Niños y niñas tratan de «pasar desapercibidos» para migrar de Venezuela
Poco más de dos millones de niños y niñas venezolanos han salido por las fronteras venezolanas bajo distintas modalidades hasta 2021, según estimaciones de Acnur. Salen solos, con sus padres o en compañía de un adulto que no es su representante, buscando la reunificación con sus familias, mejores condiciones educativas o insertarse al mercado laboral
Cinco niños venezolanos migrantes murieron en los primeros dos meses de 2022 a través de distintos pasos: Victoria Lugo, de siete años, se ahogó en el Río Grande (México-Estados Unidos); Keiler Vargas, de dos años, falleció en el trayecto entre Perú y Bolivia; Leangel Gutiérrez, de 10 años, murió en un accidente entre Pasto e Ipiales (sur de Colombia), el mismo día y en la misma zona que José Fabian Chacín, de 10 años.
La última muerte denunciada fue de Yaelvis Santoyo Sarabia, de apenas un año y cuatro meses, quien murió luego de que una bala disparada por agentes de seguridad de Trinidad y Tobago le alcanzara el pasado 5 de febrero. El niño iba en los brazos de su madre en una embarcación que salió de Delta Amacuro hacia las costas trinitenses.
La muerte de estos niños y niñas demuestran uno de los tantos peligros a los que se enfrentan los migrantes tras cruzar las fronteras venezolanas, como respuesta a una emergencia humanitaria desde 2016 y una crisis económica que llevó al país a una hiperinflación desde 2018 y de la que apenas sale.
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Ligia Bolívar, socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, señala que las estadísticas referentes a esta población son extremadamente difíciles porque los niños, niñas y adolescentes «tratan de pasar desapercibidos porque saben que en el momento que los identifique, los echan para atrás».
Estos niños pasan escondidos por trochas o camuflados con otro grupo familiar en los pasos fronterizos, dice la investigadora.
Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) hay poco más de seis millones de connacionales bajo alguna de estas condiciones, de los cuales 4.992.215 se encuentran en América Latina y el Caribe.
En 2021, las organizaciones socias del R4V estimaron que el 25% de los migrantes y refugiados venezolanos en riesgo en América Latina y el Caribe son niños, niñas y adolescentes, es decir, al menos dos millones 416 mil son menores de edad.
Una gran parte de esos niños se encuentra en Colombia, por donde pasa la mayor cantidad de migrantes en movimiento, además del asentamiento natural en ese país, que ha garantizado mayores accesos a la población venezolana a través de políticas de regularización como los Permisos de Protección Temporal (PPT).
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, asegura que en los pasos clandestinos los niños y niñas están «expuestos a situaciones como secuestro, extorsión, violencia sexual y hasta la muerte como lo vimos en el caso del niño en Trinidad y Tobago».
El informe «Pequeños en movimiento», elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB (mayo 2021) señala el aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados en los pasos fronterizos, una situación que aumentó durante la pandemia por covid-19.
Los NNA no acompañados salen del país sin ningún representante, mientras que los niños separados van con alguna persona que no es su representante formal, como madrinas, tíos o algún conocido.
Por ejemplo, Estados Unidos recibió a 122.000 menores migrantes no acompañados en 2021, una cifra récord en comparación a 2019, cuando se registró la llegada de 69.000 menores que viajaban sin sus padres, informó la Oficina de Control de Fronteras e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés).
Esos niños son reubicados con familiares, dentro o fuera de EEUU, a través de los servicios sociales de ese país.
La mayoría de los no acompañados o separados que salen de Venezuela se trasladan a pie y tienen edades comprendidas entre 12 y 17 años, estima la UCAB. Algunos son el hijo o hija mayor de su grupo familiar que asume o se ve obligado a tener el papel de proveedor.
Otro punto que menciona el CDH UCAB, y donde coincide Cecodap, son las motivaciones de este grupo etario para salir solos de Venezuela. Reunificaciones familiares o presiones de la misma, salida de situaciones de violencia doméstica, ausencia de opciones laborales o educativas son las opciones más frecuentes.
Generalmente estos niños, niñas y adolescentes tampoco disponen de información completa una vez cruzan la frontera, por lo que se movilizan a partir de recomendaciones de terceros que, en algunos casos, podría llevarlos a situaciones de violencia o trata.
