Nada justifica violar los derechos humanos, por Xabier Coscojuela
Si la solución al problema pasara por la muerte de los delincuentes, deberíamos vivir con mucha tranquilidad en el país, pues las estadísticas oficiales recogen que entre 1990 y 2013 casi 30 mil personas han muerto en “enfrentamientos” con los cuerpos de seguridad y el delito no ha disminuido sino todo lo contrario.
Autor: Xabier Coscojuela
“Plomo al hampa”. Esa fue la principal consigna de Alfredo Peña cuando fue candidato del PSUV (entonces MVR) para la alcaldía metropolitana de Caracas. Dicha frase tenía y, lamentablemente, sigue teniendo pegada. Una cantidad demasiado importante de venezolanos está convencida de que la única manera de reducir la inseguridad personal que se vive en el país es matando a los delincuentes.
Las evidencias dicen lo contrario, pero ante el creciente dominio que tiene el hampa sobre la vida de los venezolanos, la convicción de que ejecutando a los hampones se resuelve el problema gana partidarios. Lo acabamos de comprobar nuevamente con lo que ocurrió el pasado lunes en la Cota 905.
Muchos venezolanos se sintieron vengados (ver página 8) cuando supieron que 14 personas habían sido “dadas de baja”, palabras textuales del Ministro de Relaciones Interiores, por las fuerzas policiales y militares que actuaron en ese sector de Caracas. Tantos asesinatos que se cometen todos los días, tanta impunidad con la que actúan los criminales, produce ese tipo de reacciones en la ciudadanía, pero nosotros estamos convencidos que ese no es el remedio. Que terminará siendo peor que la enfermedad.
La gente se pregunta si los delincuentes no violan los derechos humanos de sus víctimas. No es así. Quien asesina a una persona comete un delito y debe ser castigado según lo que determinen las leyes, luego de un juicio. Los únicos violadores de derechos humanos son los funcionarios estatales. Así lo ha establecido la doctrina internacional sobre derechos humanos.
En el caso de Colombia, por ejemplo, hay sentencias en organismos de DDHH contra el Estado por no haber tomado las medidas para impedir la actuación de grupos como los paramilitares, las FARC o el ELN, y no hay condenas contra los grupos directamente, porque entienden que no es jurisdicción de DDHH.
Nosotros compartimos esa visión. Quien asesina a otra persona comete un delito y debe pagar por ello según lo que establezca la ley. Si el asesinato es cometido por un funcionario público por uso excesivo de la fuerza, está violando el derecho humano a la vida. Aplica la pena de muerte, lo que viola la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por el país.
En el año 2006, la Conarepol cuestionó operativos como el visto el pasado lunes. De hecho, esa Comisión para la Reforma Policial determinó que la actuación de las policías nacionales dejaban tres veces más muertos que heridos, lo que supone encubrimiento de ejecuciones bajo figura de enfrentamiento, según recordó Provea.
Lo hemos dicho en el pasado y lo repetimos hoy. El país requiere una política seria en materia de seguridad personal. Existen estudios sobre lo que hay que hacer, incluso la creación de la Policía Nacional apuntaba en la dirección correcta, pero no se avanzó más allá de ella.
Si la solución al problema pasara por la muerte de los delincuentes, deberíamos vivir con mucha tranquilidad en el país, pues las estadísticas oficiales recogen que entre 1990 y 2013 casi 30 mil personas han muerto en “enfrentamientos” con los cuerpos de seguridad y el delito no ha disminuido sino todo lo contrario.
Hace dos semanas en este semanario publicamos un trabajo que daba cuenta de los 24 planes de seguridad implementados desde 1999. También de los 12 ministros de Relaciones Interiores que había tenido el país entre 1999 y 2014, que serían 13 al sumarle el actual. Esos datos demostraban la poca seriedad con la que la “revolución” ha tratado el problema. 24 planes en 16 años evidencian que en realidad no hay ningún plan. Y las consecuencias las pagan los ciudadanos en las calles del país.
Es difícil de creer que el Gobierno vaya a tomar el toro por los cachos en esta materia. La irresponsabilidad conque ha tratado el tema todos estos años nos lleva a ser pesimistas. Creemos que es un asunto que debería ser motivo del mayor consenso posible. Los diagnósticos existen, hay soluciones propuestas. Llevarlas a la práctica no es fácil, pero es imprescindible.
No descartamos que el gobierno pretenda utilizar el tema para ganar votos y nada más fácil para ello que repetir en diversas partes de Venezuela lo ocurrido en la Cota 905. La tentación es peligrosa y los resultados para los ciudadanos serán más inseguridad, más delincuencia y más violaciones a sus derechos humanos.
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