ONG Civicus y Alianza Regional exigen a Venezuela acceso a información de detenidos
Organizaciones no gubernamentales exigen el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y represión contra personas manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de derechos humanos, así como la liberación de los detenidos
Por medio de un comunicado conjunto, las ONG Civicus y Alianza Regional urgieron a las autoridades que dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y que se garantice que todos los apresados en el contexto poselectoral tengan derecho a un juicio justo; lo que conlleva acceso a sus familiares, a la defensa privada y la información sobre la situación legal, física, psicológica y emocional de los detenidos.
«Es fundamental que los familiares conozcan los procedimientos que están siendo ejecutados para la designación de representación legal de confianza, y para que se les dé acceso efectivo y completo a los expedientes judiciales», insiste el comunicado y agrega que también es imperante conocer la ubicación de los presos, conocer los centros de reclusión y notificar oportunamente los traslados. «Esto es vital para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos», enfatizan las organizaciones.
Igualmente, añaden que debe ser accesible la información sobre la calidad y regularidad de las comidas, el estado de las celdas y la disponibildiad de camas, colchones y almohadas adecuadas, así como la higiene personal y el acceso a instalaciones sanitarias.
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Otras de las exigencias que la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y Civicus hacen al Estado venezolano es el acceso a tratamientos médicos de manera transparente, con médicos de confianza, especialmente para quienes tienen problemas de salud o mental preexistentes. «También es crucial tener procesos claros, conocidos y efectivos para prevenir, denunciar y sancionar la tortura y el maltrato, así como llevar un registro de los casos reportados bajo custodia estatal», recuerdan.
Estas organizaciones instan a las autoridades a poner a disposiicon de las familias y defensa de confianza información sobre la cantidad de personas privadas de libertad por grupos etarios, origen nacional, etnia, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad y cualquier otra condición relevante que pudiera afectar la garantía de derechos para permitir la rendición de cuentas sobre la cantidad exacta de detenidos, sus características diferenciadas «a fin de visibilizar las posibles brechas o discriminaciones que podrían agravar su situación».
«Las redes de organizaciones exigen el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y represión contra personas manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de derechos humanos. También exhortan a consolidar efectivas garantías al espacio cívico, lo que incluye el acceso a la información en tanto un derecho en sí mismo y como medio para consolidar otras garantías, como el derecho a un juicio justo y al debido proceso», añade el comunicado.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, tras las protestas electorales hubo más de dos mil detenidos aunque las organizaciones defensoras de presos políticos pudieron confirmar cerca de 1.900, siendo el número más alto de apresados en lo que va de siglo XXI.
La ONG Alianza Regional por Libre Expresión e Información es una red creada en 2006, integrada por 17 organizaciones no gubernamentales referentes de 15 países de las Américas, que comparten la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son esenciales para garantizar la calidad de la democracia y un ambiente habilitante del goce de otros derechos.
Civicus es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fue creada en 1993 y tiene más de 17000 miembros en alrededor de 175 países.
