Saab informó sobre red de trata de personas en tres estados sin mencionar Apure
El Ministerio Público solicitó al Gobierno de Trinidad y Tobago la detención de tres personas que eran las cabecillas y financistas de esta red dedicada a la trata de personas
El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó sobre el desmantelamiento de una red de trata de personas el pasado 16 de enero entre los estados Delta Amacuro, Lara y Vargas, sin mencionar sobre un operativo similar ocurrido el jueves 14 en Apure.
Durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público (MP), Saab detalló que el sábado 16 de enero se logró el rescate de tres adultas y siete adolescentes que habían sido captadas por esta red de trata de personas y sometidas a la prostitución. Su destino final era Trinidad y Tobago.
Según lo dicho por Saab, la investigación se inició por la denuncia de una madre, luego de que su hija se fugara junto a otras dos menores de edad. La joven logró comunicarse con sus familiares para informar que estaba siendo obligada a la prostitución bajo amenazas. «La tenían secuestrada», aseguró el fiscal.
A través de un análisis de telefonía, se logró determinar que las jóvenes se encontraban en Tucupita, capital del estado Delta Amacuro. En ese sitio, se logró la aprehensión de ocho sujetos involucrados en la red. Además, el domingo 17 se logró la detención de dos personas en Lara y uno en La Guaira vinculados a esta trama.
Las redes de trata de personas no son nuevas en las costas venezolanas. TalCual en alianza con la plataforma Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
El Ministerio Público solicitó al Gobierno de Trinidad y Tobago la detención de tres personas que eran las cabecillas y financistas de esta red dedicada al tráfico de personas. Entre los solicitados se encuentran Grecia Mendoza y Leomara Elena Pérez, identificadas como financistas de la organización y encargadas del recibimiento de las víctimas.
Entre los detenidos se encuentra un ciudadano identificado como José Alberto Vegas, quien sería el encargado de coordinar la logística de captación y traslado de las víctimas. A todos los aprehendidos se les imputaron los delitos de tráfico de personas con fines de explotación sexual con agravante de adolescentes y asociación para delinquir.
Tarek William Saab: El hombre detenido era el encargado de coordinar la logística de captación y traslado de las víctimas. Grecia Verónica Jiménez Mendoza y Leomara Elena Pérez Vegas eran líderes de la organización; quienes se encuentran en Trinidad y Tobago
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) January 18, 2021
El fiscal Saab en ningún momento de su rueda de prensa mencionó la serie de detenciones que se realizaron la semana pasada en el estado Apure, también por una red de trata de personas con fines de prostitución de menores de edad.
En dicha red estarían vinculados empresarios, militares y hasta personas ligadas al espectáculo, según trascendió a los medios de comunicación.
Caso Citgo
En su rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab también informó sobre las órdenes de detención, así como medidas de aseguramiento contra José Ramón Pocaterra y Andrés Irigoyen, nombrados por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó como integrantes de la junta directiva de Citgo.
Saab dijo que esas designaciones fueron «ilegales e írritas», debido a que «un grupo de exdiputados de la Asamblea Nacional, apoyados por gobiernos extranjeros, han pretendido continuar a través de la comisión delegada a un periodo legislativo que ya terminó el pasado 5 de enero».
El fiscal señaló que esas designaciones son «excusas para continuar el robo». Tanto a Pocaterra como Irigoyen se les imputaron los presuntos delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, asociación, obstrucción de la justicia y legitimación de capitales.
Debo recordar que designarse como presidente encargado y nombrar una nueva junta directiva de Citgo, aseguró Saab, «ha impedido a la República ejercer una defensa adecuada sobre la demanda contra Crystallex».
