Muertos que no importan, por Teodoro Petkoff
Dos días después del asesinato del mayor Hernández (GN), uno de los jefes de operaciones de la llamada «Caracas Segura», fueron ultimados dos sargentos de la Guardia Nacional en la frontera tachirense y el lunes pasado murió abaleado el secretario del Consejo Legislativo de Miranda, en el mero centro de Los Teques. No es que se trate de casos excepcionales.
Fueron cuatro homicidios más de la inacabable cauda de horror y dolor que acompaña nuestras vidas, cada vez con más saña, en esta Venezuela de nuestros tormentos, cuyos gobernantes la definen como socialista, pero la manejan como si fuera una taguara de mala muerte.
En el caso del mayor Hernández, las autoridades competentes, incluyendo a la propia institución de la cual formaba parte, se pusieron inmediatamente en acción; en un día informaron haber detenido a dos de los asesinos y anunciaron que no pasarían muchas horas sin que los otros dos caigan en manos de la justicia. Seguramente los homicidas de los dos sargentos en el Táchira ya deben estar a punto de ser apresados, porque allá también los cuerpos represivos entraron en acción en un dos por tres. Como debe ser.
Con la misma velocidad y eficiencia fueron apresados los victimarios del coronel de la Guardia Nacional, previamente secuestrado hace unos pocos meses. Es de esperar que la o las personas que mataron al joven funcionario de la Legislatura mirandina también sean prontamente detenidas, y que este caso no sea lanzado al inmenso container de la impunidad, debido a que ese muchacho, miembro de un partido de oposición, forma parte del «perraje» que este gobierno considera carente de derechos.
Con esto llegamos al punto donde queríamos llegar. Según cifras oficiales, el 93% de los homicidios que se cometen en el país, no sólo permanecen impunes sino que sobre ellos ni siquiera se abre investigación alguna por parte de la policía científica.
Mientras el gobierno dota de armas a la policía boliviana, la ex PTJ trabaja con las uñas, y está completamente desbordada por el aluvión homicida de cada día. No es casual que el reclamo unánime de los deudos, cada día, ante las morgues del país, se exprese en el grito de «Justicia». Porque no la hay. Para los pobres no la hay. Para Chacumbele, esos muertos no existen.
Este bocazas impenitente, que no hay mogote al que no le eche palo, sólo dos veces en once años ha tocado el tema de la inseguridad; de resto, jamás de los jamases se ocupa del asunto. Por lo consiguiente, sus funcionarios sólo actúan cuando la víctima «tiene nombre» o es militar. La igualdad ante la ley es una ficción sangrienta en este país.
Entre tanto, el ministro del Interior, así como Nicolás Maduro y ese mamarracho de Mario Isea, dedican su tiempo a la pantomima miserable del «magnicidio». En un país martirizado por la delincuencia y por las formas más crueles del homicidio, estos sujetos pasan su tiempo en la denuncia farsesca de «espías» y «paramilitares» colombianos y amenazando con «pruebas» –que nunca presentan– de ese fantasmático magnicidio con el cual pretenden distraer a la gente de la siniestra realidad que nos agobia.
