OIT se prepara para meter en cintura al chavismo en marzo si no cumple sus compromisos
Un diálogo social, un nuevo mecanismo de fijación del salario mínimo y el cese a la persecución de los dirigentes sindicales son las principales exigencias que hizo la Comisión de Encuesta de la OIT al gobierno venezolano hace más de dos años. El chavismo ha hecho caso omiso y debe prepararse para enfrentar las consecuencias de no rectificar
Los primeros meses de 2022 podrían traer consigo algún golpe internacional para el gobierno de Nicolás Maduro y sus intentos por lavar su cara ante los organismos mundiales. Concretamente, es posible que se asome una decisión histórica en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que introduciría a Venezuela en la lista negativa en la que únicamente se encuentra Myanmar.
Todo parece apuntar a que el gobierno chavista no podrá escapar una vez más de sus compromisos ante la OIT, los cuales ha evadido desde 2019, año en el que representantes de la OIT, pertenecientes a la Comisión de Encuesta, elaboraron un informe basado en una visita realizada al país para constatar las denuncias recibidas por parte de sindicalistas y empleadores venezolanos con voz en la organización.
El informe de la Comisión de Encuesta advertía sobre la situación laboral del país y destacaba una serie de recomendaciones para resolver problemas diversos en materia laboral, con énfasis en el cese de la persecución a sindicalistas y la discusión salarial a través de una reunión tripartita entre empleadores, trabajadores y Gobierno.
Las conclusiones del informe debían ser aceptadas y aplicadas por el gobierno venezolano, ya que son vinculantes para el Estado por haber firmado los convenios de la OIT que abordan estas cuestiones.
El presidente del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, quien ha formado parte de las conversaciones y denuncias contra el Gobierno en el seno de la OIT, aclara que para el Estado es una obligación asumir estas recomendaciones.
«Los países miembros de la OIT, por su propia condición como tales, tienen la obligación de cumplir los Convenios que han ratificado y también aquellos relativos a derechos fundamentales, aun cuando no hayan sido ratificados. Tal es el caso del Convenio N° 87, relativo a la libertad sindical y el derecho de sindicación que fue parte medular de la queja y de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta», explicó.
Ante la inaplicación de estas recomendaciones, el Consejo de Administración de la OIT —que se reúne tres veces al año— ha evaluado en distintas sesiones la situación de Venezuela, resaltando el incumplimiento de las recomendaciones remarcadas por la Comisión de Encuesta, pero sin tomar acciones más concretas con mecanismos de presión contra el gobierno venezolano.
La última reunión del Consejo de Administración de la OIT se llevó a cabo en noviembre y finalmente se dio un paso adelante. Aunque no se establecieron mecanismos de presión, por primera vez hubo un consenso entre representantes de trabajadores, empleados y gobiernos presentes para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y deplorar su incumplimiento hasta la fecha.
Como consecuencia, el chavismo se vio en la obligación de aceptar la resolución firmada ese día, por lo que indirectamente reconoció el informe de la Comisión de Encuesta que en oportunidades anteriores había rechazado y se había negado a acatar, como dejó en evidencia el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, al desligarse de un fallo emitido por el Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2021 que instaba a Venezuela a aplicar las recomendaciones.
«El gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión. Lamentamos nuevamente encontrarnos en un escenario de este tipo nada agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi gobierno», expresaba el funcionario.
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De acuerdo con el expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo de Administración de la OIT en representación de los empleadores venezolanos, Jorge Roig, la resolución de noviembre significó un revés importante para el Gobierno en su participación en este ente.
«Al gobierno venezolano no le gustó para nada esta propuesta. No le quedó de otra que aceptarla, porque fue aprobada por empleadores, trabajadores y gobiernos. La decisión es bastante fuerte porque pone en el banquillo de los acusados al Gobierno venezolano, le da poco tiempo para cumplir y señala unas sanciones importantes en caso de que no cumpla», afirmó.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez existió un amplio consenso en contra del gobierno venezolano y su respuesta al informe de la Comisión de Encuesta
Este paso dado en la última reunión del Consejo de Administración suma presión al chavismo y coloca las piezas en la mesa para avanzar, en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro se rehúse a cumplir con las recomendaciones, con la aplicación de la mayor medida de presión de la que dispone la OIT contra países individuales: el uso del artículo 33 de la Constitución de la OIT.
La máxima presión de la OIT
En su acta constitutiva, la OIT contempla los diferentes mecanismos que posee el organismo para actuar como ente rector en materia laboral a nivel internacional. Más allá de recibir denuncias y definir los compromisos de sus países miembros, también explica las consecuencias a las cuales se someten los Gobiernos que cometen irregularidades o violan los convenios que firmaron.
Tanto la visita como el informe de la Comisión de Encuestas forman parte de estos mecanismos y se aplicaron por la situación laboral en Venezuela. Sin embargo, todavía no se ha decidido ejecutar el artículo 33, una norma muy difusa que implica el incremento de la presión del organismo contra el país que incumpla lo estipulado por la Comisión de Encuesta.
«En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones», reza el artículo.
