Morir en Bolívar, por Teodoro Petkoff
La matanza de siete reclusos en la cárcel de Ciudad Bolívar nos lleva a uno de esos temas que en TalCual hemos abordado a plena conciencia de que implican nadar contra la corriente. Se trata de los casos de los llamados grupos de “exterminio” que operan en varios cuerpos policiales del interior y los de la situación en las cárceles. Cada vez que escribimos denunciando a los grupos de “exterminadores” o protestando por las matanzas en las cárceles, recibimos decenas de correos electrónicos acusándonos literalmente de “cómplices” de los delincuentes y reclamándonos por qué, en lugar de defender los derechos humanos de las víctimas del hampa, abogamos, dicen, por el respeto a los de los hampones.
Aunque estamos absolutamente en desacuerdo con estos puntos de vista, comprendemos perfectamente qué es lo que los motiva. Es la indefensión en que se encuentra la ciudadanía en un país donde las políticas de prevención y represión del delito vienen fracasando estruendosamente, lo que lleva a buena parte de la gente a aprobar y favorecer conductas tan atroces como los linchamientos de “azotes” de barrios, los asesinatos policiales de presuntos o reales delincuentes y las masacres en las cárceles. La absoluta indiferencia de la población frente a esta clase de sucesos, así como la superficialidad y hasta la frivolidad con la cual se asume la absurda idea de que por “allí” va la solución del problema de la delincuencia, refuerzan en las “autoridades” la desaprensión frente a su propia incapacidad para dotar al país de políticas efectivas en materia de combate al delito.
Mientras las policías maten delincuentes en los proverbiales episodios de “resistencia a la autoridad” –que es el eufemismo con el cual se encubren los asesinatos policiales–, o los presos se maten entre sí en las cárceles, el gobierno no tiene que preocuparse demasiado por crear cuerpos policiales eficientes, bien pagados y entrenados, ni por superar la corrupción y el desmadre judicial, y mucho menos por poner en práctica una política penitenciaria civilizada. ¿Para qué? Cada vez que muere un preso a manos de sus compañeros o de la Guardia Nacional –qué más da–, o es abatido a tiros un detenido, la opinión bienpensante se complace – “uno menos” –, y el gobierno se alivia de la presión sobre sus responsabilidades como garante de la seguridad ciudadana.
La matanza en la cárcel de Ciudad Bolívar, que hemos registrado en dos reportajes (ver página 4) , merece una investigación a fondo –que estamos seguros no se hará– porque los testimonios recogidos por nuestra periodista Aliana González y por el Observatorio de Prisiones hablarían, de ser verificados, de una acción criminal, premeditada y bárbaramente ejecutada por efectivos de la Guardia Nacional, cuya impunidad estaría siendo protegida por sus superiores. Esto debería ser esclarecido y sancionado ejemplarmente. En un país donde episodios de esta naturaleza ocurren en medio de la indiferencia general, la desintegración de las instituciones nos va llevando hacia la primacía de la ley de la selva. Y ahí sí nos jodemos todos.
