Monitoreo de derechos humanos en Venezuela, por Marino J. González R.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe sobre las violaciones graves de los derechos humanos en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
Al final del informe se destaca la importancia de que la comunidad internacional mantenga un monitoreo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. También en el informe se insiste en la importancia de la rendición de cuentas en los casos de las graves violaciones a los derechos humanos y las convenciones internacionales, así como la debida reparación a las víctimas.
Se proponen al final del reporte recomendaciones dirigidas explícitamente a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Todas ellas demandan acciones concretas y directas para enfrentar estas violaciones.
La primera recomendación es la necesidad de investigar las denuncias reportadas sobre el uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad, y la exigencia de rendición de cuentas a los responsables. Se exige frontalmente el cese de las detenciones arbitrarias, descritas en detalle en el informe, y la solicitud de libertad inmediata para todas las personas detenidas transgrediendo lo establecido en las leyes y procesos.
De especial mención es la exigencia de actuación inmediata ante la persecución de niños y niñas, con estricto apego a las normas internacionales. También se recomienda el establecimiento de condiciones de detención que respondan a las necesidades y situaciones específicas de las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres, niñas y personas LGTBI+.
Reconoce el informe señalado, la existencia de denuncias de tortura, y la obligación de las autoridades para actuar de manera inmediata, así como la implementación de programas de protección para las personas que hayan sufrido graves violaciones de los derechos humanos. El informe demanda el desarrollo de procedimientos para garantizar la transparencia de las investigaciones del Ministerio Público.
Finalmente, en el informe se solicita a las autoridades la cooperación con los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y la cooperación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estas recomendaciones de la Misión Internacional son fundamentales para la protección de las personas afectadas y el restablecimiento de la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela. El monitoreo de los derechos humanos es también una exigencia total para la sociedad en su conjunto. En la hora actual esta tarea no puede ser de mayor prioridad.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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