Pese a que el artículo es difuso y no contempla acciones específicas, establece que el Consejo de Administración recomendará en la reunión las medidas que crea conveniente para obligar al Estado en cuestión a cumplir con las recomendaciones.
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Para Roig, la resolución firmada en el último encuentro fue una suerte de ultimátum dado al gobierno venezolano para dar cumplimiento a las recomendaciones, aunque el historial del chavismo no parece ofrecer las mejores previsiones. «Una cosa es que lo acepten en el seno de la OIT y otra cumplir con lo establecido», recalcó.
Con un chavismo poco dispuesto a ceder en sus políticas de represión, y mucho menos a reducir su posición de poder sobre las organizaciones de empleadores y sindicatos, al escucharlos en un diálogo tripartito es previsible una respuesta negativa.
De hecho, el Gobierno ya ha adelantado sus nulas intenciones de dar cumplimiento a todas las recomendaciones, pues ha argumentado que algunas de ellas son ilegales y que no pueden aplicarlas porque atentarían contra las leyes venezolanas. Los expertos de la OIT esperan revisar los alegatos del Estado venezolano, pero parece ser más bien una estrategia dilatoria del chavismo.
En este sentido, no se puede descartar que el artículo 33 de la OIT se aplique en los próximos meses y, aunque la norma sea poco clara, el único antecedente existente —la aplicación a Myanmar— arroja ideas sobre el posible accionar de la OIT.
«Si no cumple, la única medida que queda es aplicar el artículo 33 de la Constitución de la OIT. Se contemplará la eliminación de ayuda técnica y colaboración con Venezuela, además de enviar un informe a la ONU. Es una sanción bastante compleja que, esperamos, no tenga que aplicarse», detalló Roig.
¿Qué esperar de la OIT en marzo?
De cara a la próxima reunión del Consejo de Administración de la OIT, que se celebrará en marzo, el chavismo tendrá la necesidad de mostrar un compromiso con la ampliación de derechos sindicales e incrementar sus iniciativas de diálogo social para ponerse en orden con la organización.
El Comité de Administración celebró que el Gobierno diese pasos certeros en la construcción de un diálogo social con empleadores, después de que la representación chavista promocionara reuniones ocasionales entre gremios y voceros oficialistas como pasos acertados para el diálogo.
Concretamente, se apoyaron en la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea Anual de Fedecámaras como un ejemplo del acercamiento entre el Gobierno y la empresa privada. Sin embargo, los requisitos para establecer un verdadero diálogo social son mucho más complejos y no se muestran intenciones de verdaderamente discutir asuntos como el incremento salarial de forma tripartita.
La presencia de Rodríguez en la Asamblea Anual de Fedecámaras fue fustigada por la opinión pública venezolana, mientras que el gremio empresarial argumentaba la necesidad de un diálogo con el Gobierno
Para velar por el desarrollo adecuado de este acercamiento, el Consejo de Administración pidió a Venezuela avanzar de estas reuniones a la instalación de un foro de diálogo social, en esta ocasión, con la asistencia y presencia de delegados de la OIT.
Ante este panorama, Roig ve con buenos ojos la presencia de representantes de la OIT para verificar que los encuentros tengan características palpables de diálogo, ya que se podrá construir una agenda de trabajo para avanzar en asuntos de importancia.
«A la OIT no le queda otro remedio que enviar un delegado especial que esté presente en esos foros de diálogo social. Eso va a dar un elemento de arbitraje importante porque en Fedecámaras se considera que todas las reuniones que ha habido no forman parte de un diálogo social porque no tienen minuta ni seguimiento, mientras que el Gobierno presenta esas pocas reuniones como parte de un diálogo social. Lo importante es que esté la OIT para fungir como árbitro para determinar si esas reuniones cumplen con lo establecido para ser un verdadero diálogo social», resaltó.
Hasta ahora no ha habido anuncio alguno que dé indicios de un avance. El Gobierno no ha convocado ninguna reunión con empleadores ni sindicalistas y el reloj sigue corriendo. En menos de 60 días llegará marzo y será momento de presentar resultados ante el Consejo de Administración. El chavismo, presionado, deberá asumir alguna postura.
«Vamos a ver cómo aborda el gobierno las exigencias que se acaban de ratificar. Lo pertinente es que haya un verdadero propósito de enmienda y no tretas dilatorias para seguir en lo mismo», apunta Arismendi.
El abogado experto en derecho laboral añade que, aunque no lo parezca a simple vista, la presión del OIT tiene un peso significativo, pero subraya que son los movimientos sindicales los que tienen que reclamar sus derechos en el país.
«La presión institucional de la OIT se mantiene incólume aun cuando no se la perciba así. Ahora bien, sigue siendo tarea de los actores nacionales, —organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores— continuar exigiendo el cabal cumplimiento de dichas recomendaciones y ejercer la presión a que hubiere lugar para lograrlo», resaltó.
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Las exigencias que menciona Arismendi por parte del sector sindical han sido un común denominador durante la gestión del chavismo. Aunque pueda parecer que la lucha sindical solo ha tenido presencia en los últimos cinco años, desde que inició la crisis económica, la lucha contra un gobierno que dice apoyar a la clase trabajadora se remonta prácticamente al inicio de la presidencia de Hugo Chávez, pero evidentemente se ha pronunciado con Maduro.
