Mujeres presas en el INOF viven hacinadas, con poca alimentación y nula atención médica
El investigador Humberto Prado destacó la situación de las presas políticas dentro del INOF, que calificó de «muy grave». De 21 mujeres detenidas por razones políticas en el país, al menos 10 están recluidas en esta prisión y reciben un «castigo constante». El Observatorio Venezolano de Prisiones llamó la atención sobre la falta de condiciones básicas para mujeres detenidas en esta cárcel, que también se enfrentan al retardo procesal
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este miércoles 22 un informe sobre las condiciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) Los Teques, la principal cárcel para mujeres en el país, donde destacaron el hacinamiento crítico, la alimentación deficiente y la nula atención médica a las detenidas.
En el informe «Cárcel de mujeres (INOF): un cementerio de mujeres vivas», el Observatorio detalló que esta prisión reúne 28% del total de mujeres detenidas por algún delito en el país. Hay 680 reclusas pese a que su capacidad instalada es solo para 350 prisioneras, lo que representa un hacinamiento crítico de 185,71%.
Las mujeres detenidas en el INOF no reciben porciones adecuadas o una alimentación balanceada. El menú diario se basa en el consumo de granos (frijoles), arepas sin relleno o bollos de masa amarilla. No reciben ningún tipo de proteínas.
Respecto al suministro de agua potable, en algunas ocasiones las presas deben pagar un dólar cada una para la compra de un camión cisterna. Los problemas de abastecimiento datan desde hace años, lo que ha derivado en enfermedades como sarna, debido a la dificultad para mantener el aseo personal.
Según la investigación del Observatorio, el INOF tampoco cuenta con un servicio especializado para la atención médica. Si las mujeres se enferman, deben ser los propios familiares quienes canalicen y paguen por la atención; mientras que los traslados a un hospital solo se realizan cuando es un caso de extrema gravedad.
Para el OVP resulta alarmante que en esta cárcel no se garantice atención ginecólogica u obstétrica. La abogada y profesora universitaria Magaly Vásquez, que participó en la presentación del informe, recordó que es responsabilidad del Estado venezolano la situación de los privados de libertad.
«El Estado tiene que proveer unas condiciones mínimas. En el caso de las mujeres recluidas en el INOF esto queda bajo responsabilidad de sus familiares. Imaginen lo que es para una mujer no poder disponer de insumos mínimos cuando, por ejemplo, no son de la zona, es decir que sus familiares se encuentran en estados muy distantes y que no pueden visitarla sino con suerte una vez al año», destacó la abogada.
Vásquez también señaló que a carga familiar se suma mantener no solo a la mujer detenida sino a sus hijos. Justamente, el Observatorio constató que actualmente hay 23 niños y niñas menores de tres años que permanecen en el INOF junto a sus madres, pero los espacios no están totalmente adecuados a sus requerimientos.
Por su parte, Humberto Prado, director y fundador del Observatorio, señaló que el retardo procesal «es muy grave. Hay mujeres que tienen años detenidas y ni siquiera tienen una sentencia firme. Es que ni siquiera les dejan designar a sus abogados de confianza como es el caso de nuestra compañera defensora de derechos humanos Rocío San Miguel».
Llamó la atención sobre el trato que reciben las detenidas durante requisas, que son ejecutadas por personal masculino del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) del Servicio Penitenciario. «El trato de las custodias es muy ofensivo, durante las requisas suelen entrar funcionarios hombres y mujeres. Las requisas corporales son denigrantes y humillantes», dijo una mujer detenida al OVP.
Presas políticas en el INOF
Humberto Prado destacó la situación de las mujeres detenidas por razones políticas en esta prisión, que calificó de «muy grave». De 21 presas políticas en el país, al menos 10 están recluidas en el INOF y reciben un «castigo constante».
Suspensión de visitas, prohibición de ver a determinados familiares como sus hijos, negación de traslado a tribunales o centros de salud y aislamiento dentro de celdas denominadas «El Tigrito» y «La Mazmorra» son algunos de los castigos que reciben.
El investigador puso el ejemplo de la comerciante Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 y sentenciada a 30 años de prisión por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, conocido como el caso de los drones.
«El caso de Emirlendris Benítez es muy grave, ha pasado por mucho y actualmente está en una silla de rueda después de ser torturada», denunció. Los familiares de la presa política, al igual que organismos internacionales, han solicitado al Ministerio de Servicio Penitenciario, del cual depende el INOF, para su traslado y asistencia médica especializada, pero se les ha negado esta opción.
Magaly Vásquez coincidió en que la situación de las presas políticas «es mucho más dramática (…) La constante es que las mujeres han sido detenidas de manera inconstitucional, es decir, se les detuvo sin que se tratara de un delito flagrante o existiera la orden de un juez. Fueron incomunicadas durante un número importante de días a partir de su detención, incurriéndose en casos de desaparición forzada».
La abogada dijo que, además, la mayoría de las mujeres presas por motivos políticos están sometidas a procesos judiciales en los que no se ha dictado sentencia «prolongando esa detención preventiva de manera irregular».
También destacó que en el caso de las que han sido condenadas, llama la atención el tiempo de pena que se ha impuesto. «Estamos hablando de mujeres que han sido condenadas a 30 años, que es el máximo de pena en nuestra legislación y por la información que se maneja, difícilmente se podría considerar que allí se cumplió en el proceso las garantías mínimas que justificara que un juez llegara a la imposición de una pena como esa».
