezuela afirman que el gobierno de Maduro no ha sido capaz de revertir el proceso de destrucción en el que se encuentra el sistema eléctrico nacional a pesar de que la demanda ha caído por la migración de millones de venezolanos al exterior y la caída de la actividad industrial y comercial por la contracción económica. La reactivación de la empresa Bauxilum incrementaría un consumo eléctrico que el Estado no está en capacidad de satisfacer, por lo que resta preguntarse con cuál energía prevé el gobierno reactivar la empresa.

Un gobernante desesperado

Maduro no solo prometió reactivar la producción de la empresa básica, también ordenó discutir los contratos colectivos de los trabajadores del Complejo Industrial de Guayana. “Yo sé lo que significa discutir un contrato colectivo y luchar por la seguridad industrial. Esa es mi vida, yo no estoy guiado por asesores de marketing. Me siento feliz de pertenecer a la clase obrera”, dijo recientemente.

Para Basanta Maduro está desesperado, principalmente porque un día antes de hacer el anuncio, el martes 5 de marzo, el diputado Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional y juramentado como presidente encargado de Venezuela, se reunió en el Colegio de Ingenieros de Caracas con trabajadores y dirigentes sindicales de la administración pública y de empresas del Estado.

“El gobierno obligó a los poquitos trabajadores que estaban en las empresas básicas para que asistieran a la actividad que se transmitió en la tarde del miércoles por VTV, y aun así ni siquiera lograron llenar de gente el lugar. Esto fue un acto de desespero de Maduro, quien además ordenó discutir los contratos colectivos cuando fue él quien los violó y eliminó”, dijo.

Desde hace más de cinco meses, trabajadores públicos han exigido en la calle el respeto a las contrataciones que, denuncian, sí fueron eliminadas tras el incremento salarial de 5.900% que decretó Maduro el 17 de agosto pasado, que subió el sueldo mínimo de 30 a 1.800 bolívares. Señalan que les quitaron los beneficios laborales con la implementación del instructivo de aplicación para la administración pública, en el que se publicaron los tabuladores del personal obrero y del administrativo, que alteró primas y compensaciones.

Basanta indicó que desde hace más de seis meses no tienen comedor y que además a los empleados que habitan en Ciudad Bolívar y en Upata se les ha complicado la asistencia a sus puestos de trabajo por fallas en el transporte. Tampoco cuentan con póliza de HCM (hospitalización, cirugía y maternidad) para cubrir gastos médicos. “Una cantidad importante de trabajadores con larga experiencia se ha ido por la difícil situación de la empresa y del país”.

En un comunicado, dirigentes sindicales e integrantes del Movimiento Trabajadores VP del estado Bolívar respaldaron al diputado Guaidó: “Los dirigentes apoyamos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres para así tener un gobierno que esté con los trabajadores y una Venezuela llena de progresividad, oportunidad y bienestar para la población”.

Richard Flores, secretario general de Cabelum, ve con optimismo los encuentros de Guaidó con gremios sindicales de todo el país. “El presidente interino ya ha recibido de parte de varios representantes de diversos sectores un plan de recuperación de casi todas las industrias sin afectar los puestos de trabajo”, señaló.

Los representantes sindicales exhortaron a la población a que no olvide los “despidos injustos de cientos de trabajadores por no apoyar el régimen de Maduro” ni las detenciones de empleados y dirigentes sindicales por defender los beneficios y derechos laborales, como el caso de Rubén González, preso en la cárcel de La Pica desde el viernes 30 de noviembre.