Ni el Ejecutivo, el TSJ ni la Asamblea Nacional velan por los derechos LGBTI
Unión Afirmativa de Venezuela, una asociación civil que nació en el año 2000 dedicada a trabajar por los derechos LGBTI, denuncia que los poderes públicos del Estado venezolano «no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen para con la ciudadanía
El aniversario 51 de las revueltas de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual y fijaron junio como el Mes del Orgullo Gay, agarra a Venezuela bajo un gobierno que no vela por los derechos humanos de las personas LGBTI. Ni el oficialismo ni la oposición.
Unión Afirmativa de Venezuela, una asociación civil que nació en el año 2000 dedicada a trabajar por los derechos LGBTI, denuncia que los poderes públicos del Estado venezolano «no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen para con la ciudadanía, es decir, proveer protección y garantizar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna».
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En un manifiesto emitido con motivo del Mes del Orgullo LGBTI 2020, Unión Afirmativa señala que ni el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ni la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora desde 2015, velan por los derechos LGBTI.
A continuación el documento:
El Poder Ejecutivo
Denunciamos y lamentamos que no ha cumplido con las personas LGBTI en relación con:
- Las recomendaciones de los Estados en el Primer Ciclo del Examen Periódico Universal en 2011.
- Los objetivos establecidos en el Plan de la Patria 2013/2019.
- Los objetivos establecidos en el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013-2019.
- Los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015/2019.
- Las recomendaciones del Comité de Derechos del Nino de Naciones Unidas en 2014.
- Las recomendaciones del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2014.
- Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.
- Las recomendaciones del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales en 2015.
- Las recomendaciones del Comité de Derechos civiles y políticos en 2015.
- Las recomendaciones de los Estados en el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal en 2016.
El Poder Legislativo
Denunciamos y lamentamos que:
- En sus gestiones 2000/2006 con mayoría del Movimiento Quinta República, 2006/2011 con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela y, 2016/2020 con mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática ha ignorado las innumerables solicitudes que las organizaciones de LGBTI hemos presentado ante en dicha institución democrática.
- La elección de Rosmit Mantilla como Diputado gay y Tamara Adrián como Diputada Trans, no se haya traducido en las modificaciones y adaptaciones legales necesarias para la inclusión social de las personas LGBTI y para el disfrute pleno de sus derechos humanos.
- La Declaración del Día Nacional contra la homofobia, transfobia y Bifobia haya sido un solo un gesto inicial y que no se haya reflejado en reformas legales efectivas.
- No se haya promovido la discusión de temas cruciales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el Estado Laico, el matrimonio para todas y todos sin discriminación.
- No se hayan establecido acciones a través de foros, reuniones y consultas a la sociedad civil organizada en ONG, grupos, colectivos y Asociaciones Civiles, entre otros para la creación de leyes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
- El Acuerdo sobre acciones tendentes a visibilizar y mitigar el impacto diferenciado de la covid-19 sobre la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex como consecuencia de la homofobia, transfobia y la bifobia haya incluido una oración favorable al Matrimonio heterosexual establecido en el artículo 77 de la Constitución el cual es discriminatorio contra las parejas del mismos sexo.
- A la fecha de hoy, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no haya respondido a nuestra solicitud de modificación del Acuerdo sobre personas LGBTI aprobado el 19 de mayo, ya mencionado en el punto anterior.
El Poder Judicial
Denunciamos y lamentamos que:
- Haya declarado la nulidad de la Declaración de Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia realizada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo de 2016.
- Haya impedido el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional para que esta pudiera emprender las reformas legales que permitan a personas LGBTI el disfrute de sus Derechos Humanos.
- No responda las demandas legales introducidas ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre las distintas leyes que impiden el disfrute de Derechos Humanos a las personas LGBTI.
La Defensoría del Pueblo
Denunciamos y lamentamos que:
- No ha materializado la promesa de creación y puesta en funcionamiento de una defensoría especializada en personas LGBTI realizada por la gestión de Gabriela del Mar Ramírez en 2010, con el objeto de facilitar la recepción de denuncias y gestión de casos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.
- No cuente con protocolos para la gestión de casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.
