Mi amigo no es corrupto, por Ricardo Monzón
Como un padre cobija a un hijo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió con los brazos abiertos a la exprimera dama de Perú, Nadine Heredia, quien amparada en la figura del asilo logró fugar de su país natal para reubicarse en San Pablo, lejos del calabozo que le esperaba tras ser condenada a 15 años de cárcel por blanquear dinero.
Heredia no escuchó los argumentos judiciales que, tras un juicio de tres largos años, concluyeron que, junto con su esposo, el expresidente Ollanta Humala, recibió 3 millones de dólares de la Caja 2 de la empresa brasilera Odebrecht, la división financiera a través de la cual la compañía (hoy renombrada como Novonor tras el conocido escándalo regional Lava Jato) coimeaba a candidatos a cargos de elección popular para luego ver retribuida su colaboración en jugosos proyectos de inversión pública.
Quizá Lula da Silva sí escuchó los argumentos del tribunal que la condenó y justamente por eso gestionó en tiempo récord y consiguió que el gobierno peruano le otorgara un salvoconducto a Heredia para arribar a Brasil al día siguiente del fallo.
El mandatario brasilero ha sido un actor presente en la vida política de Humala y Heredia. De hecho, según la Fiscalía y el Poder Judicial de Perú, Odebrecht entregó esos tres millones de dólares a la pareja Humala-Heredia en el año 2010, a través del Partido de los Trabajadores de Brasil, por orden de Lula da Silva quien por entonces ejercía su primer periodo presidencial.
¿Qué intereses hay detrás de la protección incondicional del presidente brasileño? El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, dijo que «la decisión del asilo se ha tomado en el minuto que el juzgado decidió ejecutar arbitrariamente esta condena», lo cual resulta, por decir lo menos, inverosímil.
San Pablo fue, en gran parte, escenario de las negociaciones del caso Lava Jato. La condena a Humala y Heredia valida las declaraciones de Marcelo Odebrecht, CEO de la compañía, y de Jorge Barata, representante de esta en el Perú, quienes confirmaron la existencia de la Caja 2, una contabilidad paralela que corrompía funcionarios en la región.
En Brasil, Lula fue condenado por el mismo caso Lava Jato, acusado de cometer delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, fue enviado a prisión, pero en noviembre de 2019 salió en libertad porque no se respetaron sus derechos fundamentales durante el juicio. Es decir, no fue declarado inocente ni absuelto, pero sí se truncó el proceso en su contra por razones técnicas.
Años más tarde, también por una aparente vulneración de los derechos fundamentales pero esta vez de Marcelo Odebrecht, la justicia brasileña anuló todos los juicios del caso Lava Jato. Con ello, ante un eventual pedido de extradición de Heredia a Brasil, ¿cómo se resolverá esta contradicción jurídica entre ambos países?
La ideología con la que ciertos presidentes mueven los hilos de una nación los ha llevado a utilizar el asilo como mecanismo de impunidad. Por ejemplo, en 2022 el entonces presidente peruano Pedro Castillo solicitó asilo a México luego que fuera detenido tras intentar un autogolpe de Estado. El mandatario mexicano de entonces, Andrés Manuel López Obrador, estaba dispuesto a otorgarle asilo sin tomar en cuenta los evidentes delitos que había cometido. Ese despropósito no se consumó porque Castillo ya estaba bajo custodia policial.
En 2019 López Obrador concedió también asilo al entonces presidente de Bolivia Evo Morales, quien renunció a su cargo tras las acusaciones de fraude electoral. Y al mes, el líder boliviano se trasladó a Argentina en calidad de refugiado, dos días después que el presidente Alberto Fernández, también de izquierda, asumiera el cargo.
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En 2018, el expresidente peruano Alan García también intentó lo propio en la embajada de Uruguay, quien le denegó el pedido. Pocos meses después se suicidó para no ser arrestado por la Policía. Antes, en 2002 el expresidente venezolano Pedro Carmona se asiló en Colombia tras encargarse de la presidencia de su país durante el golpe de Estado que sacó a Hugo Chávez del poder durante dos días; y en 1989, Brasil asiló al exdictador paraguayo Alfredo Stroessner, así como al expresidente del mismo país, Raúl Cubas Grau.
El asilo, una figura de relevancia mundial para proteger los derechos fundamentales de los perseguidos políticos, está siendo objeto de un abuso descarado por parte de la clase política que lo utilizan para proteger a amigos corruptos, guiados por afinidades ideológicas y conveniencias particulares.
Ricardo Monzón Kcomt es periodista peruano especialista en Política. Máster en Comunicación Corporativa por la Universitat de Barcelona. Licenciado en Periodismo y Audiovisuales con experiencia en conducción de TV, comunicación social y corporativa.
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