Metiendo miedo, por Teodoro Petkoff
Recientemente un amigo de esta casa fue citado para comparecer ante la Fiscalía y le tocó vivir una experiencia sobrecogedora. A propósito de un proceder que consideró inadecuado, por parte del fiscal que lo interrogaba, se suscitó una breve discusión que el funcionario quiso zanjar con una frase abrupta: “Así son las cosas ahora y al que no le guste el gobierno que se asile”. Desde luego que con esa siniestra imprecación no terminó el episodio, porque nuestro amigo reaccionó iracundo, pero ya ésta es otra historia. Mas, esto pone de bulto el espíritu que parece animar hoy a la institución que dirige Isaías Rodríguez –sin que esto signifique que todos sus integrantes sean pequeños torquemadas como el de esta historieta. Pero no se trata de un caso aislado ni de un exceso “temperamental”.
Tanto en el propio Isaías como en algunas de las “estrellas” del Ministerio Público reina un celo inquisitorial, políticamente fanatizado, que está muy lejos de poder garantizar los derechos ciudadanos y la vigencia del Estado de Derecho. La Fiscalía no opera como una institución del Estado sino como un brazo represivo del Gobierno. Está subordinada a los propósitos y fines políticos del chavismo. La Fiscalía franquea la entrada a ciertos tribunales específicos, cuyos jueces, en todo cuanto atañe a los intereses del oficialismo, sentencian de acuerdo con éstos. Pero antes de que un caso llegue al juzgado, la propia Fiscalía, está operando como un instrumento de intimidación, dentro de lo que luce como un plan para quebrar la voluntad opositora en el país.
¿Cómo no entender así esta orgía de “imputaciones” que adelanta el Ministerio Público? La imputación, que no es una acusación y que no necesariamente debe concluir en ella, funciona, sin embargo, como si lo fuera y, en la práctica, respecto de ciertos casos, entre la imputación y la acusación no hay diferencia. De hecho, la imputación, acompañada de solicitud de prohibición de salida del país -que los jueces disponibles diligentemente acuerdan- ya es una sanción. Estamos, pues, en presencia de un operativo de judicialización de la política, extremadamente peligroso. Los problemas políticos son despojados de tal condición y transferidos al escenario judicial. La reciente condena a Tulio Álvarez entra dentro de este contexto. Por cierto, el veto presidencial a la reforma del Código Penal no alcanza los artículos que sobre difamación e injuria permiten aplicar severas penas de prisión a los acusados de tales “delitos”. Esos artículos quedarán vigentes. Ahora bien, por desagradable que sea, la controversia política es inimaginable sin expresiones subidas de tono y sin excesos retóricos -para comprobarlo no basta sino con oír a Hugo Chávez un rato. Sobre políticos y periodistas pende, pues, la amenaza de la acusación por difamación e injuria así como la eventual condena. Pero ya la mera imputación es suficiente como herramienta de intimidación. Dentro de este contexto se inscribe, por ejemplo, la imputación reciente a Napoleón Bravo. Así son las cosas ahora. La más absoluta ilegalidad se viste de legalidad.
