Oficina de Defensa de Víctimas de la CPI pide participar en apelación del caso Venezuela
El abogado Calixto Ávila Rincón, representante para asuntos internacionales de Provea, destacó que ya existe un precedente sobre la participación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI en las apelaciones de los Estados parte. «En el caso de Filipinas, esa Oficina pidió ese derecho y fue acordado por los jueces de la Sala de Apelaciones, a pesar de la oposición del Estado filipino. Probablemente ocurra el mismo escenario en el caso de Venezuela», señaló
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este viernes 7 de julio a los jueces de la Sala de Apelaciones el derecho a participar en la apelación del Estado venezolano contra la autorización al fiscal Karim Khan para reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
La Oficina pidió participar para proteger el interés de las víctimas durante este proceso de apelación iniciado por el Estado venezolano. Además, recuerdan que ya la apelación, en base a otros procesos, debería haberse realizado el pasado 3 de julio.
«Las víctimas de los delitos cometidos en la situación Venezuela, junto con sus familiares, tienen derecho a obtener justicia, a conocer la verdad sobre los hechos sufridos y a ser reparados», destacó la Oficina.
La administración de Nicolás Maduro, a través de su Cancillería, manifestó el 4 de julio la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I –que lleva el caso Venezuela– de autorizar la fiscal Khan de proseguir la investigación. Aseguraron que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares cometieron errores y la decisión es «contraria a la verdad y a la justicia».
*Lea también: Testimonios de víctimas ante la CPI muestran al menos nueve delitos de lesa humanidad
El abogado Calixto Ávila Rincón, representante para asuntos internacionales de Provea, destacó que ya existe un precedente sobre la participación de esta instancia en las apelaciones de los Estados parte. «En el caso de Filipinas, esa Oficina pidió ese derecho y fue acordado por los jueces de la Sala de Apelaciones, a pesar de la oposición del Estado filipino. Probablemente ocurra el mismo escenario en el caso de Venezuela», señaló.
En abril de este año, la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) publicó un informe que contiene las opiniones de 8.900 víctimas venezolanas y sus representantes, donde exponen que «debido a la falta de justicia efectiva por parte del Estado venezolano, este Tribunal es el único medio para lograr la reparación o compensación del daño sufrido, para obtener verdadera justicia y responsabilizar a los agentes del Estado cómplices de los grupos armados que actúan a favor del Gobierno nacional y son protegidos por agentes militares y policiales».
En la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, los jueces Péter Kovács (presidente de la Sala), René Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera señalaron que su decisión también está en consonancia con las opiniones y preocupaciones expresadas por las posibles víctimas en esta situación.