ONG piden que oficina de la CPI en Caracas «trabaje con todos los actores claves»
Las organizaciones también mostraron sus dudas de que esta oficina de la CPI en Venezuela sea «efectiva» para llevar a cabo su mandato, que todavía no está claro, a cabalidad
17 organizaciones no gubernamentales emitieron un comunicado, este martes 12 de abril, donde puntualizan la necesidad de que la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) que prometió instalarse en Caracas «trabaje con todos los actores clave» involucrados en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Durante el anuncio de la instalación de la oficina, el pasado 30 de marzo, el fiscal Karim Khan indicó que trabajarán con aliados como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que ya tiene un memorando de cooperación y una misión en el terreno.
En particular, instan a la fiscalía de la CPI a aceptar intercambio de información y otras formas de cooperación con la Misión Internacional de Determinación de Hechos, una instancia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela para investigar graves violaciones en el país y los presuntos responsables.
Dicha Misión, a cargo de los investigadores Marta Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, ha emitido dos informes escritos y otros tres orales sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, al menos desde 2014, y la connivencia del sistema judicial en estos. Su próximo informe, que se presentará en septiembre de este año, se basa en las cadenas de mando que autorizaron estas decisiones.
Las ONG también manifestaron su preocupación sobre la visión de la Fiscalía de la CPI de la justicia dentro del país, pues «parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos».
El fiscal de la CPI dijo, en una entrevista reciente con El País de España, que hay que darle a los países una «oportunidad de buena fe» para que avancen hacia un cambio de «la arquitectura legal» que permita cumplir con sus obligaciones dentro del Estatuto de Roma. «Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo», agregó.
En cambio, las ONG recordaron que el poder Judicial -conformado por Tribunal Supremo, Ministerio Público y Fiscalía General- incumple los «estándares mínimos de imparcialidad e independencia» y, además, «ha sido una pieza clave en la
política de represión y afianzamiento de la impunidad».
También ponen en duda que las recientes reformas hechas vía legislativa logren el cometido. «El sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos».
En el escrito, las organizaciones también mostraron sus dudas de que esta oficina de la CPI en Venezuela sea «efectiva» para llevar a cabo su mandato, que todavía no está claro, a cabalidad.
«Hacemos un llamado a que la misma esté dotada del presupuesto necesario para poder tener un impacto real y significativo. Asimismo, esperamos que dicha oficina esté debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno», destacan.
Además solicitan que se aclare el estatus de la investigación sobre Venezuela, ya que en el documento oficial el fiscal Khan expresa que no es una vía “unidireccional”. También piden que publiquen las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron el inicio de una investigación.
«Por último, invocamos a la Fiscalía de la CPI a que, a lo largo de su investigación, adopte un enfoque de género necesario no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes».