El «presidente antiobreros»
Pocos apodos son más contradictorios que «presidente obrero» para describir a Nicolás Maduro, un mandatario que ha demostrado estar de espaldas al sector laboral del que presume haber formado parte antes de escalar en el mundo de la política y ser escogido por el fallecido Hugo Chávez como su sucesor en la presidencia de Venezuela.
Durante su gestión, los derechos laborales que el chavismo asegura haber conquistado durante la primera década del nuevo milenio fueron destruidos, y cualquier reclamo al respecto es silenciado con represión y cárcel.
Incluso desde la gestión de Hugo Chávez, a quien el oficialismo considera como reivindicador de los derechos sociales, ya se construía un peligroso tejido que atentaba en contra de las organizaciones de empleadores y trabajadores, como la creación de organismos empresariales y sindicales paralelos, con los cuales era más complaciente. Las consecuencias de estas prácticas se escondían detrás de una estabilidad económica sustentada por la renta petrolera.
Cuando el petróleo dejó de sostener las políticas públicas del chavismo y la crisis económica hizo aparición, el peso cayó directamente sobre los hombros de los trabajadores. La destrucción de los salarios y la hiperinflación trajeron como resultado una progresiva de la capacidad adquisitiva del venezolano.
Como resultado, el venezolano ha presenciado cómo el salario disminuyó de 285 dólares mensuales a la irrisoria cantidad de 1,5 dólares en apenas una década, lo que coloca a los asalariados directamente en una situación de pobreza extrema, que se considera cuando los trabajadores ganan menos de 1,90 dólares diarios, según las consideraciones del Banco Mundial.
La contracción salarial y el desamparo del Gobierno obligaron a la empresa privada a asumir las riendas del mercado laboral y determinar nuevas escalas salariales en el contexto de una economía dolarizada. Las figuras de «bonos» hicieron aparición para justificar pagos extraordinarios en dólares, que no se toman en cuenta para los beneficios de los trabajadores.
Promedio de salarios en el país para enero de 2021, dividido por sectores, según las estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Aunque la empresa privada pague sueldos más altos, se otorgan a través de bonos.
Debido a la crisis, la contratación de pólizas de seguro también cesó, así como cualquier otro beneficio o bono alternativo contemplado en los contratos colectivos acordados entre empleados y empleadores años atrás. Mientras esto ocurre, el Gobierno, silente, se lava las manos con promesas, pero sin acciones.
Lo que esperan los sindicalistas
Diversas organizaciones sindicales tienen una voz antagónica al Gobierno, con exigencias concretas para mejorar las condiciones laborales, recuperar los salarios y liberar a los presos políticos.
De acuerdo con Arismendi, las condiciones mínimas con las que estaría de acuerdo el movimiento sindical son precisamente las que exige la Comisión de Encuesta en sus recomendaciones, que se encapsulan en tres grandes hitos: la libertad sindical, nuevos métodos para la fijación de los salarios mínimos y el establecimiento de la consulta tripartita.
“Creo que las recomendaciones son eso, condiciones mínimas. Libertad para Rodney Álvarez y supresión de las medidas judiciales que pesan sobre otros dirigentes sindicales, elecciones sindicales libres, sin intervención del Estado; convocatoria a una mesa tripartita con apoyo técnico de la OIT, incluida la presencia permanente de un funcionario de dicha organización en nuestro país de modo que se viabilice el cumplimiento cabal de todas las recomendaciones”, señaló.
Desde otros frentes hay propuestas variopintas. Una de las más resaltantes es la que hace la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) sobre la implementación de una ley de emergencia laboral, que permita otorgar un salario especial de entre 50 y 100 euros para ayudar a los asalariados a sobrellevar la crisis temporalmente, mientras se trabaja en reparaciones profundas en la economía venezolana y se reenfoca el marco jurídico en materia laboral.
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Esta legislación abogaría por el cese de la bonificación del salario y para que se sustituyan los bonos por una retribución real, que permita a los trabajadores tener prestaciones sociales coherentes y otros derechos menoscabados durante la última década.
Tanto ASI como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) pretendían llevar sus propuestas a la mesa de negociación instalada por la oposición y el chavismo en México para aportar a la Mesa de Atención Social, una instancia que buscaba generar ideas para mejorar la situación de los sectores más necesitados del país.
No obstante, la mesa de diálogo fue suspendida por caprichos políticos y Maduro ha condicionado su regreso a las negociaciones a lo que ocurra con el empresario colombiano Alex Saab en Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado a la espera de que concluya su juicio por lavado de dinero y otros delitos relacionados con el chavismo.
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Con la mesa de diálogo cerrada temporalmente y un nulo accionar para cumplir con las exigencias de la OIT, el sector sindical y las organizaciones de empleadores esperarán el próximo movimiento del chavismo y las posibles repercusiones que deba sufrir en marzo, cuando tenga que rendir cuentas ante el Consejo de Administración de la OIT.
