Norma “exprés” obliga a ONG a registrarse en Oficina contra la Delincuencia Organizada
La providencia 001-2021 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.098 con fecha del 30 de marzo exige a las organizaciones no gubernamentales (ONG) suministrar información al Estado sobre su financiamiento, alianzas y actividades, además de exigirle una lista de las personas que resultan beneficiadas con sus programas sociales
Acceso a la Justicia denunció otro intento del régimen de Nicolás Maduro por controlar a las ONG. Se trata de una nueva normativa publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.098, providencia n° 001-2021, con fecha del 30 de marzo, donde se establece que estas agrupaciones deberán registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.
“Entre los recaudos para inscribir organizaciones sin fines de lucro en el Registro Unificado de Sujetos Obligados, destaca la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes (art. 6.4)”, advirtió la organización no gubernamental a través de su cuenta de Twitter.
#AlertaLegal Entre los recaudos para inscribir organizaciones sin fines de lucro en el Registro Unificado de Sujetos Obligados destaca la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeras) de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes (art. 6.4) #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 13, 2021
Acceso a la Justicia recalcó que en su artículo 6.6, la providencia Nro 001-2021 también indica que las ONG deben suministrar un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales y de otras agrupaciones, con las que hayan acordado algún tipo de asociación.
Además de imponer el registro ante la Oficina contra el Financiamiento del Terrorismo y suministrar información sobre los recursos que reciben, con quienes se asocian y qué actividades realizan, la nueva normativa le exige a las ONG que entreguen un listado donde se identifique a las personas beneficiadas por sus programas sociales.
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Normativas contra las ONG
Durante los últimos meses ha aumentado la frecuencia con la que voceros del chavismo criminalizan a través del discurso político a activistas y defensores de los derechos humanos, siendo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien más incide en esta práctica, al dedicar una buena parte de su programa semanal, Con el Mazo Dando a hostigar miembros de varias ONG venezolanas, clasificándolas como “instrumentos desestabilización» y tildando a sus directivos de «terroristas».
Ahora bien, entre la retórica y la acción, hay un conjunto de leyes fraguadas desde las instituciones que controla el chavismo, para avanzar en la persecución de organizaciones sin fines de lucro. En otras palabras, aunque la providencia Nro 001-2021 es la más reciente, no se trata de la única norma que el régimen de Nicolás Maduro se sacó de la manga, en su afán de perseguir a las ONG.
En noviembre de 2020, fue la ilegítima asamblea constituyente la que impuso a las ONG un “Registro Oficial» para obtener un permiso con una duración de un año. Ese mismo mes, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió la circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 (20/11/2020) ordenándole a la banca que hiciera seguimiento de las operaciones financieras de las organizaciones sin fines de lucro.
#AlertaLegal El año pasado Sudeban, en su circular n.º SIB-DSB-CJ-OD-06524 (20/11/2020), había ordenado a los bancos y demás instituciones financieras a implementar medidas para monitorear las operaciones financieras de las ONG (activa tu VPN) https://t.co/zJoMs6HpHJ #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 13, 2021
Estas medidas arbitrarias, tomadas específicamente contra las organizaciones sociales Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive, incluyeron la visita de funcionarios de seguridad del Estado a su director, el líder comunitario y militante del partido Primero Justicia, Roberto Patiño.
“Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas ‘visitas’ policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar”, reprochó Laura Louza, abogada y directora de Acceso a la Justicia.
