Nuevas empresas privadas llegan para la autogeneración eléctrica, pero falta más (V)
En la continuación del seriado Servicios (ni tan) públicos de TalCual se muestra que un mayor número de empresas privadas se han orientado a ofrecer alternativas para proveer de servicio eléctrico a la población, pero es una opción para muy pocos. La clave podría estar en que se permita la participación del sector privado e inversiones importantes en algunas áreas del sistema y en la ejecución de planes con energías renovales, ya que mientras eso no ocurra, el país tiene todas las posibilidades de sufrir otro megapagón como el de 2019
Plantas y baterías eléctricas, así como paneles solares son las alternativas que ha tomado la población venezolana para poder acceder a electricidad. Todo ello de la mano de empresas privadas que se han instalado en el país en los últimos años, y las cuales han visto un importante nicho de mercado con potencial de crecimiento. Claro está que las opciones son costosas, por lo que solo una pequeña parte de la población puede asumirlas.
Según datos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el parque de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) asciende a 24.000 megavatios (MW) de capacidad instalada, aproximadamente, de los cuales 62% corresponden a generación hidroeléctrica, 35% proviene de plantas termoeléctricas, y casi 3% al sistema de generación distribuida, conformada por grupos electrógenos (plantas eléctricas).
Es por esa dependencia en la generación hidroeléctrica y termoeléctrica que el servicio en el país se muestra intermitente, debido a una infraestructura de distribución deteriorada y con bajos niveles de inversión pública para su mejoramiento, recuperación y mantenimiento.
Un reporte de Cedice Libertad indicó que un estudio de comparación entre las inversiones realizadas y las presupuestadas evidencia la dirección del gasto público hacia la atención de mantenimiento y corrección de incidencias. Apenas 5% de las inversiones están dirigidas a mejorar los índices de cobertura, calidad y continuidad en el suministro eléctrico. Unos 12,9 millones de dólares estiman se invirtieron entre enero y agosto de 2022.
«El área metropolitana resiente la falta de inversiones en el servicio de electricidad. Solo el Complejo Hidroeléctrico Guri es el que surte al país. Tacoma y Los Teques están técnicamente paralizadas, dado que no pueden atender ni 10% de su capacidad», indicó Cedice en el estudio.
La falta de planes, financiamiento o desvío de recursos estatales en la infraestructura de los servicios públicos, especialmente, en el sector eléctrico, envuelve al país en fallas, fluctuaciones y apagones; y lo que llevó a los ciudadanos, comercios e industrias a buscar alternativas que les permitan seguir operando.
El mayor número de empresas privadas se han orientado en ofrecer alternativas para disponer de servicio eléctrico autónomo, pero la clave podría estar en que se autorice su participación en áreas importantes del sistema como la generación, transmisión, distribución y comercialización. Analistas sostienen que es importante se dé cabida al desarrollo de las energías renovables o la llamada energía verde, ya que compañías foráneas especializadas en esta materia han estado interesadas en ingresar al mercado venezolano.
«Venezuela no se ha vendido como país con gran potencial en energías renovables, sino que sigue pensando en el petróleo. Tenemos sol, agua, viento, para hacer hidrógeno verde, pero no nos hemos querido montar en eso. Romper ese paradigma no es fácil. Se puede instalar, por ejemplo, un proyecto de mil megavatios solares sin ningún problema, hay espacio y sol suficiente en el país. El hidrógeno verde tiene futuro aquí», afirmó Nelson Hernández, experto en el área energética y en energías renovables.
Sin embargo, esto solo es posible con la reforma de las leyes que rigen al sector. Mientras eso no ocurra o no se cuente con recursos suficientes para mejorar el SEN, el país podría sufrir de otro megapagón de varios días como el de 2019.
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Protesta frente a la sede de Corpoelec en Caracas.
Un reciente informe de seguimiento a los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de Hum Venezuela tras el confinamiento por la pandemia de covid-19, señaló que unas 5,9 millones de personas sufrieron fallas eléctricas severas.
