ONG contabiliza 1.654 ataques a defensores de DDHH entre 2017 y 2021
En el transcurso de 2021 se ha recrudecido la política gubernamental en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos, con unos 743 ataques registrados por el Centro para los Defensores y la Justicia. Entre las ONG más atacadas figuran Foro Penal, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Espacio Público, Control Ciudadano, Transparencia Venezuela, FundaRedes, Acceso a la Justicia y Un Mundo sin Mordaza
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), ONG dedicada a la protección de los derechos humanos, registró un total de 1.654 «ataques e incidentes de seguridad» en contra de organizaciones y personas que exigían o promovían los derechos humanos.
Este dato se incluyó en un informe publicado por la ONG titulado ‘Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela’, que evidencia un incremento en la intensidad y frecuencia de los ataques en los últimos tres años, siendo 2021 el que más situaciones de este tipo presentó.
De acuerdo con el conteo de CDJ, tan solo en 2021 se presentaron 743 ataques, lo que representa un 45% del total de casos.
«El año 2021 se caracterizó por el incremento de hechos de violencia en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos, con el aumento del uso del derecho penal para criminalizar y perseguir», detalla la publicación.
Un factor que incrementó los ataques durante 2021 fue la introducción de la Providencia Administrativa ONCDOFT-002-2021, documento que obliga a las ONG a registrarse en un sistema vigilada por el Gobierno a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo.
El informe también dividió los ataques según sus características. La modalidad más común fue la de estigmatización, con 1.112 situaciones de este tipo. Le siguieron actos de intimidación y hostigamiento (301), amenazas (101), detenciones arbitrarias (37), ataques digitales (35), judicialización (22), allanamientos (18) y el restante (28) englobado en la categoría de «otros».
Además, el documento detalla cuáles son los actores más afectados por esta política contra la defensa y promoción de los derechos humanos. Figuran como organismos atacados:
- Foro penal
Organización enfocada en la defensa de los presos políticos, víctimas de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. «Los ataques, amenazas y hostigamiento, en su contra han sido sostenidos en el tiempo, y suelen estar acompañados de expresiones de descrédito de la información y la denuncia que presentan», amplía el informe.
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Esta ONG hace seguimiento a las protestas que se efectúan en el país. «Ha sido objeto de una campaña sistemática de estigmatización con cuestionamientos sobre su trabajo y acusaciones sobre la veracidad de sus informes, también han recibido ataques digitales, amenazas e intimidación», denuncia CDJ.
- Espacio Público
Esta organización defiende el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa. «Han sido víctimas de constante estigmatización y los señalamientos en su contra aumentan en épocas de protestas, cuando denuncian agresiones a periodistas, vulneraciones a la libertad de expresión», explican.
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- Control Ciudadano
Se enfoca en ofrecer información a la población sobre el área militar y la seguridad nacional, debido a la poca transparencia que ofrece el Gobierno. «Es constantemente acusada de recibir financiamiento de partidos políticos para generar acciones e informes a favor de la oposición política», señala.
- Transparencia Venezuela
Se enfoca en labores de difusión informativa en torno a hechos de corrupción y opacidad en el seno del Gobierno. «Por la participación de la organización en espacios internacionales y la publicación de informes que
denuncian la corrupción en Venezuela, está organización ha sido objeto de ataques digitales y represalias por cooperar con organismos internacionales», indica.
- FundaRedes
Se especializa en el seguimiento al acontecer de la frontera venezolana y la participación de los grupos armados irregulares en la zona. «Han enfrentado estigmatización, amenazas, allanamientos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de integrantes y colaboradores de la organización», destaca el documento.
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- Acceso a la Justicia
Realizan un trabajo de análisis jurídico y explicación de las leyes a la población, denunciando las violaciones al marco legal cometidas por las instituciones venezolanas. «Los hechos en contra de la organización han consistido en ataques digitales, particularmente, el bloqueo de su página web y la restricción de su cuenta institucional en la red social Twitter, así como también estigmatización a sus directores en medios de
comunicación», denuncia.
- Un Mundo sin Mordaza
Esta ONG defiende el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión. «Ha sido acusada de generar e incentivar acciones de violencia, así como de estar vinculada con hechos de corrupción», acota.
En cuanto a las personas más afectadas, el informe destaca nombres como Marino Alvarao (Provea), Marco Antonio Ponce (OVCS), Alfredo Romero (Foro Penal), Carlos Correa (Espacio Público), Mercedes De Freitas (Transparencia Venezuela), Humberto Prado (Observatorio Venezolano de Prisiones), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Rafael Uzcátegui (Provea), Carlos Nieto Palma (Una Ventana a la Libertad) y Javier Tarazona (FundaRedes).
