Misión de la ONU señala a Diosdado Cabello de dirigir el aumento de la persecución
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela señaló que continúan investigando la práctica de detener a familiares para coaccionar a opositores, y se mencionó el caso de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia. La Misión de la ONU visibilizó las denuncias sobre la utilización de casas clandestinas, así como el sometimiento de las presos políticos a incomunicación o aislamiento permanente y castigos
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este martes 18 su primer informe verbal sobre la situación de derechos humanos en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los expertos señalaron al ministro Diosdado Cabello de dirigir el «aparato represivo» y la persecución política en un contexto donde las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra opositores han aumentado.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Martha Valiñas, jefa de la Misión de Determinación, dijo que desde su nombramiento como ministro de Interior, Justicia y Paz en agosto pasado, «Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro del aparato represivo del Estado, Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal».
¿Qué pasó con la represión? La Misión de Determinación señaló que las detenciones arbitrarias de opositores «han continuado y se han incrementado. Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, presumiblemente colectivos».
Según fuentes no gubernamentales a las que obtuvo acceso la Misión, entre septiembre y diciembre de 2024 se registraron al menos 42 arrestos calificados como arbitrarios. 84 se contabilizaron durante los primeros 15 días de enero de 2025.
Algunas de estas detenciones podrían calificarse como desapariciones forzadas de corta duración. «Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad», dijo Valiñas.
También constataron la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra Nicolás Maduro. Las familias de estas personas y las autoridades de sus países no han tenido contacto, debido a «estrictos regímenes de incomunicación», lo que impide además la asistencia consular.
Respecto a los niños, niñas y adolescentes detenidos por sucesos poselectorales, el grupo de expertos recibió información de que la mayoría fueron excarcelados y solo tres adolescentes estarían actualmente privados de libertad.
La Misión de la ONU también señaló que continúan investigando la práctica de detener a familiares para coaccionar a opositores, y se mencionó el caso de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia. Pusieron de manifiesto la situación de los asilados en la embajada de Argentina en caracas, que el 23 de mayo cumplirán un año en el lugar.
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Destacaron que el gobierno no ha concedido los salvoconductos necesarios a estas personas, «quienes siguen enfrentando situaciones de acoso constante».
Sobre los excarcelados por las protestas luego del 28J, que las autoridades cifran en 2.006 personas, la Misión de la ONU destacó que en numerosos casos les han expresado preocupación por desconocer exactamente las medidas cautelares de libertad impuestas, pues los tribunales no las han comunicado efectivamente.
La Misión pidió al Consejo de Derechos Humanos que inste a Venezuela a liberar a todos los detenidos por razones políticas, incluyendo a aquellos antes de las elecciones presidenciales.
Sobre las elecciones del 28J: En base a los reportes recibidos, la misión de la ONU dijo que el Consejo Nacional Electoral «desconociendo» lo que establece la ley electoral nunca publicó las actas por mesa que validaran los resultados anunciados la madrugada del 29 de julio y ratificados ese mismo día, dando como ganador a Nicolás Maduro.
También señaló que miembros del CNE «recibieron instrucciones políticas» para anunciar resultados distintos a los que se obtuvieron en las urnas.
Misión de la ONU sobre #Venezuela alerta al Consejo DDHH #HRC58 que miembros del CNE recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las elecciones presidenciales 28J:
“El CNE nunca publicó el acta de totalización de votos ni las actas… pic.twitter.com/jjZQsaLsTK
— PROVEA (@_Provea) March 18, 2025
Persisten las torturas en el país: La Misión de Determinación de Hechos manifestó su preocupación por las torturas a las que son sometidos los detenidos por razones políticas. En su informe incluyeron el testimonio de una persona que fungió como miembro de mesa de la oposición, fue detenida y recibió golpes con puños y varas de madera en diferentes áreas de su cuerpo.