«A marzo 2022, el déficit de servicios públicos alcanzó a 67,7% de la población. Estos déficits se presentan con fallas o falta de acceso a los servicios de agua por acueductos, saneamiento y/o electricidad, gas doméstico, comunicaciones, información y transporte público», se indicó en el documento actualizado en marzo de 2022.
Afirmó la organización que la emergencia humanitaria arribó a su séptimo año en 2022, causando masivas, múltiples y severas privaciones de derechos que se manifiestan en pobreza, hambre, violencia, colapso de servicios básicos, ausentismo y abandono escolar, mala salud, muertes evitables y la mayor y más veloz migración forzosa ocurrida hasta ahora en los países de América Latina y el Caribe. Destacaron además, la actitud de los venezolanos para resolver sus problemas.
«El sector comercial e industrial, especialmente las grandes empresas, y el sector residencial a mucha menor escala, han tenido que recurrir a fuentes de autogeneración eléctrica a un alto costo, dependiendo de las disponibilidades de combustible», acotó Hum Venezuela.
Hernández destacó que la administración de Nicolás Maduro tiene la intención de abrir la economía para la participación del sector privado nacional o extranjero. Pero reiteró que todo lo que se refiere a la industria está bajo el control del Estado.
«Por primera vez, el gobierno está dando señales de apertura. Lo importante para cualquier empresa que quiera ingresar al país es que cuente con reglas claras. No obstante, las actuales reglas de juego deben ser modificadas porque así no habrá éxito. Los capitales se irían de inmediato. ¿Cuáles serían los cambios? Principalmente de tipo legal», apuntó.
Sostuvo Hernández que el Estado no cuenta, además, con recursos para ejecutar las obras que requiere la industria en el país ni para construcciones nuevas; no tiene dinero para las reparaciones, para comprar nuevos equipos ni para el mantenimiento de la infraestructura y las operaciones. «Ahora debe mirar a un lado y dejar que ingrese el sector privado al negocio. Cambiar la mentalidad política es bastante difícil, recordemos que en estos 20 años de gobierno chavista la política ha sido tener el control estatal de la economía», dijo.
Todo el control ineficiente del Estado en la industria eléctrica se evidencia en que la calidad del servicio eléctrico mantiene una valoración negativa y la cual se incrementó desde enero de 2022, según dos estudios de percepción ciudadana realizados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en el primer semestre del año. «En enero este porcentaje fue de 47,1%, mientras que, para mayo, fecha de la última encuesta de la organización, este valor fue de 62,4%, una diferencia de más de 15 puntos porcentuales».
La información recopilada a través del Observatorio de Medios y Redes de Comunicación Nacionales del OVSP, en el mismo período, advierte que el servicio eléctrico fue el más reportado (en comparación con los otros servicios evaluados) por los portales de noticias.
Según el estudio, para mayo de 2022, las ciudades del occidente de Venezuela, se mantienen en las primeras posiciones de urbes donde los ciudadanos padecen mayormente por las fallas en el servicio eléctrico.
Los consultados en San Cristóbal posicionaron a la ciudad en el primer lugar de las peores valoraciones de calidad del servicio eléctrico con 92,9%, seguida por Mérida con 89,4% y Maracaibo 77,3%.
La información del OVSP destacó además, que en las 12 ciudades, poco más de la mitad (51,5%) de los encuestados opinó negativamente de la calidad del servicio eléctrico debido a las fluctuaciones que ocurren constantemente; mientras que 21,7% expresó su descontento por el plan de racionamiento.
Aunque San Cristóbal y Mérida son las ciudades con mayor proporción de usuarios descontentos con la calidad del servicio eléctrico que reciben, las principales razones de dicha percepción en estas urbes fueron las fluctuaciones, con 39,2% y 41,1%, respectivamente. Sin embargo, estas ciudades no ocuparon los porcentajes más altos de percepción negativa del servicio debido a las fluctuaciones eléctricas. Estas proporciones le correspondieron a Caracas con 68,5% y San Fernando de Apure con 64,6%.
