«Déjenme a esa que es la que voy a violar yo»: abusos sexuales se repiten en cárceles
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela denunció 22 casos de violencia sexual y de género en seis estados tras las elecciones de 2024. Los hallazgos describen abusos cometidos por funcionarios del Estado contra personas detenidas y sus familiares, incluidas niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, hombres y población Lgbti. Denuncian impunidad y la falta de independencia judicial
El reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela documentó 22 casos de violencia sexual y basada en género cometidos en seis estados del país en el contexto poselectoral de las presidenciales del año pasado. Las víctimas incluyen mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas de la comunidad Lgbti.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Misión, todos estos abusos se cometieron en contra de personas opositoras o percibidas como tal, «por funcionarios del Estado en entornos coercitivos y engloban a múltiples víctimas».
Los nuevos hallazgos reafirman la existencia de un patrón de violencia sexual y de género en lugares de privación de libertad contra toda la población encarcelada, entre los que se incluye:
- Sexo transaccional coercitivo o «sexo de supervivencia»: se registraron múltiples casos contra mujeres, adolescentes y hombres a cambio de mejores condiciones de vida.
- Posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada de mujeres privadas de libertad.
- Uso de descargas eléctricas en genitales contra hombres, con el objetivo de obtener una confesión.
- Desnudez forzada contra hombres, mujeres y niñas.
En este mismo sentido, se afirma que todos los actos de violencia sexual «fueron cometidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional (GN) y custodios penitenciarios», mientras las víctimas se encontraban bajo custodia de los perpetradores, en situación de castigo, coacción, discriminación o intimidación.
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Un caso que expone la Misión es el de varias niñas adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que «fueron víctimas de abuso y explotación sexual mientras estuvieron detenidas en una oficina de la PNB. «Tanto el comisario a cargo, como otros agentes de más bajo rango, habrían coaccionado a las adolescentes a mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de poder ir al baño, así como recibir determinados productos de higiene, incluso material para limpiar el espacio en el que dormían».
El documento de la Misión también documenta:
- «Los custodios seleccionaban internos cada noche de distintas celdas y les ofrecían beneficios, como raciones adicionales de comida o más minutos de patio, a cambio de mantener relaciones sexuales. Estas prácticas ocurrían de forma regular en los pasillos del penal».
- «Un joven privado de libertad con discapacidad fue aislado bajo el pretexto de padecer tuberculosis y, durante ese tiempo, fue objeto de abuso sexual por parte de un custodio. El joven pedía protección a otros internos, repitiendo con frecuencia que el custodio quería abusar de él».
- «Los custodios trasladaban a ciertos internos a un espacio en construcción bajo el pretexto de aplicar medidas disciplinarias, y allí abusaban sexualmente de ellos«.
- «Nueve personas, hombres y mujeres, refirieron haber sido objeto de desnudez forzada por parte de funcionarios de seguridad al momento de llegada a distintos centros de detención».
- «Una víctima entrevistada reportó haber sido sometida a descargas eléctricas en sus genitales, con el objetivo de obtener una confesión».
- «Otra persona privada de libertad manifestó haber escuchado de otros detenidos que este mismo método (descargas eléctricas en genitales) les fue aplicado durante su reclusión».
- «Custodios, principalmente sargentos hombres, exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de determinados beneficios, como poder realizar llamadas telefónicas a sus familiares».
- «Varias niñas adolescentes de entre 15 y 17 años fueron víctimas de explotación sexual, incluyendo sexo transaccional coercitivo, mientras estuvieron detenidas en una oficina de la PNB. Los agentes las coaccionaron a mantener relaciones sexuales a cambio de poder ir al baño o recibir productos de higiene«.
Más castigos
También se confirmó que el hostigamiento sigue siendo una forma de castigo que afecta a los familiares de los detenidos, especialmente a mujeres, niñas y adolescentes que visitan a sus familiares. Encontraron requisas invasivas en centros como Yare III y Rodeo I. El informe destaca unos dos casos de niñas que fueron obligadas por funcionarias de custodia a bajarse los pantalones y mostrar sus genitales como condición de poder ingresar a la visita.
Por otra parte, la misión denuncia que los hombres de al menos tres centros penitenciarios fueron obligados de manera repetida por los custodios a «actos de violencia sexual y sexo transaccional coercitivo». Destacan que uno de los centros en los que se realizaba esta práctica era en Tocorón.
Otros de los actos de violencia documentados por la Misión de Determinación en el último año en el país es la esclavitud sexual, la prostitución forzada y las violaciones. «Un testimonio recibido por la Misión, durante el traslado de una mujer de 24 años, tras su detención en un centro comercial por cuatro hombres encapuchados sin identificación, ella escuchó a uno de los funcionarios decir a sus compañeros: ‘Déjenme a esa, que es a la que voy a violar yo'».
Entre los casos que pueden constituir esclavitud sexual y/o prostitución, la Misión destaca el hecho de que los custodios circulaban entre los presos masculinos «una lista de tarifas por los servicios sexuales de las internas»; ante lo que exigen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
El informe presentado el viernes 19 de septiembre también resalta la existencia de violencia reproductiva y negación de asistencia. Los expertos corroboraron una afectación diferenciada a mujeres embarazadas o madres de bebés lactantes, a las que se les negó atención médica ginecobstetra especializada.
Uno de estos casos es el de Maykelis Borges, quien fue detenida con dos meses de embarazo (de alto riesgo) tras padecer hipertensión e infecciones. Su paradero fue desconocido por tres meses, no recibió controles prenatales ni ecografías y aunque dio a luz fuera del recinto penitenciario, en la actualidad permanece detenida junto a su bebé.
La Misión también recibió información de que las personas de la comunidad Lgbti se les niega el acceso a medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH «como forma de discriminación» por su orientación sexual y por ser calificados como opositores.
En El Helicoide se denuncian condiciones humillantes, luego de que los investigadores de la Misión de Determinación recibieran información sobre la reciente instalación de cámaras de vigilancia «dentro de las celdas y baños utilizados por mujeres», lo que evidentemente es una violación a la privacidad.
Estos testimonios fueron recabados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU luego de haber entrevistado a 18 víctimas, 15 hombres y tres mujeres, más dos familiares (mujeres) de víctimas de detención en el marco del contexto poselectoral del 28 de julio de 2024, quienes solicitaron el resguardo de su identidad por razones de seguridad y ante el temor de represalias.
Impunidad y rendición de cuentas
La Misión ha documentado la persistencia de impunidad y la falta de inicio de investigaciones diligentes, imparciales e independientes de oficio sobre incidentes de violencia sexual y basada en género desde las elecciones de 2024; lo que impide «a las víctimas acceder a mecanismos efectivos de denuncia, protección y reparación».
Asimismo, en anteriores informes, la Misión registró testimonios de personas pertenecientes a la población Lgbti que describieron barreras que impiden a las minorías sexuales presentar denuncias sobre actos perpetrados por funcionarios del Estado, así como la autocensura a la hora de denunciar, para no ser objeto de burlas o revictimización.
Ante este escenario, la Misión de Determinación de Hechos denuncia que la ausencia de independencia judicial «continúa siendo un obstáculo central en la lucha contra la impunidad». Como lo ha señalado en numerosas ocasiones, «el sistema judicial carece de garantías básicas de autonomía frente al Ejecutivo», lo que impide la tramitación efectiva de denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluidas la violencia sexual y la basada en género.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
