Márchate, por Teodoro Petkoff
Ayer Isaías Rodríguez anunció que se abstendría de solicitar el antejuicio de mérito para los altos oficiales acusados de participación en el golpe del 11 de abril, hasta tanto el Tribunal Supremo responda a las solicitudes de recusación en su contra. Ya antes había designado una «comisión de veedores», ajena a la Fiscalía, para que supervisara las investigaciones sobre la masacre del 11 de abril. En ambos casos, el fiscal, implícitamente, admite la pertinencia de los cuestionamientos que se hacen a la imparcialidad del organismo a su cargo. Al margen de que no las comparta, Isaías acepta que los ciudadanos tienen razones para desconfiar. Esto ya debería ser suficiente para que un político avezado y sensato como él comprenda que una de las fórmulas más expeditas para propiciar soluciones políticas a la presente crisis sería precisamente la renuncia de los integrantes del Poder Ciudadano, para que la Asamblea Nacional, esta vez ateniéndose escrupulosamente a los procedimientos pautados en la Constitución, designe a los nuevos titulares. Para los actuales no es un secreto que sus cargos los deben al anterior desbalance existente en la Asamblea, cuando dos tercios de sus integrantes actuaban como una aplanadora y, en aquellas circunstancias, pudieron saltarse las normas constitucionales y con base en un artilugio leguleyesco imponer su voluntad. (Aunque, a pesar de todo, negociando: no debe olvidarse que el Poder Ciudadano y el Tribunal Supremo fueron designados en una suerte de «paquete» y que el ñemeo, muy al estilo de la Cuarta República, incluyó a algunos de los partidos de oposición que hoy se rasgan las vestiduras; a cada uno de los cuales le tocó su «cuota» de magistrados.)La renuncia del Poder Ciudadano y la posterior elección de los sucesores serían producto de una Asamblea donde las fuerzas están equilibradas y por tanto los dos tercios necesarios para designar los nuevos titulares sólo podrán lograrse en torno a candidatos de evidente imparcialidad, porque de lo contrario no habría acuerdo posible. Un paso como este sería una formidable contribución al restablecimiento de los contrapesos entre los poderes y a la creación de una instancia más confiable para el reclamo ciudadano. Es evidente que el esmeril de la crisis política ha mellado en tal forma el filo de las instituciones públicas, de la presidencia para abajo, que hasta el MVR ha comenzado a pasearse por fórmulas políticas para dar salida a la presión explosiva. En este sentido, apelar al sentido patriótico de los integrantes del Poder Ciudadano no sería ocioso. Su renuncia forma parte de las alternativas no traumáticas a las peligrosas contingencias que se asoman en el horizonte.