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Llegaron los paneles solares
La energía solar es un recurso abundante y gratuito, su uso no genera impactos negativos sobre el medioambiente y los paneles fotovoltaicos pueden ser utilizados en cualquier lugar: urbano o rural.
En este sentido, si se toma en cuenta el 3% de generación eléctrica distribuida, se puede decir que en Venezuela existe un nicho de mercado de al menos 720 MW (unos 720.000 kilowatts) de demanda de energía eléctrica que podrían ser cubiertos mediante el uso de paneles solares, según cálculos de expertos.
Luego del megapagón de 2019, las autoridades afirmaron que trabajarían en proyectos para instalar sistemas de energía limpia o verde como la eólica o la fotovoltaica. No obstante, pocos avances hay desde entonces y hasta ahora se estudia aprobar una ley para normar el negocio.
«Algo que preocupa es que en estos momentos se está estudiado en la Asamblea Nacional (de 2020) un Proyecto del Ley de Energías Renovables y Alternativas, el cual tiene un gran sesgo al estatismo del sector. Permite que el sector privado entre en el negocio, pero el control lo tiene el Estado», indicó Nelson Hernández.
Su preocupación deriva de lo que establece el artículo 7 del proyecto: Son bienes bajo control y regulación del Estado, las fuentes de energías renovables y alternativas, incluidos los minerales considerados energéticos.
«La pregunta que nos hacemos es ¿el Estado es dueño del sol, del aire? A lo mejor no quieren decir eso, pero es lo que se entiende. Las leyes deben ser muy claras y precisas», dijo Hernández.
Reiteró el experto en temas energéticos que, hasta ahora, el proyecto de ley tiene un elemento muy marcado: es estatista, ya que se sigue pensando en el control del Estado sobre cualquier área. «Pareciera que no están claros en la materia o no quieren terminar de dar el paso a abrirse completamente al sector privado. El Estado debe regular, no controlar. Esto aleja a los inversionistas privados. Así no se desarrollará este sector energético. Espero que no perdamos otra oportunidad de desarrollo para el país».
Mientras se define esta normativa legal, en Venezuela crece el número de empresas privadas que ofrecen la alternativa de los paneles solares. Se ha convertido en un negocio que emergió de la crisis de electricidad y de la constante falta de diésel que requieren la plantas eléctricas. Estas compañías no solo traen los equipos sino que los instalan, hacen mantenimiento y los reparan.
Una de ellas es Solinal C.A. una empresa de capital venezolano especialista en energías alternativas fundada en 2003. Sus servicios principales son el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos, sistemas de bombeo solar, suministro de paneles fotovoltaicos, inversores, reguladores y materiales eléctricos.
Tienen proyectos de electrificación solar en zonas rurales del país y sus clientes están en los sectores residenciales, comerciales, industriales, institucionales públicos y privados. Sus principales servicios son la representación e importación, estudio y diseño, integración y fabricación, comercialización y distribución de todo lo relacionado con equipos de generación eléctrica mediante la transformación de energías alternativas, como la fotovoltaica (solar), eólica e hidráulica.
Solsica, por su parte, comenzó operaciones en el año 2016, y atendió en 2021 a 99 clientes con un incremento de 5% en contratos de servicios, dijo Orlando Atance, gerente general de Solsica en el foro Puntos de Vista 2022: Energía sostenible realizado en Caracas.
Resaltó que el primer lote de paneles solares de uso residencial se encuentra disponible desde el 16 de julio en Venezuela, tras a una alianza con la empresa MUST, fabricante de los paneles y sistemas solares. En zonas como Los Roques, Tucacas o Caicara del Orinoco, ya están ejecutando proyectos de instalación de estos sistemas.
