No solo el PIB y la inflación, el Gobierno tiene aún muchas cuentas que mostrar
El ocultamiento de las estadísticas macroeconómicas ha formado parte de la política gubernamental ejecutada durante los últimos años. Esto ha generado que se desconozcan las dimensiones de la crisis económica del país
Las autoridades monetarias y financieras de Venezuela se vieron obligadas a entregar indicadores de la economía al Fondo Monetario Internacional (FMI), para levantar una «declaración de censura» y evitar nuevas sanciones por parte del organismo que, entre otras cosas, podría bloquear algún eventual préstamo. Si, precisamente a ese FMI que tantas críticas ha recibido del gobierno venezolano y al cual no ha querido acudir para solicitar financiamiento para atender la actual crisis.
El Fondo confirmó recientemente que después de varios años, recibió varios datos económicos enviados por el Banco Central de Venezuela (BCV). Aunque el organismo multilateral no indicó cuáles indicadores recibió, varias agencias de noticias informaron que fueron enviadas la tasa de inflación, el producto interno bruto (PIB) y de la balanza de pagos (importaciones-exportaciones).
Venezuela le dijo al organismo multilateral que los precios aumentaron 860% y la economía de contrajo 15,7% al cierre de 2017. Luego de entregar estas cifras -por cierto-, el FMI advirtió a Venezuela que había inconsistencias en la data.
Sin embargo, estas no eran las únicas cifras desconocidas por la población venezolana y por los distintos actores económicos del país. Vale la pena recordar que en 2004 el Gobierno comenzó a ocultar las cifras de indicadores de la industria manufacturera. De ahí en adelante se inició una cascada de información económica no publicada.
«No se trata exclusivamente del BCV, también el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Finanzas, igualmente han tenido una política sistemática de ocultamiento de la información», afirmó el economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra en un informe
Explicó que ello ha privado al país del conocimiento de una variable fundamental para el diseño de las políticas públicas. Por su parte, el Ministerio de Finanzas ha obviado la publicación de un indicador clave: la gestión fiscal. «Todo ello obedece a una política por parte del Gobierno nacional para que no se conozca la realidad económica y social de Venezuela, con el costo de que las estadísticas pierden credibilidad cuando se publican y además, ello ha elevado la incertidumbre sobre la economía del país, encareciendo su financiamiento externo».
Como resultado de la falta de cifras oficiales, han proliferado un conjunto de estimaciones privadas que vienen a llenar el vacío generado por los entes del Estado encargados de recopilar y publicar las estadísticas económicas y sociales. Al igual que los organismos multilaterales, los cuales también han hecho también sus propias proyecciones.
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) es una de las instituciones públicas que se ha dedicado a esta tarea y ya sus proyecciones son consideradas data oficial por muchos.
Datos ocultos
El 2013 fue el año en que mas cifras dejo de publicar el Gobierno, entre ellas destacan los indicadores de comercio, el Índice de precios al mayor, el núcleo inflacionario, el Índice de remuneraciones a los asalariados, la Encuesta industrial cualitativa, el Índice de desarrollo humano, el Gobierno central presupuestario y el Petróleo y Otros datos Estadísticos (PODE)
Pero en 2015 también se ocultaron los resultados de las importaciones y exportaciones, los ingresos y egresos de divisas del BCV, el resumen general de balanza de pagos, el Índice nacional de precios al consumidor, el Índice de precios del área metropolitana de Caracas, el Producto Interno Bruto (PIB), el Coeficiente de Gini (Nacional) y la pobreza por línea de ingreso, entre otros
Entre las consecuencias para la población y el sector privado el desconocer las estadísticas de la economía, resaltan el fomento del uso de mecanismos alternativos (como DolarToday) para la actualización de los precios de los bienes muebles e inmuebles.
«Por ejemplo, este es el caso del mercado de la construcción que desde hace bastante tiempo rige sus precios por la cotización del dólar en el mercado negro. Las personas no tienen ninguna forma de actualizar confiablemente deudas, alquileres, contratos laborales y otros contratos legales; efecto de esto, es que la población tiene que aproximar los cálculos según el dólar paralelo u otros indicadores», sostiene Guerra
Indicó que ademas se dificulta aún más el proceso de producción nacional porque las empresas públicas y privadas no pueden estimar correctamente presupuestos e inversiones.
Ninguno de los 32 ministerios que componen el Ejecutivo Nacional cumple con el deber legal sobre acceso a la información pública lo que impide el control ciudadano de la gestión estatal, resalta la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
«Se identificó que los 32 ministerios incumplen la normativa, pues no publican 14 clases de información, de las 30 que establece la Ley. El Ministerio de Vivienda y Hábitat resultó ser el que menos promueve el acceso a la información, publicando sólo 2 de los 30 aspectos revisados. Asimismo, se encontró que le siguen el Ministerio de Agricultura Urbana; el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la gestión del Gobierno, Juventud y Deportes, Minería Ecológica, Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Comercio Exterior e Inversión Internacional, como los más opacos en cuanto a publicación de información oficial, ya que de los 30 ítems evaluados únicamente divulgan 5″, destaco en un informe.
