ONG piden la liberación de Rocío San Miguel tras seis meses detenida por «conspiración»
La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida el pasado 9 de febrero junto a su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y fue acusada de pertenecer a la operación «Brazalete Blanco». Se encuentra actualmente detenida en la sede del Sebin Helicoide
Un grupo de organizaciones no gubernamentales solicitó este viernes 9 de agosto la liberación de la abogada y experta en temas militares, Rocío San Miguel, luego de seis meses detenida por su presunta participación en la conspiración «Brazalete Blanco», según las autoridades venezolanas.
A través de las redes sociales, oenegés como Provea, FundaRedes, Transparencia Venezuela, la Coalición por los Derechos Humanos y Defiende Venezuela pidieron la liberación de San Miguel y la extinción del caso en su contra.
Provea y FundaRedes insistieron en que su arresto se hizo de forma arbitraria, estuvo desaparecida forzosamente durante varios días y se le ha violado su derecho a la defensa y al debido proceso judicial.
Hoy se cumplen 6 meses de la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
– En 6 meses no ha podido ser asistida por sus abogados de confianza
– En 6 meses se le han violentado sus derechos a la defensa y al debido proceso… pic.twitter.com/o8shw66jPr
— FundaREDES (@FundaREDES_) August 9, 2024
«Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de ‘Terrorismo’ y ‘Traición a la patria’ por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», señaló Provea.
Rocío San Miguel cumple 6 meses de injusta detención en Venezuela, fue víctima de desaparición forzada:
La defensora de DDHH sigue en el centro de torturas, El Helicoide. No ha podido designar a sus abogados #LiberenARocioSanMiguel 🗣️
La defensora fue acusada por el Ministerio… pic.twitter.com/tTtyaiPiBq
— PROVEA (@_Provea) August 9, 2024
La organización Defiende Venezuela recordó, por su parte, que la defensa de los derechos humanos «no es un delito»; mientras que la Coalición destacó que los derechos fundamentales de la abogada «no son respetados. Exigimos justicia, respeto y libertad para Rocío y para todas las presas políticas».
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ya había también advertido que, junto con Rocío San Miguel, se han registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en «conspiraciones» para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años.
Hoy recordamos la injusticia que se comete contra Rocío San Miguel, 6 meses privada de libertad,dónde sus derechos fundamentales no son respetados
Exigimos Justicia, respeto y libertad para Rocío y para todas las presas políticas#LibertadParaTodasLasPresasPoliticas#Venezuela pic.twitter.com/Hmx40VILfd
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) August 9, 2024
Desde Defiende Venezuela exigimos la libertad de Rocío San Miguel, quien lleva 6 meses detenida arbitrariamente por defender los derechos humanos. Recordamos que defender los derechos humanos no es un delito#LibertadParaRocío #DefiendeVenezuela #DerechosHumanos pic.twitter.com/OP971QgEts
— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) August 9, 2024
La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida el pasado 9 de febrero junto a su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y fue acusada de pertenecer a la operación «Brazalete Blanco», como las autoridades denominaron a una supuesta conspiración para atentar contra Maduro, el gobernador Freddy Bernal e instituciones militares del país.
Su caso es llevado por el Tribunal 2 de Control con competencia en Terrorismo y se encuentra actualmente detenida en la sede del Sebin Helicoide.
Cinco de los familiares de San Miguel fueron detenidos, desaparecidos y posteriormente acusados de estar involucrados en dicha «conspiración»: su hija Miranda San Miguel, sus hermanos Miguel y Alberto San Miguel, al igual que Víctor Díaz, padre de Miranda, y su exesposo Alejandro González de Canales.
De este grupo, cuatro fueron liberados bajo régimen de presentación, prohibición de salir del país y tampoco declaraciones sobre el caso. González fue acusado por el mismo tribunal de los presuntos delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Se encuentra detenido en la cárcel de El Rodeo I.