También visibilizaron las denuncias sobre la utilización de casas clandestinas, donde los presos políticos son interrogados o torturados, antes de ser llevados a centros de reclusión oficiales; así como el sometimiento de las personas a incomunicación o aislamiento permanente y castigos en celdas no aptas de acuerdo a normas internacionales.
Muertes de civiles y activistas: En el informe verbal se mencionaron tres sucesos sobre muertes de personas opositoras. El primero fue el ataque a manifestantes por parte de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona de San Jacinto (Maracay, estado Aragua).
En base a vídeos revisados por los expertos, se determinó que los efectivos portaban armas de fuego y se disparó desde una instalación militar para reprimir la manifestación en rechazo a los resultados de las presidenciales. En esos hechos murieron siete personas, entre ellos el efectivo José Antonio Torrens.
La Misión indicó que ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar.
Respecto a la muerte de Edwin Santos, activista de Voluntad Popular en Apure, se explicó que su familia recibió información de que fue apresado el 23 de octubre del año pasado por funcionarios no identificados. Luego, fue encontrado muerto y las autoridades amenazaron con investigar y encarcelar a todo aquel que contradiga la versión oficial.
También se mencionó el caso del militar venezolano Ronald Ojeda, asesinado en Chile.
Respuesta de Venezuela: El embajador Alexander Yánez Deleuze, al igual que otras oportunidades, calificó el informe como un «bodrio político» de la misión, a quienes acusó de basar su existencia «en los dólares de Usaid y la Unión Europea en el obstinado y fracasado intento de un cambio de gobierno».
Según el embajador, este informe es una «copia» de otro documento hecho por la oposición en meses pasados, en base a «fuentes inventadas o políticamente motivadas para satisfacer a un grupo de países que se dicen defensores de derechos humanos».
Repitió el discurso de que países occidentales buscan transformar en Consejo de DDHH «en un instrumento de coerción y chantaje», y cuestionó la cantidad de dinero –que alcanza los 6.083.000 dólares para esta misión según Yánez Deleuze–y la finalidad de este tipo de mecanismos.
«¿Qué efecto real tiene estas misiones en la cooperación para los derechos humanos? Cero, ninguna. Entonces por qué este Consejo insiste en gastar semejantes sumas de dinero en misiones que objetivamente no sirven para ningún propósito en favor de los derechos humanos», afirmó.
Además dijo que estos expertos independientes de la ONU «jamás pisarán Venezuela».
Qué dicen otros países: En el diálogo interactivo, países como Estonia –en representación de varias delegaciones– pidieron a Venezuela al respeto de derechos fundamentales e instaron a que colabore con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional.
La representación de Chile reclamó por la situación de sus connacionales María y Orlando Améstica Moraga, quienes se encuentran detenidos en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) «en condiciones de aislamiento extremo» y siendo víctimas de torturas o tratos crueles como restricción de acceso de medicamentos, alimentos y luz solar, requisas recurrentes, privación del sueño e incomunicación con familiares o abogados.
República Checa exigió información sobre la situación de Jan Darmovzal, mientras que Colombia solicitó respuesta a las 17 solicitudes de información que han hecho sobre el estado de sus ciudadanos detenidos en Caracas.
La Unión Europea pidió que se respete el espacio cívico y el trabajo de las oenegés, al tiempo que solicitaron que Venezuela ponga término a las prácticas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo hicieron un llamado sobre el patrón preocupante de detención arbitraria de opositores, así como los efectos de la Ley Simón Bolívar y contra las ONG. Además, solicitaron atención médica sin trabas para los presos políticos, entre ellos la abogada Rocío San Miguel.
Canadá, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay pidieron que se restaure una presencia completa de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela y se le permita a su delegación la entrada a centros de detención. Solicitaron a la misión datos sobre censura en internet y violencia digital.
Un grupo de naciones, bajo vocería de Irán, manifestaron su rechazo al «doble rasero» y la «constante proliferación de informes sobre Venezuela» los cuales, aseguraron, tienen motivación política mientras algunos países atacan bajo la aplicación de sanciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
