Ministerio mete en gaceta un contrabando de vieja data contra rectores universitarios
En marzo de 2019, el Ministerio intentó condicionar el desembolso de los fondos para el pago de nómina de las universidades hasta que los rectores de Averu reconocieran en un comunicado que Nicolás Maduro era «el presidente legítimo»
Desde octubre de 2018, el Ministerio de Educación Universitaria y las asociaciones gremiales que representan el oficialismo han amagado con amenazas a los rectores de las universidades autónomas para forzarlos a «reconocer que el presidente legítimo es Nicolás Maduro», y a través de distintas medidas -en reiteradas oportunidades- ahora buscan el camino de concretarlas vía contrabando en una controvertida Gaceta Oficial.
El viernes 2 de agosto comenzó a circular a través de redes sociales la imagen de una Gaceta Oficial de fecha 31 de julio de 2019 bajo el No. 41.684, en la cual se publica un acuerdo que según había resultado luego de una sesión virtual del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que según dice la gaceta se realizó el 30 de mayo de 2019.
Pero en una búsqueda sobre resoluciones anteriores emitidas por el Consejo Nacional de Universidades se pudo encontrar que el acuerdo al cual hacen referencia se hizo dos años antes, el 30 de mayo de 2017, según se puede ver en una nota publicada en ese entonces por el portal Correo del Orinoco.
En la misma nota aseguran que el ministro Hugbel Roa declaró que durante ese CNU se «aprobó por unanimidad un comunicado en rechazo a la violencia y terrorismo promovido por la derecha desde algunas universidades del país y exigieron a la Fiscalía, Poder Moral y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), investigar a las autoridades de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) por utilizar las casas de estudio como plataforma para impulsar un Golpe de Estado».
En esa mismo sesión, el ministro aprobó la suspensión de sesiones virtuales para que pasaran a ser netamente presenciales.
Pero el acuerdo que salió publicado hace apenas dos días, presuntamente fue aprobado durante una sesión virtual y se solicita al Ministerio Público: “el inicio de una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), con motivo de pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo y Constitucional del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como por el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los Poderes legalmente Constituidos», aunque la gaceta señala que surgió a partir de un derecho de palabra del bachiller Miguel Ángel Díaz Reyes, quien también solicitó que la Contraloría iniciara un procedimiento en contra de los rectores por «incumplimiento en los informes de rendición de cuentas».
Pero una cosa es lo que dice la Gaceta y otra lo que ocurrió durante esa sesión, según afirma el secretario de la UCV, Amalio Belmonte, asistente a las sesiones señaladas en el documento.
“La gaceta dice que se discutió el tema en lo que denominan ellos un CNU virtual, pero eso no ocurrió. Ese día (30 de mayo) solo hubo dos puntos de agenda relacionados con ajustes presupuestarios muy puntuales, es decir, no hubo ninguna discusión en la que se haya aprobado una barbarie como la que está circulando. No porque no exista la intención, sino porque no ha ocurrido”, aclaró Belmonte.
El secretario de la UCV agrega que de igual manera aunque hubiese sido aprobado tal acuerdo -y ratifica que no ocurrió- sería nulo porque carece de legitimidad ya que lo que se decide en los CNU virtuales es estrictamente para agilizar procesos o hacer puntos de corrección de temas que fueron discutidos en los CNU presenciales, pero nunca para decisiones vinculantes de esta naturaleza, que en este caso no cuentan con la aprobación de los representantes legítimos de las universidades.
En el reciente Consejo Nacional de Universidades del miércoles 31 de julio (fecha de la Gaceta) ni siquiera se discutió el punto, ni se habló en absoluto de algo similar. Belmonte especifica que solo estuvo fuera de la sala durante un lapso de 8 a 10 minutos pero también lo aseveran representantes de otras universidades que permanecieron en la sesión, como Marlene Primera, secretaria de LUZ y el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira.
El misterio de la Gaceta
Desde el viernes en la tarde cuando comenzó a circular solo una imagen parcial de la gaceta, las autoridades universitarias intentaron obtener el documento oficial, por lo que el lunes 5 de agosto los consultores jurídicos de las casas de estudio autónomas se dirigieron hasta el Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo), donde les aseguraron que aún no tenían a disposición el documento en físico, aunque confirmaron la existencia y publicación de la Gaceta Oficial No. 41.684.
En el sitio web oficial del organismo imprentanacional.gob.ve tampoco se puede verificar porque la página está fuera de línea. Sin embargo, el portal Aula Abierta obtuvo el documento en digital debido a la difusión de sitios web especializados en instrumentos normativos como Pandectas Digital. En el sitio web Juris Line también publicaron la gaceta escaneada en formato PDF. Un escritorio jurídico consultado que recibe la gaceta impresa asegura que lo recibieron pero al documento le faltan algunas hojas, precisamente en las cuales se especifica el acuerdo que se resume en el sumario de portada.
«En otras oportunidades han intentado imponer esto. Piden un derecho de palabra y leen un documento en el que solicitan una investigación penal, no solo contra los rectores de Averu, sino específicamente contra la rectora Cecilia García Arocha. En una sesión del CNU del 23 de noviembre de 2018 esto sí fue un punto de agenda que propuso un delegado del ministerio; luego en una sesión de hace tres meses, de nuevo, los rectores de Árbol (Asociación de Rectores Bolivarianos) lo leyeron en un documento, pero hasta ahora ni el ministro lo había respaldado y no ha pasado a mayores. Pero estamos hablando de algo que ni siquiera se discutió, así que mucho menos pudo quedar aprobado semejante absurdo cuando estábamos presentes los rectores de Averu en la sesión que ellos señalan», explica Belmonte.
Ahí viene el lobo
El chantaje desde el Ministerio de Educación Universitaria ha tenido varias formas y data de una larga historia. En esta oportunidad se ha manifestado como una amenaza de una investigación penal pero en otros momentos se ha traducido en coacciones directas contra la comunidad universitaria.
Los rectores de Averu denunciaron el 15 de marzo de 2019 que el ministerio «exige certificar la solicitud de recursos para el pago de la nómina marzo 2019», a pesar de que ya había sido enviada por las universidades en el tiempo correspondiente.
Pero la certificación exigida tenía como condición que debía decir explícitamente que las autoridades pedían los recursos en nombre de lo «decretado por el Presidente Constitucional de la República Nicolás Maduro Moros el 14 de enero de 2019». El Ministerio intentó durante más de una semana condicionar la liberación de los fondos destinados al pago de los gastos de personal activo, jubilado y pensionado, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019, hasta que se hiciera un reconocimiento expreso de Nicolás Maduro como «único presidente legítimo».
Averu no aceptó la medida que calificaron como una «coacción, extorsión o amenaza, disfrazada de certificación de mera relación, que de por sí es ilegal según el artículo 147 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que no se puede supeditar el envío de los recursos financieros que pertenecen a las Universidades Nacionales, a la emisión de una declaración con marcada intención política».
Las autoridades de la UCV recordaron como antecedente que en octubre de 2018 se realizó, en los espacios del Aula Magna, un encuentro con sindicalistas y gremios de distintos sectores del país. Allí se redactó una carta de intención en la que se señalaba la necesidad de que se hicieran elecciones democráticas y se cuestionaban las condiciones en las cuales Maduro convocó el proceso electoral por el cual asumió el segundo período presidencial que ha sido considerado ilegítimo por más de 50 países.