Carlos Trapani recuerda que esta migración enfrenta vulneraciones de derechos humanos y jurídicas, que también ponen en riesgo su permanencia e inclusión en los países de acogida.
«Un niño que sale de Venezuela sin identificación porque no tiene cédula o pasaporte está expuesto a muchos peligros. El Estado debe garantizar el derecho a la identificación de los menores de edad, un niño que está fuera sin cédula o pasaporte está en situación de desventaja en comparación con los demás», destaca.
Por ello, el abogado explica que los Estados deben hacer esfuerzos mancomunados para garantizar la inclusión de estas personas y que situaciones como la muerte del niño que intentaba ingresar a Trinidad no se repitan. «Las familias venezolanas no migran por gusto, lo hacen por necesidad, es una opción de supervivencia».
Situación de niñas y adolescentes
Dentro de los grupos de migrantes y refugiados hay grupos vulnerables como las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Un informe de Acnur hecho en Colombia, Ecuador y Perú entre octubre de 2020 y febrero de 2021 ubica la violencia basada en género (VBG) como la forma más recurrente de violencia en esos países, especialmente en las calles. ¿Quiénes la padecen? Niñas y adolescentes.
«Por otro lado, el hecho de ser mujeres exacerba el impacto de la xenofobia en espacios públicos, como la escuela y en las redes sociales. La xenofobia y sus consecuencias se convierten en un obstáculo para su acceso pleno a derechos, como vivir libres de violencias, acceder a vivienda y educación, así como a integrarse en el país de acogida y a tejer redes sociales e institucionales», dice el estudio.
28% de las niñas encuestadas estaban fuera del sistema educativo, el 40% no tiene acceso a los sistemas sanitarios y 8% trabaja, ya sea en producción y ventas de comida, atención al cliente o son víctimas de otras formas que los esclavizan en las calles.
«Toda la cadena de derechos de protección de las niñas y adolescentes, migrantes y refugiadas se ve seriamente amenazada o vulnerada, por las condiciones en las que deben migrar, pero ante todo por ser niñas», afirma Acnur.
Ligia Bolívar también insiste en que los países de acogida deben adaptar sus políticas para atender a niños, niñas y adolescentes en particular. «Si tienes una situación que sabes que se está dando, tienes que adaptar tus políticas. La ausencia de registros no es justificación para que los Estados no apliquen políticas».
Por ejemplo, Colombia tiene un sistema de protección de niños y adolescentes planteados para problemas clásicos: conductuales, en situación de calle, abandono, consumo de sustancias, maltrato.
Los niños que salen de Venezuela no caen en ninguna de estas categorías, explica Bolívar. «Ellos no están peleados con la ley, están saliendo por presiones de ayudar a madres solteras para completar ingresos del hogar o buscan la reunificación familiar. Como no caen en ninguna de esas categorías, hay que buscar mecanismos flexibles y orientados específicamente a este tipo de población, eso es lo que no se está haciendo».
Expuestos a trata
El Centro de Derechos Humanos de la UCAB también alerta sobre la proliferación de grupos armados irregulares, especialmente en estados fronterizos, lo que ha obligado a muchas familias al desplazamiento para evitar que estos niños, niñas o adolescentes sean reclutados.
Ligia Bolívar recuerda que la presencia de grupos armados es recurrente, «es muy sencillo y fácil captar niños para actividades como el tráfico de drogas porque los someten a un trabajo semiesclavo, están sometidos a condiciones infrahumanas. Si van solos, es mucho más fácil porque son más vulnerables».
Ligia Bolívar, socióloga e investigadora
Los venezolanos no están acostumbrados a esa situación (conflicto armado), dice Bolívar. La firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 dio esa sensación a muchos venezolanos, pero esta organización solo se reagrupó a través de las disidencias y se expandió a otros territorios, en especial a los estados fronterizos de Venezuela, según denuncias del Gobierno colombiano y varias ONG.
«En Catatumbo, en Arauca, pero también al interior de Colombia, por lo que si no los agarran en la frontera lo pueden hacer más adelante. Es un riesgo latente. Muchas personas venezolanas no saben a dónde van, no tienen idea de la geografía de la región y no tienen idea de estos peligros», reitera la socióloga.