- No se avoque a la elaboración de recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial sobre políticas públicas y creación o adaptación de leyes que contribuyan a mejorar la situación de las personas LGBTI en Venezuela.
El Ministerio Público
Denunciamos y lamentamos que:
- No cuente con un protocolo de atención a personas LGBTI víctimas de crímenes de odio.
- No se hayan creado fiscalías especializadas para atender casos de violencia contra personas LGBTI.
- No se reflejen en las estadísticas de reportes criminales los datos de manera desagregada por sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otros datos relevantes que puedan dar información oficial sobre crímenes de odio contra personas LGBTI.
El Consejo Nacional Electoral
- Siga impidiendo a las personas trans realizar el cambio de nombre de acuerdo a su identidad auto-percibida tal como lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Hoy demandamos lo siguiente:
A todos los funcionarios y servidores de los poderes públicos del Estado el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos para con las personas Lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersex.
Al Poder Ejecutivo:
Cumplir con las recomendaciones elaboradas por los diferentes organismos de derechos humanos y los compromisos adquiridos en este mismo sentido.
Al Poder Legislativo:
Someter a ratificación la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Emprender las modificaciones legales pertinentes según los estándares internacionales de Derechos Humanos para que las personas LGBTI puedan tener una vida digna en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.
Al Tribunal Supremo de Justicia:
Cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17 en relación a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así como permitir a las personas trans e intersex la modificación de nombre y género a través de un proceso administrativo de manera clara y expedita libre de procedimientos estigmatizantes. Responder a todas las demandas sobre personas LGBTI interpuestas ante su despacho y que permanecen sin ser atendidas.
A la Defensoría del Pueblo:
Cumplir con su deber de protección y defensa de las personas sin discriminación.
Al Ministerio Publico:
Proceder a investigar todos los crímenes de odio contra personas LGBTI debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, a iniciar la reparación de los daños a víctimas y familiares y garantizar la no repetición de los mismos.
A los cuerpos policiales y de seguridad:
Actuar apegados a los protocolos y procedimientos según los estándares internacionales de derechos humanos. Evitar incurrir en abusos de poder contra las y los venezolanos en particular con los más vulnerables como las personas LGBTI.
A los gobernadores y alcaldes:
Cumplir con las disposiciones de los acuerdos contra la homofobia, transfobia y bifobia en sus estados y municipios. Elaborar políticas públicas de inclusión social para las personas LGBTI. Emprender programas de capacitación y sensibilización a sus funcionarios en materia de Derechos Humanos.
A la empresa privada:
Iniciar las medidas pertinentes para otorgar a los empleados que se identifiquen como homosexuales ambientes seguros a tal fin. Reconocer los beneficios laborales a los empleados en relaciones con personas de su mismo sexo en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Emprender procesos de formación, capacitación y sensibilización a gerentes de personal, gerentes administrativos y empleados en general sobre ambientes de trabajo libres de acoso y discriminación por razón de género, orientación sexual, identidad y expresión de género, en concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la empresa privada y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
A los partidos políticos:
A emprender un dialogo real con las organizaciones de la sociedad civil que permita a sus integrantes entender e impulsar de manera genuina los derechos humanos de las personas LGBTI. Estar conscientes de su responsabilidad para con el progreso y bienestar de la ciudadanía en general, con mayor énfasis a los grupos discriminados y violentados en sus derechos. Emprender talleres de formación, capacitación y sensibilización entre sus integrantes y en particular aquellos con poder de decisión en planes y políticas sociales.
A la sociedad venezolana:
Les instamos a abrazar la defensa de derechos humanos para todas y todos sin discriminación. Una sociedad verdaderamente democrática no establece condiciones para el disfrute de derechos humanos de acuerdo a características particulares de las personas. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Nadie puede quedar por fuera en la construcción de una nueva democracia.
La aprobación de derechos a personas LGBTI no significa que otras personas perderán sus derechos, por el contrario, significa que seremos una sociedad más justa, más equilibrada y más inclusiva para todos.
“A aquellos que usan argumentos religiosos o culturales para privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos les pregunto: ¿Qué ganas con hacer que otros sean menos iguales?, ¿es tu religión o cultura tan débil que necesitas privar a otros de sus derechos humanos fundamentales?” Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Septiembre 2016.
