Más de 2.700 víctimas venezolanas insisten a la CPI que ratifique investigación
Las víctimas venezolanas ratificaron que la investigación de la CPI es una oportunidad única para que se les escuche, se ponga fin a la impunidad y se impidan futuros crímenes en el país. Sus consideraciones coinciden con el informe entregado por el fiscal Karim Khan, quien alega que el Estado venezolano no posee la estructura legal para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, tampoco investiga a la cadena de mando (solo se limita a perpetradores) y tampoco juzga los delitos en base a persecución, torturas, privaciones arbitrarias de libertad, violación o abuso sexual, sino que las acusaciones se cambian o «diluyen»
Más de 2.700 víctimas venezolanas insistieron a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) que ratifique la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) reunió las opiniones de 2.684 víctimas individuales y 104 familias, que enviaron 172 documentos que fueron remitidos a los jueces de la Sala de Apelaciones. Aseguraron que los crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo en el país, incluso después de que se emitiera la decisión de autorizar al fiscal de la CPI de proseguir con la investigación.
Las víctimas venezolanas alegaron que la administración de Nicolás Maduro no está dispuesta y es incapaz de llevar a cabo investigaciones sobre estos presuntos crímenes, además de enjuiciar a los autores de estos hechos. Alegaron que el sistema judicial venezolano se caracteriza por la falta de independiencia, imparcialidad, capacidad o recursos; así como de violar recurremente el debido proceso y «proteger» a los autores materiales e intelectuales.
Los procedimientos penales internos, según los comentarios recibidos, son extremadamente limitados y no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal de la CPI, que incluye los delitos de asesinato (ejecuciones extrajudiciales), encarcelamiento u otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, deportación y persecución por razones políticas.
Las consideraciones de las víctimas coinciden con el informe entregado por Karim Khan. Según el fiscal de la CPI, el Estado venezolano no posee la estructura legal para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, tampoco investiga a la cadena de mando (solo se limita a perpetradores) y tampoco juzga los delitos en base a persecución, torturas, privaciones arbitrarias de libertad, violación o abuso sexual, sino que las acusaciones se cambian o «diluyen».
Además, las víctimas venezolanas ratificaron que la investigación de la CPI es una oportunidad única para que se les escuche, se ponga fin a la impunidad y se impidan futuros crímenes en el país.
También se reiteraron las «preocupaciones de seguridad, ya sea para la(s) víctima(s) que presentaban opiniones y preocupaciones, sus familiares, las personas u organizaciones que asistían a las víctimas, los abogados, etc., independientemente de si residían actualmente en Venezuela o en otro lugar. Las víctimas mencionaron sistemáticamente el miedo a las represalias».
Por esta razón, solicitaron a los jueces de la Sala de Apelaciones que se mantenga la confidencialidad de su identidad, que los procedimientos sean expeditos y transparentes; así como la divulgación y comunicaciones regulares con las víctimas en español; y una participación genuina en potenciales procedimientos judiciales futuros.
La Sala de Apelaciones de la CPI escuchará el informe durante la audiencia para decidir si continúa la investigación sobre Venezuela, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. En dicho proceso también partiparán representantes del Estado venezolano, la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas y el fiscal Khan.
El proceso dentro de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad comenzó en el año 2018 y el pasado 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I ordenó que la investigación continuara, pese al rechazo de Miraflores. La administración Maduro apeló la decisión,