Niños y niñas desaparecidos en naufragios
La migración fluvial no es la más común entre los venezolanos, pero en los últimos años esta vía de salida se ha incrementado especialmente en los habitantes de estados costeros hacia Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago y Guyana.
El uso de vías fluviales por pasos no autorizados incrementa el riesgo de trata de personas y niños a través de explotación laboral o sexual, resaltan diversas agencias de Naciones Unidas. Nuevamente, las cifras no están claras desde las autoridades venezolanas y algunas ONG tratan de hacer un trabajo de recopilación para visibilizar estos naufragios.
Mayday Confavidt, una organización creada por familiares de migrantes desaparecidos, contabiliza 139 personas extraviadas en naufragios en las costas venezolanas desde 2019. Al menos 21 (15%) son niños y niñas.
Migrantes venezolanos llegando a Trinidad y Tobago. Foto: Reuters
«Ningún niño o niña migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción», recalcó Jean Gough, directora de Unicef tras la muerte del pequeño Yaelvis Santoyo.
La mayor cantidad de niños desaparecidos en las costas venezolanas se registró en la tragedia del bote «Jhonaily José», ocurrida en 2019 en el oriente venezolano. De esa embarcación se contabilizaron ocho niños desaparecidos.
Ese mismo año desapareció el peñero «Ana María». De los 33 desaparecidos, tres eran menores de edad: dos niños y una niña. Ambos casos fueron documentados en la investigación «Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula«, desarrollada por TalCual en alianza con la plataforma internacional Connectas.
En Falcón se registró la desaparición de dos embarcaciones que salieron de las poblaciones de La Vela y La Tiraya entre finales de 2019 y principios de 2020. En total, cinco niños y una niña desaparecidos.
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En 2020 se reportó el naufragio del peñero «Mi Refugio». Los familiares hablan de 34 muertos y siete desaparecidos, entre ellos tres niños, pero la información es extraoficial. «No ha podido ser documentado debidamente», dice Mayday Confavidt.
En diciembre de 2021 se registró la desaparición del bote «Amiyah». Para la ONG es difícil determinar cuántos son menores de edad. Hasta ahora se habla de nueve desaparecidos, al parecer de una misma familia, entre ellos una niña de cuatro años.
«El establecimiento de vías regulares y seguras, a través de visados humanitarias y la reunificación familiar, así como la implementación de sistemas de ingresos sensibles a la protección y mecanismos de recepción adecuados, pueden prevenir el uso de rutas irregulares, el contrabando y la trata», dijo recientemente Eduardo Stein, enviado conjunto de OIM y Acnur.
Más que migrantes
La CIDH ha señalado la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela como “un factor determinante del desplazamiento”, pues gran parte de la población migra precisamente debido a la falta de acceso o la satisfacción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Tanto Acnur como la CIDH han hecho un llamado a los Estados que acogen a personas venezolanas, a reconocerlas como personas con necesidad de protección internacional bajo la Declaración de Cartagena.
“Los sistemas que puedan garantizar la entrada segura y regularizada de refugiados y emigrantes pueden disuadir a las personas de recurrir a los traficantes y salvar vidas”, ha dicho Eduardo Stein, representante conjunto de Acnur y la OIM. «Para evitar que tragedias sigan ocurriendo, se necesita seguridad en las vías y asistencia a los más vulnerables».
La socióloga Ligia Bolívar señala que los venezolanos no pueden ser encasillados bajo la etiqueta de migrantes, sino que deben ser pensados como personas con necesidad de protección internacional.
«No toda la población venezolana es refugiada, pero sí la mayoría. Hay una definición ampliada de refugiado, incluida en la Declaración de Cartagena, también se consideran aquellas personas que huyen de una situación masiva y generalizada de derechos humanos, por tanto la población venezolana califica dentro de esta categoría», recuerda.
Bolívar pone como ejemplo una familia venezolana que se encuentra en Chile esperando ingresar con un niño con síndrome de Down porque no tenía atención. «¿Los vas a devolver? Es una persona que salió de Venezuela por necesidades especiales, porque no tienen el apoyo que necesitan en su país».
