ONG solicitan a la Fiscalía de la CPI que reanude investigación sobre Venezuela
Fernando Fernández, abogado y director del Monitor de Derechos Humanos, considera que la investigación debería ampliarse en el tiempo y también concentrarse en el crimen de asesinato (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada. Hasta ahora, la Fiscalía de la CPI admite los delitos de encarcelamiento y severa privación física de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual agravada, y persecución de un grupo identificable por motivos políticos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp) solicitaron este lunes 12, durante la presentación de un informe, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde 2017.
En una comunicación, con fecha 20 de abril y publicada en la página web de la CPI, el fiscal Karim Khan solicitó a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I —que llevan el caso Venezuela I— continuar con la investigación, con base en el Estatuto de Roma, debido a que «Venezuela no adjunta ningún material de respaldo».
Ese material de respaldo que debía entregar la administración de Nicolás Maduro se refiere al plazo que otorgó la misma Fiscalía en enero de 2022, y que vencía el 16 de abril, para que se respondiera por los avances en investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos y que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
Tras esta solicitud, la Sala de Cuestiones Preliminares solo tiene dos opciones: autorizar o no el seguimiento de la investigación.
En todo caso, le corresponde al fiscal Khan insistir en que se retome el proceso de investigación, explicó Daniella Suárez Orrellana, coordinadora de investigación del OVP durante la presentación del informe «24 testimonios 21 crímenes de lesa humanidad».
La abogada además dijo que las autoridades venezolanas no han realizado investigaciones genuinas, exhaustivas e imparciales sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad y que la cadena de mando no ha sido involucrada en ellas.
«Los procesos penales se han usado contra las propias víctimas y han visto sobre sus causas la presión del sistema judicial (…) Los pocos casos donde se han llevado investigaciones no han sido exhaustivas, ni genuinas o imparciales», destacó.
Humberto Prado, director del Olacp, indicó que un documento confidencial será enviado a la CPI –aunque no precisó fecha–en representación y junto a las víctimas denunciantes, mientras que el informe será presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Parlamento Europeo.
Por su parte Fernando Fernández, abogado y director del Monitor de Derechos Humanos, considera que la investigación debería ampliarse en el tiempo y también concentrarse en el crimen de asesinato (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada. Hasta ahora, la Fiscalía de la CPI admite los delitos de encarcelamiento y severa privación física de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual agravada, y persecución de un grupo identificable por motivos políticos.
«Hay que agregar el tema de la renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Ya Naciones Unidas acaba de designar un Alto Comisionado, y va a cumplir una parte interesante en este asunto, pero el Consejo debería renovar el mandato de esta importante instancia», señaló el abogado.
Dentro del informe también se considera necesario renovar convenio de cooperación con Venezuela, así como la ayuda interinstitucional con instancias de la ONU como la Misión de Determinación, la Oficina del Alto Comisionado y los distintos relatores, además del Panel de Expertos de la OEA y el Meseve.
Otra cuestión que considera Fernández es que este informe se entregue en la oficina de defensa de víctimas de la CPI. «El proceso judicial tiene sus tiempos. Recordemos que este proceso judicial le da derecho al Estado a intervenir, hacer solicitudes y maniobrar. Estamos ante una carrera de largo alcance, lo que hemos llamado como un maratón judicial. Eso nos puede hacer creer que no termine nunca, pero debemos ser persistentes».
Hablan las víctimas a la CPI
Arianna Arellano, hermana de Diego Arellano, un biólogo asesinado en mayo de 2017 en San Antonio de los Altos (estado Miranda), solicitó justicia al igual que otros familiares de víctimas de derechos humanos. Aseveró que los organismos del Estado, y en especial la Guardia Nacional, salieron a «matar por órdenes del régimen, para que las protestas se aquietaran».
Por ello, insistió en la necesidad de que no solo se enjuicien a los responsables, sino además la cadena de mando involucrada en estos hechos. «Todos tienen que pagar por las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela».
Loredana Hernández, hija del general Héctor Hernandez Da Costa, preso desde 2018 y condenado el 4 de agosto de este año a 16 años de prisión por el delito de conspiración, afirmó sentirse «condenada» al igual que el resto de su familia, debido al castigo impuesto por tribunales.
«Mi papá lo único que ha hecho es trabajar por el país. Ha sido una referencia ética y moral dentro de la Fuerza Armada (…) Hoy en día se encuentra confinado en una celda, día a día esperando a que venga la justicia», dijo.
Mencionó además que los venezolanos «no podemos seguir obviando esta realidad. Creo pertinente llamar la atención de todas las personas que puedan hacer algo, no solo en el caso de mi papá sino de todos los presos políticos».
