Militancia LGBTI y partidos políticos: líneas se rozan pero no lo suficiente (V)
Los principales partidos políticos opositores cuentan con estructuras o secretarías dedicadas la diversidad sexual. Esto se traduce en discusión y propuestas para favorecer a la comunidad LGBTI, aunque no avancen más allá de unos pocos acuerdos legislativos.
Este trabajo forma parte de la serie Orgullo 2020 de TalCual
El 19 de mayo de 2020, las alarmas de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI se prendieron. Un acuerdo de la Asamblea Nacional sobre “Acciones tendientes a Visibilizar y Mitigar el Impacto Diferenciado del COVID-19” sobre población LGBTI obligó a 16 movimiento nacionales a pronunciarse debido a lo que calificaron como un intento de “obstaculizar la materialización de progresividad en nuestros derechos, eliminando así la posibilidad del reconocimiento del matrimonio igualitario como también la identidad de género de las personas trans”.
El acuerdo aprobado por la plenaria de la AN exhorta en su quinto punto que “a las Comisiones Permanentes y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación vigente en Venezuela para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante las personas LGBTI, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la CRBV”.
Dicho artículo de la Constitución protege de forma expresa la unión civil entre “un hombre y una mujer”.
Tras los reclamos hechos por diferentes activistas, la diputada Tamara Adrián -quien propuso el proyecto de acuerdo- informó en sus redes sociales que la modificación se había hecho desde el partido Primero Justicia (PJ) a última hora. “En este momento es importante el trabajo en conjunto de los diputados y la sociedad civil para concretar la igualdad de derechos”.
A pesar que algunos diputados de la tolda amarilla explicaron que están comprometidos con el reconocimiento y la igualdad de género, evidencian las diferencias en el tratamiento de temas que afectan a la comunidad LGBTI dentro de los partidos políticos venezolanos.
Desde organizaciones oficialistas como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pasando por toldas mayoritarias y minoritarias de oposición, la mayoría dispone de secretarías o seccionales dedicadas a la diversidad sexual e inclusión de militancia LGBTI.
De los cuatro partidos mayoritarios de oposición (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), solo PJ no tiene una secretaría o instancia dedicada a estos asuntos.
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La bandera en el hemicliclo de la Asamblea Nacional
Dentro de los partidos
Yoandry Méndez, subsecretaria de Diversidad sexual de la Juventud Nacional de Acción Democrática (AD), detalla que esta instancia se creó en 2012 y tiene alcance nacional, aunque a diferencia del resto de secretarías del partido, Diversidad sexual tiene son responsables seccionales y no secretarios seccionales.
Dentro de la estructura cuentan con secretario y subsecretario de diversidad sexual, un secretario de organización y el resto de responsables de diversidad sexuales en cada estado y municipio. Al ser parte del buró juvenil de AD, pueden participar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero están en vías de conseguir su representación independiente.
“Por más que seamos un partido histórico, somos un partido policlasista que cuando fue fundado por Rómulo Betancourt se hizo basados en el cambio. En las filas de la organización siempre va a haber espacio para todos».
Méndez admite que «al principio no fue fácil, si llegabamos a un taller con 10 personas era mucho, pero ahora podemos contar con participación de hasta 60 personas en comunidades donde se expresa la homofobia. Actualmente solo nos faltan responsables en Caracas, Delta Amacuro, Guárico y Mérida, éstas dos últimas porque sus líderes se fueron del país”, señala.
Acción Democrática es un partido que ha abierto las puertas desde sus diferentes niveles, comenta la subsecretaria, “incluyendo la secretaría general presidida por Henry Ramos Allup, quien nos ha ayudado en la parte legal”.
En Voluntad Popular (VP) sí cuentan con una estructura para la comunidad LGBTIQ desde su fundación en 2009, llamada Movimiento ProInclusión, mientras que Un Nuevo Tiempo (UNT) disponen de Un Nuevo Tiempo Diverso, también una estructura nacional.
Emilio Graterón, coordinador nacional encargado de VP, explica que en el caso de su organización, los fundadores del Movimiento ProInclusión “ocupan cargos actualmente de gran relevancia. Tamara Adrián es miembro de la dirección nacional y diputada por Caracas. Somos pioneros y defensores de la igualdad de derechos para todas las personas”.
