Menores excarcelados todavía pueden enfrentar penas de hasta 30 años
Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, organización que promueve la defensa y documentación de casos relacionados con presos políticos y asesinados en protestas, señaló que después del 28 de julio se pudieron evidenciar nuevos patrones represivos, como la precalificación de delitos
Con una sonrisa, un llanto y un aplauso, los padres de Adrián* lo recibieron cuando salió de los tribunales el 1 de septiembre. El adolescente de 17 años forma parte de los 86 jóvenes excarcelados, de acuerdo a la cifra divulgada por el Foro Penal.
Adrián* fue detenido mientras transitaba por una avenida de la ciudad donde reside con sus padres. Nunca formó parte de una protesta. Las primeras horas de su detención, sus padres desconocían su paradero, hasta que le permitieron hacer una llamada a las dos de la mañana.
“Mamá, estoy bien”, fue lo primero que dijo, pero no pudo revelar su ubicación porque desconocía el lugar en donde estaba. Después de esa primera llamada, los padres comenzaron a “ruletear” la ciudad.
Primero estuvo en un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, posteriormente lo trasladaron a un centro de detención para adultos y terminó en el Instituto Nacional del Menor (INAM). Las primeras noches recibió tratos indebidos. “Los primeros días fueron de maltrato, nos dejaron esposado afuera y no nos daban de comer”, contó Adrián*. El “alivio” llegó cuando fue trasladado al INAM y lo “trataban mejor”, pero el miedo estaba presente todos los días porque temía no salir.
Esa realidad cambió cuando -sorpresivamente- recibieron la llamada del director del INAM. Indicó que Adrián* estaba en la lista de los adolescentes que irían a los tribunales y, posteriormente, sería excarcelado.
Una salida con medidas cautelares
Adrián*, al igual que Victoria Morillo, de 16 años, aseguran que nunca formaron parte de las protestas. Aunque, ser parte de ellas no representa un delito, como afirmó el director de Cecodap, Carlos Trapani, en una entrevista anterior con RunRunes.
Sin embargo, como los 86 niños excarcelados, salieron con una serie de medidas cautelares. A Adrián* le imputaron cuatro cargos: terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública.
La audiencia fue telemática y estuvo en manos de un juez de menores, indicaron los padres del joven. Después de los cargos, dejaron instrucciones específicas: prohibición de salida del país, no ofrecer declaraciones sobre lo sucedido, régimen de presentación cada ocho días, durante 45 días, y seguir estudiando.
“Es una batalla agridulce. Estamos contentos porque el muchacho está con nosotros, pero cuando pensamos en todos los cargos y las prohibiciones, solo pensamos que es injusto”, dijo el padre de Adrián*.
Nuevos patrones represivos
Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, organización que promueve la defensa y documentación de casos relacionados con presos políticos y asesinados en protestas, señaló que después del 28 de julio se pudieron evidenciar nuevos patrones represivos.
“Hay varios puntos que han sido novedosos. El primero de ello es que el fiscal general precalificó los hechos y esto no es debido. Cuando a una persona se le acusa, debe haber una investigación penal previa, pero esto no sucedió y aseguró que todos serían imputados. Todas las personas que han salido de prisión han sido imputadas”, indicó.
Tineo explicó que todas detenciones son consideradas arbitrarias porque no se cumplió lo que establece la ley venezolana y en el caso de los adolescentes es más grave porque se pasó por alto la presunción de inocencia y en las primeras horas sus padres desconocían su paradero.
En el artículo 529 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) se deja claro: “Ningún adolescente puede ser procesado ni sancionado por acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la ley penal, de manera expresa e inequívoca, como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado”.
A esto le sigue el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el mismo establece que una persona puede ser detenida si se encuentra cometiendo el delito o después de hacerlo, a esto se le conoce como detención en flagrancia, pero las ONGs no tienen evidencia de que los adolescentes hayan sido detenidos bajo estas circunstancias.
