Movimiento sindical insiste en exigir liberación inmediata de Rodney Álvarez
El trabajador y dirigente obrero de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez lleva nueve años preso y ha recibido varios atentados en su cautiverio, resultando con lesiones en algunos de ellos. La OIT ha pedido su liberación inmediata en su informe de 2020, pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha atendido la solicitud
Más de nueve años y seis meses lleva Rodney Álvarez, trabajador y dirigente obrero de Ferrominera del Orinoco, preso en la cárcel El Rodeo II. Fue acusado de un asesinato que él asegura no haber cometido y cuyo juicio no ha empezado por lo que en todo este tiempo que ha estado privado de libertad no le ha sido demostrada la culpabilidad.
Al contrario, varias voces del movimiento sindical y compañeros de labores, entre ellos Rubén González, quien también pasó años encarcelado sostienen que todo ha sido una retaliación por defender la autonomía de los trabajadores.
Una vez más, sindicatos del sector insisten en exigir su liberación y dar así cumplimiento a la solicitud hecha por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su informe 2020 pidió la liberación de González, ya puesto en libertad, y de Álvarez.
Rodney Álvarez ha sido objeto de atentados
Durante su cautiverio, Rodney Álvarez ha sufrido varios atentados. En uno de ellos resultó seriamente lesionado en una mano al recibir una puñalada que le cortó los tendones, lo que le privó de la movilidad de la misma. En julio de 2019 fue golpeado de manera brutal y volvió a recibir heridas por arma blanca.
Preso sin pruebas según ha mantenido la defensa, objeto de atentados y alejado de su familia, pues Rodney Álvarez estaba residenciado en Ciudad Bolívar y está privado de libertad en el penal ubicado en Guatire, el dirigente sindical ha visto cómo una y otra vez, hasta sumar nueve ocasiones en noviembre de este año, se ha suspendido el juicio en su contra.
Testimonios y testigos niegan culpabilidad de Rodney Álvarez
En las audiencias realizadas, la defensa ha presentado el testimonio de varios testigos y especialistas en criminalística, que insisten en la inocencia de Rodney Álvarez, pero a pesar de que el proceso está en sus etapas finales, las suspensiones han impedido que se dicte sentencia.
Desde Monitor Sindical exigimos la liberación de Rodney Álvarez, trabajador privado de libertad de forma injusta. No puede pasar más tiempo #LiberenARodneyAlvarez https://t.co/Ldk39soQXW
— Monitor Sindical Venezuela (@MonitorSindical) December 21, 2020
En la última interrupción del juicio se ordenó incluso un cambio de juez y ello llevó a la paralización del proceso. El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical insiste en exigir su liberación y asegura que es un caso político violatorio de la libertad sindical.
18 años tras las rejas llevan policías metropolitanos recluidos en Ramo Verde
Una vez más, como lo han hecho en las últimas 18 navidades, los familiares de los cuatro policías metropolitanos presos en Ramo Verde claman a las autoridades por la liberación de los funcionarios.
Desde abril de 2003 están presos. El 3 de ese mes, los funcionarios decidieron ponerse a derecho convencidos de que la verdad los asistía. Atendieron las citaciones por averiguación y terminaron condenados a penas exorbitantes en el juicio más largo de la historia de Venezuela, en el que solo se analizaron dos de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002.
Los dos fallecidos eran seguidores del chavismo, pero este año la tristeza se incrementa. Ni el 24 ni el 31 de diciembre sus familiares podrán visitar a los funcionarios, a quienes no ven desde marzo, cuando se decretó la pandemia. Pese a que en otros penales ya se autorizaron las visitas por la época decembrina, en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, las puertas siguen clausuradas para los familiares.
Desconocimiento a Ley de Redención de la Pena
Yamileth Hernández es la esposa del cabo primero Arube Pérez. El fue condenado a 17 años y 10 meses de prisión, que se cumplen el 21 de febrero de 2021. Pese a que cubrió todos los requisitos de la Ley de Redención de la Pena por estudio y trabajo, que le conmuta un día de cárcel por cada dos de instrucción o de labores, ha tenido que pagar su pena completa. Tampoco le otorgaron los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, referidos a medidas alternativas al cumplimiento de la pena, vencidas desde 2007.
A Arube Pérez le nació una hija hace un año y siete meses. Poco han podido compartir juntos, porque la pandemia cortó toda posibilidad de encuentro entre ambos. Yamileth Hernández cuenta los días para que se cumpla la totalidad de la condena de su esposo y él se pueda reencontrar con su la pequeña. Ella espera que la libertad de su esposo le sea concedida en el plazo establecido, es decir el 21 de febrero. Pdo que se cumpla la ley y se respeten los lapsos.
Cruzada personal
María Bolívar es la tía del agente Erasmo Bolívar. Religiosamente, cada 24 y 31 de diciembre, asistía a la cárcel a ver a su sobrino. Este 2020 no podrá compartir con él. No se sabe de quién es la orden, pero las visitas en Ramo Verde se mantienen restringidas. Ella ha emprendido una cruzada personal para denunciar la injusta y arbitraria prisión de Erasmo, condenado a 30 años de cárcel por "homicidio calificado frustrado en grado de
complicidad correspectiva.
Siempre lo repite.»¿Cómo es que entre nueve funcionarios mataron a dos personas? Si no hay penas individuales, ¿cómo es que le aplican la pena máxima por una responsabilidad compartida?».
Aún así, María Bolívar sigue tocando puertas, visitando organizaciones de Derechos Humanos, visibilizando la cara de su sobrino. Él es inocente, él tiene que estar libre, insiste este diciembre de 2020, igual que como lo ha hecho desde hace casi 18 años.
Justicia ausente
Héctor Rovaín también fue condenado a 30 años de prisión. Como sus compañeros ya contabiliza 18 navidades tras las rejas. Abrazar la religión cristiana le ha permitido sobrellevar la muy dura realidad que le tocó vivir. Nunca se demostró su culpabilidad, pero sigue tras las rejas.
Estando preso perdió a su mamá y a su papá. Al sepelio de Maximiliano Toro no pudo asistir. Es una pena que mitiga con su servicio a Dios, a través de los cultos que organiza en prisión.
El otro funcionario que paga esta condena es Luis Molina. Su esposa Laura Pérez explica bien el caso. «Ni mi esposo Luis Molina ni Erasmo Bolívar dispararon sus armas ese día. El calibre de las armas de Arube Pérez y Héctor Rovaín no coinciden con las encontradas en los dos cadáveres por cuyas muertes fueron juzgados. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la persona del comisario Marco Chávez, los exoneró, pero están presos. Este caso es una arbitrariedad de principio a fin», contó.
La pequeña Lismar, la menor de las hijas de Luis Molina, insiste cada día en que quiere tener a su papá en casa. Ella quiere tener una familia normal, como las de sus amiguitos. Hoy Laura Pérez lo que ve en el caso de su esposo y sus compañeros es simplemente denegación de justicia. No solo les niegan los derechos procesales, también la libertad".
Para Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, condenados por homicidio calificado frustrado en grado de corresponsabilidad correspectiva, según decisión de la jueza Maryorie Calderón, la justicia siempre ha estado ausente. Hoy, cuando el caso está en manos la jueza Ada Marina Armas, ella se escuda en la necesidad de recibir órdenes superiores para otorgarles los beneficios procesales de destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad
condicional y confinamiento, pese a que la misma sentencia establece las fechas en que podrían otorgárseles, todas vencidas por cierto.
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