El presidente de la Junta Nacional Electoral (JNE) Jorge Rodríguez ha «solicitado» a los canales de televisión no transmitir el documental «¿Cuál revolución?», realizado por los cineastas Carlos Oteyza y Oscar Lucién y patrocinado por la Asociación Civil Ciudadanía Activa. Del texto de la «solicitud» no se desprende claramente si se trata de una orden a los canales o de un mero «exhorto» similar al que tan inútilmente hiciera el mismo rector al Presidente para que no continúe violando la normativa del CNE sobre publicidad y propaganda electoral. Pero, en cualquier caso, estaríamos ante una evidente extralimitación de funciones por parte del rector Rodríguez y/o del organismo que preside. Prohibición tajante o mero exhorto, lo cierto es que Jorge Rodríguez y/o la JNE han asumido una condición de censores de opinión, claramente violatoria de las disposiciones constitucionales sobre la materia, que prohíben la censura y garantizan la libertad de opinión y expresión de ella. Lo menos que se les puede pedir es que rectifiquen su insólita «solicitud».
El CNE ha establecido una normativa sobre publicidad y propaganda electoral que lo faculta para impedir que las piezas publicitarias (cuñas de televisión y radio o avisos de prensa) violenten los fueros del respeto mutuo, de modo de contribuir a que la campaña no encone más aún el ambiente político, de suyo ya muy caldeado, ni derive hacia la guerra sucia. Eso está bien y ha sido aceptado por las partes y, por lo demás, corresponde a una función que desde siempre se ha atribuido al organismo comicial. Del mismo modo que está bien que el CNE procure el equilibrio informativo por parte de los medios, cosa que en las peculiares condiciones de polarización radicalizada que se vive en el país puede ayudar a que las cosas no se pongan peor de lo que ya están. Pero hasta aquí. El CNE no puede censurar los contenidos de la opinión política. «Solicitar» que no se transmita el documental equivale a que el CNE se arrogue la facultad de censurar el contenido de los artículos de opinión en la prensa escrita o el contenido de las opiniones políticas vertidas en los programas de radio y televisión o el contenido de los libros sobre la actual situación política.
Además, en este caso, ni siquiera se trata de un documental directamente electoral. El proceso de su realización es muy anterior a la campaña electoral. No se apela en él al voto en ningún sentido, de manera que señalarlo como incurso en la violación de la normativa del CNE es un error que pareciera más bien producto de la falta de información. «¿Cuál revolución?» es una obra con una posición política de oposición, ciertamente, que enjuicia los cinco años de gobierno de Hugo Chávez y de eso, precisamente, es de lo que se trata en el RR. Enjuiciar la obra oficial para decidir si se revoca o no al Presidente. Es una contribución al debate político. Adicionalmente, más allá de la valoración que pueda merecerle a los espectadores, nadie podrá negar la probidad intelectual de sus realizadores, Carlos Oteyza y Oscar Lucién, que se manifiesta en el equilibrado tratamiento del tema, más allá de toda intención panfletaria. Finalmente, al escritor Jorge Rodríguez menos que a nadie le sale el rol de censor.
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