Más de 201 millones personas en América Latina viven en pobreza, afirma la Cepal
Las tasas de pobreza en la región latinoamericana se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia, con más de 200 millones de personas en esa situación. Esta cifra supone un aumento de 15 millones de personas con respecto a 2019
El informe Panorama Social 2022 proyecta que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema. El organismo regional llama a abordar con urgencia la crisis silenciosa de la educación para evitar el riesgo de una generación perdida.
Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 presentado este viernes 25 de noviembre en Santiago de Chile y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.
«Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por covid-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia», explica la publicación.
De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).
La Cepal proyecta que a fines de 2022 la pobreza se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones), es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.
Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, subraya el organismo regional.
Al igual que en años anteriores, la Cepal señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.
En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019.
En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.
«La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe», planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Cepal, durante la presentación del documento.
«No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones», advirtió el alto funcionario, quien llamó a los países a invertir decididamente en educación y a convertir esta crisis en una oportunidad para transformar los sistemas educativos.
Hacer efectivo el gasto en educación
América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad. En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.
De no actuar ahora, la Cepal advierte sobre el «riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes» de la región. De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).
Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.
Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para el año 2030. En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad de transformación.
La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la Cepal en el Panorama Social 2022.
El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PIB en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PIB en 2021, marcando un nuevo máximo histórico.
En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. «Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es 6 veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria», especifica la publicación.
«Estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades y carencias de la región. No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras y ambiciosas», reiteró José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Cepal.
«Se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre», apuntó el alto funcionario e instó a los países a construir «nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región».
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