Militares venezolanos refugiados en Colombia reiteran incumplimiento de acuerdos
El representante de los funcionarios dijo que los delegados de Guaidó no se han preocupado por ellos, «han actuado de manera indolente ante nuestra situación»
Un grupo de militares y funcionarios policiales refugiados en Colombia reclamaron el 22 de mayo el incumplimiento de acuerdos que fueron firmados por autoridades del gobierno de ese país y del mandatario encargado Juan Guaidó.
Los funcionarios, que desconocieron el régimen de Nicolás Maduro el 23 de febrero en el marco de la llamada Operación Libertad, se hacen llamar «Comando Batallón Libertario Óscar Pérez» y solicitaron en varios puntos que se regularice su situación en Colombia.
A través de un comunicado distribuido por redes sociales, uno de los militares explicó que el 15 de mayo de 2019 fueron trasladados a Migración Colombia para firmar un documento donde renuncian al estatus de refugiados “bajo presión psicológica por no presentar más opciones”.
El 15 de mayo, el Gobierno de Iván Duque presentó un esquema de atención para estos funcionarios. El canciller Carlos Holmes Trujillo explicó que quienes se acojan a esta medida «tendrán acceso al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un apoyo para atención básica, capacitaciones, se harán las gestiones correspondientes para buscar cupos en el sistema educativo para los menores que lo requieran».
Hasta la fecha no se han concretado para asistir nuestra situación, destacó el funcionario. «Hemos tenido comunicación con los funcionarios que se encuentran en la región de Arauca, que ya firmaron el documento renunciando a ese estatus y fueron desalojados de los sitios donde pernoctaban y no han recibido ningún beneficio acordado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (de Colombia)».
Esos militares, en su mayoría de la Armada según los reportes que hicieron autoridades colombianas, «se encuentran en situación de calle con su familia durmiendo en una plaza pública. En estos momentos también se presenta una situación en otro de los refugios. Varios de los militares que se encuentran con sus familias serán desalojados porque hasta la fecha no se ha cancelado el pago acordado con dicho refugio. Ese pago se acordó el 16 de mayo con el señor Krüger (director de Migración Colombia)».
El representante de los funcionarios dijo que los delegados de Guaidó no se han preocupado por ellos, «han actuado de manera indolente ante nuestra situación. Desconocen la situación militar y de los familiares».
Por ello, pidió que se nombren nuevos delegados «con competencias en el área militar, que sean militares y que no hayan estado involucrados en situaciones de corrupción» con el régimen de Nicolás Maduro.
Nuestra situación en Colombia no ha sido un lujo, hemos pasado momentos de angustia con nuestras familias, expuestas a ser alcanzadas por funcionarios del narcorégimen ya que se han infiltrado funcionarios del Sebin y la Dgcim que han sido detectados por querer sustraer información o con intenciones de querer llevarnos obligados a Venezuela», dijo el funcionario.
También mencionó que, hasta ahora, las autoridades colombianas solo les han ofrecido dos opciones. Una de ellas incluye el pago de un arriendo por tres meses estipulado en 250.000 pesos mensuales, obtener el Permiso Especial de Permanencia, un bono de transporte y alimentos por tres meses.
La otra opción es un pago de 400.000 pesos por persona, «que solo alcanza hasta Rumichaca, frontera con Ecuador, y no nos alcanza para llegar a los destinos que ya queremos».
Señaló que esas opciones fueron hechas «bajo cuerda, sin consultarnos», y aseveró que no están en Colombia para «ser mantenidos por el Gobierno como lo hicimos saber. Dimos un paso de honor para el rescate de la libertad de Venezuela, ese es nuestro norte, que reconsideren nuestra situación, que no nos dividan para poder libertar a Venezuela».