Como reitera el portal de Acceso a la Justicia, la Constitución de Venezuela, en su artículo 44.1, lo deja claro: “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
“Esas personas no fueron informadas de que las iban a investigar, tampoco había orden de captura. Algunas fueron desaparecidas de forma forzosa por horas, hasta que le permitieron hacer una llamada y a todas se les negó una defensa privada, lo que es una clara violación a los derechos”, enfatizó Tineo.
La representante de Encuentro, Justicia y Perdón aclaró que en -líneas generales- se eliminó la presunción de inocencia, como lo establece la Constitución en el artículo 49 numeral 2: “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”.
¿Qué sigue para los excarcelados?
“Los excarcelados tienen medidas específicas y después de que culminen los 45 días de régimen de presentación, el fiscal del Ministerio Público debe decidir si se hace sobreseimiento de la causa o serán acusados, además de si se llevará a cabo un juicio”, informó Tineo.
Los menores están siendo imputado por terrorismo, uno de los delitos más graves en Venezuela y que puede significar hasta 30 años de prisión. Tineo sostiene que, de acuerdo a la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), los jóvenes no podrían ser condenados por terrorismo.
En caso de adolescentes que tengan catorce años o más, su duración no podrá ser menor de un año ni mayor de cinco años”, dice el artículo 628 de la LOPNNA.
Tineo expresó que aún falta mucho para ver qué sucederá, también recordó que la ley que protege a los adolescentes indica que -conforme a la pena- estos deben ser rehabilitados y reinsertados en la sociedad.
28 menores continúan detenidos
Desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre, el Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón informaron sobre las excarcelaciones de grupos de niños en diferentes estados del país.
En total, 86 fueron excarcelados, pero 28 continúan privados de libertad y se desconoce el estatus de los mismos.
Algunas familias persisten e intentan resistir lo que significa tener a un hijo, hermano o nieto detenido. Como mencionó Carlos Trapani, de Cecodap en una entrevista anterior, responsabilidades como la comida, el aseo, entre otras, recaen en las personas más cercanas y se debe sortear en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
Beatriz*, una mujer de 63 años, se enteró de que su nieto estaba detenido en la madrugada del 29 de julio. El adolescente, de 17 años, iba saliendo de su trabajo cuando fue detenido alrededor de la 7:00 de la noche.
“Me enteré porque un vecino me dijo que se llevaron a mi nieto. Él no hizo nada, estaba saliendo de su trabajo, en un autolavado, y los vecinos no pudieron hacer nada. Todos tenían miedo”, aseguró Beatriz*.
La angustia se intensificó cuando no sabía a donde estaba recluido, hasta que le informaron que fue trasladado a otra ciudad. “Nos dijeron que había sido trasladado y para allá nos fuimos. Después de recorrer varios centros, nos dijeron que podría estar en el INAM”, mencionó.
Jairo*, después de recorrer varios destacamentos, fue trasladado al INAM, le permitieron ver a su abuela y a su tía, sus padres están fuera del país y quedó en responsabilidad de la adulta mayor.
“Nos permiten verlo los sábados y él se desespera. Siente que no lo van a soltar y yo le digo que tenga fe, porque es lo único que nos queda”, expresó Beatriz.
Sobre la situación de su nieto es poco lo que sabe. “No tenemos información sobre su situación. Solo nos pidieron imprimir y enviar unos documentos al tribunal de Caracas, pero no llegaron el día indicado y no sabemos si eso retrasó su salida. No sabemos nada”, reiteró.
La esperanza de Beatriz es que el Estado anuncie nuevas excarcelaciones y su nieto esté dentro de ese grupo. “No perdemos la esperanza en Dios, es lo único que tenemos”, afirmó.
“Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos tenemos que seguir haciendo ruido. Tenemos que seguir exigiendo a las autoridades que cumplan con la ley, seguir documentando y que esperar que cese estas repercusiones y este reciclaje de detenidos. Mientras tanto, es eso seguir denunciando dentro y fuera de Venezuela, esperar que no sigan aprensando a otras personas y que liberen a todos los presos políticos”, finalizó Martha Tineo de Encuentro, Justicia y Perdón.
*Algunos nombres fueron cambiados por la seguridad de los involucrados. Se suprimió del texto cualquier referencia geográfica para proteger la identidad de las fuentes.