Además, el dirigente político menciona que tienen representantes de Proinclusión en todas las estructuras regionales y municipales. También resalta que dentro del plan de formación del partido “hay un módulo que aborda el tema y lo enmarca en la igualdad de derechos. Hemos luchado por la igualdad de oportunidades para la comunidad y participamos activamente en las instancias de articulación social del área. Es un tema que está en la agenda de la Mejor Venezuela”.
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Desde Un Nuevo Tiempo, su secretario de organización, Angelo Palmeri, señala que históricamente han tenido como premisa generar políticas públicas para atender a sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, «a comunidades y sectores que han sido discriminados, esos que han visto en detrimento el reconocimiento de sus derechos y que no han sido tomados en cuenta a nivel social y político».
UNT Diverso tiene una estructura nacional que se extiende hasta las coordinaciones municipales. Palmeri resalta que en todas las seccionales e instancias que componen el partido «se plantean como puntos de agenda: la igualdad básicamente como principio regente, la igualdad ante la ley, la protección de los derechos de la comunidad, la lucha en contra de la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, de raza, de credo».
Para nosotros no se circunscribe solamente al tema LGBTI, advierte Palmeri, «sino que tiene que ver con la igualdad en un sentido más amplio, que incorpora a todos los seres humanos, a las minorías».
Lo urgente y lo importante
Dirigentes y militancia LGTBI o heterosexual vinculada a los reclamos de la comunidad coinciden en que no hay temas tabú, pero la inestabilidad política y social ha retrasado que esas discusiones se lleven a instancias deliberantes y de creación de propuestas legales, como los concejos municipales, estadales o la misma Asamblea Nacional.
Gabriel González, miembro del equipo nacional de comunicaciones de Vente Venezuela, menciona que en esa organización hay “constantes espacios de formación y de debate de temas que atañen la vida de todos. Somos un partido centro-liberal, lo que genera constantemente un debate de ideas, siempre desde el respeto y por lo que discutir sobre este y otros temas no es algo excepcional, sino es lo común dentro del partido”.
Pero resalta que en medio de una emergencia humanitaria y una crisis política, “sin dudas tenemos que determinar qué es lo importante y qué es lo urgente. Hoy en Venezuela no hay República, no hay Estado de Derecho, no existe justicia porque ese sistema también está secuestrado por el régimen, entonces, aquí ningún individuo está amparado por la ley porque vivimos en un constante estado de excepción donde nuestros derechos como ciudadanos son vulnerados”.
González cree que una vez retomada la democracia “estoy seguro de que abogaremos y seremos inflexibles en la lucha para realmente exista igualdad ante la ley, que es la única igualdad que tenemos los individuos de una sociedad y que nos permitirán desarrollarnos y cumplir nuestros sueños”.
El coordinador nacional encargado de VP afirma que en su organización se han abordado todos los temas como parte de la agenda política, pero “obviamente hay debates que aún no han concluido. No hay temas de fondo cuya discusión se haya prorrogado por asuntos circunstanciales”.
Emilio Graterón señala que esto fue ratificado en la renovación de la declaración política en 2019, específicamente en el punto 2 se declara defender “la diversidad y el libre pensamiento”, además de adoptar “principios de paridad de género, en los órganos de dirección, así como los cargos de elecciones popular”.
Dentro de UNT, una de las propuestas que se planteó como parte de las iniciativas legislativas para el periodo de la Asamblea Nacional 2016-2021 fue un proyecto de ley contra la violencia por orientación sexual e identidad de género. Este proyecto nunca se presentó ante la plenaria.
A pesar de ello, UNT ha apoyado todas las propuestas de otros partidos y organizaciones relacionadas con el reconocimiento de la comunidad LGBTI. Angelo Palmeri señala que incluso se han generado ordenanzas municipales, «que promueven la igualdad y hemos tenido respuesta positiva por parte de la Asamblea Nacional y algunos concejos municipales».
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Julio Castellanos, militante de Acción Democrática y subsecretario de asuntos municipales de Carabobo, explica que este partido ha estado, progresivamente, asumiendo los cambios que la sociedad venezolana muestra en relación a la percepción de los derechos sexuales y reproductivos. “AD, al igual que VP y UNT, coincide en reconocer la existencia de aspiraciones históricas largamente ignoradas, entre ellas, el reconocimiento de las uniones civiles igualitarias, los derechos de las familias homoparentales y las garantías identitarias de la comunidad trans. No obstante, el camino es largo porque aún persisten aprehensiones y prejuicios persistentes e institucionalizados”.
