ONU: El 25% del gasto público mundial «se pierde» en corrupción
Mientras la ONU resalta la necesidad de combatir con la corrupción a nivel mundial y celebra el esfuerzo de muchos países que empiezan a pulir sus marcos legislativos, implementan nuevas tecnologías y dan participación a la sociedad civil, Venezuela acumula escándalos por corrupción
La corrupción es un cáncer que corroe a las sociedades y perjudica a la economía mundial, pues los cálculos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejan ver un impacto enorme por los recursos que se han perdido gracias a actividades corruptas.
Hasta un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se ve comprometido por hechos de corrupción, mientras que un 25% de los 13 billones de dólares que corresponden al gasto público de los gobiernos del mundo también se pierde por este motivo.
En otras palabras, una cuarta parte del dinero que gastan los gobiernos para invertir en la sociedad que tienen bajo su gestión se desvía para beneficiar a particulares en posiciones de poder, según las cifras propiciadas por la presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Lachezara Stoeva.
No se trata únicamente de una situación monetaria, sino que perjudica toda la estructura social y atenta contra la lucha de los gobiernos por cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
«Contribuye a empeorar múltiples facetas colectivas, como favorecer la pérdida de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad, erosionar la confianza y la cohesión social y socava la estabilidad económica y política», alerta el organismo en una nota de prensa.
Según Stoeva, las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción al quedar al margen de las políticas que podrían financiarse con el dinero desviado.
A pesar de la magnitud de los números, la agencia ve con buenos ojos las medidas aplicadas en los últimos años en muchos gobiernos para combatir contra la corrupción, en consonancia con la meta 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, denominado «Paz, Justicia e Instituciones Sólidas».
«El Objetivo 16 es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción», afirmó.
En este sentido, considera que los Estados deben trabajar en reducir los flujos financieros ilícitos, además de combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas. Las medidas de los últimos años han permitido asomar un cambio, de la mano de las nuevas tecnologías y la participación de la sociedad civil.
«Los países han aplicado diversas medidas anticorrupción. Hay más concienciación y mejores marcos legislativos y normativos. Las estrategias nacionales son habituales. Se aprovecha el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los datos. Los ciudadanos y la sociedad civil participan en el seguimiento de los riesgos de corrupción y las respuestas anticorrupción», detalló.
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Incluso regiones con atraso en la lucha contra la corrupción empiezan a presentar avances. Este es el caso de América Latina, que empezó a inaugurar centros regionales contra la corrupción.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, recordó que su agencia está creando una red de centros regionales de lucha contra la corrupción que ayudan a mejorar las necesidades sobre el terreno y promueven la cooperación interregional y Sur-Sur.
Waly especificó que el primer centro se inauguró en México el año pasado y que pronto se abrirán otros dos en Kenia y Colombia, junto a otros proyectos en marcha.
¿Qué pasa con Venezuela?
Mientras la ONU resalta la necesidad de combatir con la corrupción a nivel mundial y celebra el esfuerzo de muchos países que empiezan a pulir sus marcos legislativos, implementan nuevas tecnologías y dan participación a la sociedad civil, Venezuela acumula escándalos por corrupción.
La mayoría de los casos de corrupción en Venezuela pasan por debajo de la mesa y se sabe sobre muchos de ellos por investigaciones que efectúan otros países. De acuerdo con la data de Transparencia Venezuela, hay más de 140 procesos judiciales relacionados con la administración ilícita de los recursos de Venezuela en 21 años de gestión chavista.
Estas investigaciones internacionales involucran unos 68.311 millones de dólares, una cifra pequeña considerando los otros actos de corrupción desde Venezuela que no se han investigado y no tienen trascendencia internacional.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP) venezolano, tan solo se han investigado 31 tramas de corrupción en el país, un 18,5% de los 167 casos que señala la base de datos del Corruptómetro de Transparencia Venezuela.
La última trama de corrupción destapada en el país involucró —una vez más— a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Maduro ordenó a la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC) investigar a una serie de funcionarios del Estado y a empresarios, lo que conllevó a una ola de arrestos y a una «purga» en el seno del chavismo.
Maduro denominó a este procedimiento «Operación Caiga Quien Caiga» y se comprometió a combatir contra la corrupción hasta las últimas consecuencia. Sin embargo, sus palabras pierden peso al considerar que no es la primera vez que ejecuta una «purga» y toma acciones contra la corrupción, para que luego se geste una nueva trama bajo sus narices.
Como parte de esta «lucha» en contra de la corrupción, la Asamblea Nacional electa en 2020 y controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó la Ley de Extinción de Dominio, un instrumento legal que permite confiscar bienes a individuos implicados en actividades de corrupción o narcotráfico y disponer de ellos.
No obstante, esta ley presenta diversas interrogantes y parece beneficiar únicamente a la cúpula de Gobierno, pues es el alto Gobierno quien dispone de los bienes confiscados. El primer uso que le dio el Ejecutivo fue para otorgar 500 vehículos incautados y designarlos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
