ONU pide a Colombia no usar leyes antiterroristas para procesar a manifestantes de 2021
Un grupo de expertos de la ONU, encabezados por Clément N. Voule, relator especial sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación, pidió a la justicia de Colombia garantías para las 228 personas acusadas de delitos graves por participar en protestas en 2021
La acusación de delitos graves que pende sobre 228 personas que participaron en las protestas de 2021, entre ellos terrorismo y conspiración para delinquir, podían acarrear penas de 22 años de prisión para algunas personas.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos solicitó este miércoles 29 de marzo a Colombia que no use de forma indebida las medidas antiterroristas y los delitos graves, como el de terrorismo, para procesar a las personas que participan en las protestas contra las políticas del Gobierno.
Los especialistas pidieron a las autoridades colombianas que garanticen que los cargos presentados se ajusten al derecho internacional y a las normas de derechos humanos.
El grupo de expertos está integrado por Clément N. Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación; Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Irene Khan, relatora especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión; y Miriam Estrada-Castillo (presidenta relatora), Mumba Malila (vicepresidente); Ganna Yudkiviska, Priya Golapan, Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria
«Utilizar cargos tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para la legitimidad de los marcos y leyes internacionales contra el terrorismo», y añadieron que “tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país».
Según la información recibida por los expertos, 228 personas que participaron en las protestas de 2021 fueron acusadas de cometer delitos graves, entre ellos terrorismo y conspiración para delinquir, por los que algunas personas se enfrentan a más de 22 años de prisión.
Pese a que la legislación permite la puesta en libertad de las personas detenidas durante las protestas mientras esperan su juicio, más de 180 manifestantes permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario. Entre los detenidos hay manifestantes pacíficos y jóvenes que presuntamente dañaron bienes públicos y privados y participaron en actos violentos y destructivos.
Proporcionalidad y no discriminación
Los especialistas condenaron «enérgicamente» cualquier tipo de violencia cometida en el contexto de las protestas. «Aunque reconocemos la responsabilidad del Estado de responder a la violencia, entre otras cosas investigando, previniendo y disuadiendo tales actos, las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos», recordaron.
Los expertos expresaron su preocupación por las informaciones relativas a la «estigmatización y el acoso judicial» a defensores de los derechos humanos, reporteros y abogados defensores procesados en el contexto de estos procedimientos.
Al mismo tiempo, subrayaron que las decisiones «de procesar, mantener en prisión preventiva, condenar o conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a manifestantes deben cumplir los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos».
«Las penas de prisión por actividades de protesta no violentas y por el ejercicio de derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, son siempre desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos», afirmaron los expertos.