«Los paneles que vienen al país tienen capacidad máxima de 4.000 voltios (4.000 watt), que es la capacidad que se maneja para uso residencial. Esta potencia permite dentro del hogar el encendido de cocinas, aires acondicionados, hornos eléctricos e incluso de sistema hidroneumáticos que requieran 110 o 220 voltios», dijo Atance.
Paneles solares en el techo de una vivienda.
Araf Energy es una empresa creada en el estado Mérida, con clientes residenciales y empresariales. Su área de trabajo es el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas solares. Incluyen el almacenamiento de energía, como sistemas de respaldo, para diversos sectores.
«Brindamos soluciones solares para casi cualquier necesidad. Ofrecemos sistemas híbridos al combinar los diferentes tipos de energía como: solar, eólica, diésel. También ofrecemos almacenamiento de energía, como sistemas de respaldo, para el hogar, negocio o cualquier aplicación», se indicó en su página web.
Power Watts es una empresa con experiencia en el diseño y montaje de paneles solares y sistemas de respaldo para casa, oficina o industria. La empresa también diseña sistemas solares adecuados para la mayoría de aplicaciones. Cuentan con un servicio posventa que atiende problemas de servicio técnico después de haber realizado el montaje. Aunque es una empresa con poco tiempo en el mercado, ha instalado 82 paneles solares y 14 inversores, con la atención de 12 clientes.
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Permitir a privados participar en el SEN
Una de las propuestas para mejorar el Sistema Eléctrico Nacional es la de invitar a empresas privadas nacionales y extranjeras a participar en algunas áreas del negocio energético. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, tanto el sector público como el privado participan en la generación de energía, mientras que la transmisión tiende a ser de propiedad pública. En Venezuela, todas la etapas son controladas y administradas por el Estado.
«La diversificación y la innovación asociadas a la transición energética han hecho que, recientemente, la separación de funciones sea más importante», indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un reporte.
Se explicó en el documento que son varias las empresas que participan en el proceso de suministro de electricidad; dependiendo del país, pueden ser públicos, privados o una combinación de ambos. Algunas naciones fomentan la participación privada, mientras que otros la acogen menos o tienen condiciones de mercado que han hecho que ciertos proveedores participen más.
«Los sectores público y privado participan en los tres segmentos principales del negocio en cinco países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Haití). En algunos países (Paraguay, Surinam y Venezuela) predomina el sector público. Lo contrario ocurre en Barbados y Chile, donde el sector público no participa en estos tres segmentos».
Venezuela llegó a contar con nueve empresas públicas y 11 empresas privadas, de las cuales cinco ejecutaban actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, tres se encargaban de los procesos de generación, distribución y comercialización, una solo realizada actividades de generación, y 11 compañías —entre ellas la Electricidad de Caracas (80% en manos de la norteamericana AES Corporation)— las tareas de distribución y comercialización.
El BID aclara que no es que cada una de estas experiencias en el manejo de la industria eléctrica es mejor que la otra, pero que lo importante es que los tres sectores (públicos, privados y mixtos) se coordinen eficazmente para ofrecer un servicio seguro, continuo, asequible y de calidad a la población.
«A su vez, las empresas privadas pueden desempeñar un papel importante en la modernización del sector y pueden ser esenciales para cubrir el déficit de financiación que, de otro modo, podría impedir la ampliación del servicio en todos los segmentos del mercado eléctrico».
El sector eléctrico está dividido tradicionalmente en cuatro segmentos principales:
1.- Generación: donde se produce la electricidad, por ejemplo, una central hidroeléctrica.
2.- Transmisión: proceso de llevar la electricidad desde la central hasta un lugar más cercano a los consumidores, normalmente a largas distancias y con altos voltajes.
3.- Distribución: líneas que llevan la electricidad a los usuarios, normalmente a distancias más cortas y con tensiones más bajas.
4.- Comercialización: la venta al por menor es el proceso de proporcionar y/o vender la electricidad a los clientes.
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