Dentro del partido está pendiente la discusión de las nuevas tesis programáticas, debido a que son de la década de los 80. Julio Castellanos explica que hace tres años, Henry Ramos Allup como secretario general anunció el inicio de la discusión de las nuevas tesis doctrinales para modificar la agenda de AD. “La discusión se ha tenido que postergar, pero los primeros borradores incluyen los derechos de la comunidad LGBTI y cómo plantear sus aspiraciones”.
Trabajo pendiente
En los últimos cuatro años de funcionamiento legislativo y pese a tener representación con la elección de la primera diputada trans de América Latina, Tamara Adrián, y un diputado abiertamente gay, Rosmit Mantilla, la Asamblea Nacional apenas ha producido tres acuerdos donde se hable de los derechos de la comunidad LGBTI.
El más importante se entregó el 16 de mayo de 2016, bajo la presidencia de Henry Ramos Allup, cuando se aprobó el 19 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, y además se exhortaba a diferentes poderes públicos para visibilizar y garantizar derechos relacionados con los cambios de identidad de género.
Además del controvertido acuerdo propuesto el 16 de mayo, la diputada Tamara Adrián ya había ejercido un derecho de palabra el 8 de marzo planteando la necesidad de proteger a las mujeres lesbianas, transgéneros y bisexuales ante las redes de trata y explotación sexual de personas.
El secretario de organización de Un Nuevo Tiempo afirma que las dinámicas del país han hecho que los temas urgentes prelen sobre otros, aunque considera que para darse una discusión franca, transparente y profunda sobre la igualdad y libertad, «necesitamos una base de pluralidad en el país, entonces mientras las personas no tengan que comer, o servicios básicos primordiales difícilmente les va a preocupar o interesar la posición o los planteamientos sobre temas como la libertad de expresión, el derecho al aborto, la igualdad ante la ley, los derechos de las personas trans».
A juicio de Palmeri, pareciera que desde la sociedad y partidos están divorciados esos intereses, «pero son temas que tienen una importancia mayúscula. En estos momentos no hay una estructura de Estado y de República sana como para poder trabajar estos temas y que tengan una trascendencia real y un impacto verdadero».
Yoandry Méndez opina que el trabajo legislativo que se debe realizar en Venezuela no es solo abocado a la comunidad LGBTI. “Se debe tener en consideración que hay que hacer reformas, incluyendo el Código Penal, no solo en temas para la comunidad sino también en temas para las mujeres, que históricamente han sido invisibilizadas”.
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Es un hecho notorio que las personas de la comunidad LGBTI necesitan un respaldo legal, aceptación y representación, afirma la subsecretaria de diversidad sexual. “Pero esto no solo lo debe trabajar Acción Democrática sino toda la comunidad. Quizás en algún momento tengamos la representación legal que queremos, en algún momento llegaremos a tener nuestro primer alcalde e incluso nuestro primer presidente de la comunidad”.
Mientras que Gabriel González considera que “llegado el momento, nuestros representantes ante el parlamento abogarán por las garantías para que cada individuo pueda materializar sus sueños, y para que el Estado no sea una limitante”.
Sobre una mayor representación de la comunidad LGBTI en puestos de poder, González señala que dentro de Vente Venezuela para que una persona sea designada para optar a un cargo de elección popular depende los afiliados de su circuito, “y estoy convencido de que eso se hará por el trabajo, trayectoria y mérito de la persona y no por su sexo, raza u orientación sexual. Y es allí donde está la verdadera igualdad, en que todo el que quiera aspirar, tenga la oportunidad de hacerlo. En lo personal considero que las cuotas solo atentan contra la meritocracia”.
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Julio Castellanos también coincide desde AD con la posición de Vente Venezuela. “Lo importante no es la persona sino que se defiendan esos intereses. Creo que lo que va a ocurrir es que los diputados de la Asamblea Nacional que estén en ese momento cuando se discutan temas de la comunidad LGBTI, perteneciendo a ella o no, van a aprobar la plena vigencia de sus derechos. La democracia necesita ser un régimen que todos puedan disfrutar y que se sientan parte de ella”.
También cree que “existe un prejuicio institucionalizado a muchos niveles y estamos en una sociedad que todavía no ve con buenos ojos este tipo de derechos, pero considero que muchos partidos, como reflejo de la sociedad, están cada día más interesados en visibilizar y aprobar las reformas necesarias para institucionalizar derechos que atañen a la comunidad LGBTI”.
