Marino Alvarado: Para el gobierno la solidaridad es un acto subversivo
Marino Alvarado, integrante del consejo consultivo de la ONG Provea, afirma que al gobierno de Nicolás Maduro «le incomoda y atormenta la organización autónoma del pueblo. Buscan controlar más las organizaciones sociales y comunitarias, creen que Venezuela es un cuartel y buscan imponer sumisión», de allí sus esfuerzos por impulsar desde la AN legislaciones que perjudiquen a las ONG que operan en Venezuela
Jolguer Rodríguez Costa | El Tiempo
Según el activista y asesor de Provea, Marino Alvarado, la Ley de fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que adelanta la Asamblea Nacional (AN) pretende criminalizar y someter cualquier manifestación contraria a la revolución. Considera que un régimen «con grandes niveles de corrupción pudiese desviar los fondos para la gente a actividades partidistas y paramilitares».
—Tras aprobarse en primera discusión una ley que controla las ONG, ¿en qué quedarían estas organizaciones?
—Condenando que esa pretensión se convierta en ley y evitando nos distraigan restando fuerza a nuestro trabajo.
—El presidente del Psuv integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, dice que las ONG hacen política e, incluso, desestabilizan.
—Su permanente promoción del odio y la discriminación lo convierten en uno de los principales desestabilizadores. Le incómoda seamos críticos, ejerzamos contraloría social sobre el poder y no nos intimidemos ante sus amenazas.
—También alega que reciben financiamiento del exterior para «atacar al pueblo» y «conspirar contra el país».
—Recibimos cooperación internacional que la usamos para apoyar a los más necesitados, los que el Gobierno abandona. Los que gobiernan han calificado a la solidaridad como un acto subversivo.
—¿De dónde provienen los recursos de las ONG?
—De múltiples fuentes, algunos reciben cooperación nacional; en el caso de Provea recibimos cooperación internacional, quien revise nuestras publicaciones notará que anunciamos quién coopera con la publicación.
—¿La labor de las ONG a favor de la población?
—Son muy diversas las actividades desde donar medicamentos, construir escuelas y dar clases en zonas populares, distribuir alimentos, brindar asesoría jurídica gratuita, apoyar eventos culturales y deportivos, dar formación básica en comunidades para que inicien emprendimientos.
—¿Los efectos de la fiscalización de las ONG?
—Que sea el Gobierno quien diga a quién se pudiese apoyar y a quien no, un gobierno que discrimina por razones políticas y con altos niveles de corrupción pudiese desviar los fondos logrados para la gente a actividades para su partido o sus grupos paramilitares.
—En el fondo, ¿qué busca el régimen con esta intervención?
—Le incomoda y atormenta la organización autónoma del pueblo. Buscan controlar más las organizaciones sociales y comunitarias, creen que Venezuela es un cuartel y buscan imponer sumisión.
—¿Tendrá efecto la declaración del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien pidió al Gobierno que establezca un «amplio proceso consultivo» sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales?
—Las voces del sistema internacional de protección siempre son importantes. Ojalá hable más alto y claro.
—Mientras, ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos que siguen practicando en Venezuela?
—El derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, siguen realizando ejecuciones extrajudiciales, practicando la tortura. Dos personas murieron por tortura en 2022 uno de ellos un funcionario del Cicpc asesinado por integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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—¿Influirá el hecho de que en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega ha cerrado en los últimos años más de tres mil ONG?
—Quienes detentan el poder en Venezuela se copian de otros gobiernos autoritarios, no me extraña quieran avanzar al estilo Nicaragua. Acá nos tendrán resistiendo.
—Por cierto, ¿influiría en el gobierno venezolano la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses?
—Este es un Gobierno que no piensa ni gestiona libertades, su empeño es encarcelar y generar sufrimiento.
—¿Cuáles organizaciones y gremios se han solidarizado con las ONG en Venezuela?
—Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, así como también del sistema internacional de protección.
—El proyecto de ley contempla multas de hasta 12 mil dólares a las asociaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y origen de las donaciones. ¿Tendrían suficientes fondos estas organizaciones como para poder pagar dicha cantidad?
—No pudieran la casi totalidad pagar esas multas y serías recursos que bien podrían usarse para, por ejemplo, promover actividades deportivas y culturales, que el Gobierno se apropiaría tal vez para destinos nada favorables a la población.
—¿Se podría llegar a un acuerdo más equitativo con el Gobierno?
—Ese proyecto de ley no hay forma de acomodarlo. Los derechos no se negocian, se exigen y defienden y el Estado debe garantizarlos. Nosotros seguiremos exigiendo y defendiendo el derecho de asociación.
De perfil
Hace 27 años, Marino Alvarado comenzó en Provea su carrera profesional como investigador de la situación de derechos humanos en Venezuela. Desde 2008 hasta 2014 fue Coordinador General de esta institución. En 1995 se graduó de Abogado en la UCV, donde obtuvo una especialidad en Derecho Internacional Económico.
Ha sido litigante en tribunales nacionales e instituciones internacionales. Actualmente labora en Amnistía Internacional sección Venezuela y es miembro del consejo consultivo de Provea. En el 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos entregado por la Embajada de Canadá.
Es columnista en diversos diarios de circulación nacional. Como activista ha organizado coaliciones, plataformas y redes para enfrentar las problemáticas comunes. Eso lo ha convertido en un motor fundamental para iniciativas como el Foro por la Vida, campañas contra la Criminalización de la Protesta o emprendimientos regionales, como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y Desarrollo.
